El último "golpe" del Gobierno a los planes de pensiones individuales llega a Bruselas

La polémica respecto a las intenciones del Gobierno de fomentar los planes de empresa en detrimento de los planes de pensiones individuales, continúa. En el documento enviado a Bruselas dentro del Plan de Recuperación, el Ejecutivo subraya su intención de "reformar e impulsar los sistemas complementarios de pensiones con la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo – minoritarios en nuestro país– y contemple la promoción pública de fondos de pensiones de este tipo a través de la creación de un superfondo". El problema radica en que esto ocurre después de que la reforma fiscal contemplase un 'palo' oculto a los planes de pensiones individuales, por lo que muchos interpretan esto como una nueva "ofensa", mientras movimientos de pensionistas y sindicatos tildan la reforma de "privatización encubierta del sistema público de pensiones".

En la actualidad tan solo 1,9 millones de trabajadores cuentan con planes de empresa frente a los de 7,5 millones con pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA), según datos de Ia Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión. La intención del Gobierno es elevar los partícipes de los planes de empleo a 13 millones al final de esta década. Como primer paso para ese objetivo, este año redujo la aportación máxima deducible de los planes individuales en los Presupuestos Generales del Estado, desde los 8.000 euros anuales a solo 2.000, mientras que el tope de aportaciones a planes de empresa aumentó de 8.000 a 10.000 euros. Un movimiento que no gustó nada a las patronales como Unespa (@UNESPA) e Inverco (@INVERCOinfo) que la consideraron “discriminatoria" para la mayoría de los españoles que no cuentan con planes de empresa.

El Gobierno asegura que beneficiará a trabajadores jóvenes y autónomos

El Gobierno justifica su actuación en el documento enviado a Bruselas en que "actualmente el 10% de la población con más renta se beneficia de dos terceras partes de las reducciones fiscales por aportaciones a los planes, lo que muestra un sistema de beneficios injusto y concentrado en las rentas más altas. La reforma pretende cubrir a toda la población trabajadora, incluyendo singularmente el trabajo autónomo y al grupo de menores de 35 años. De especial interés son las personas de ingresos inferiores al salario mediano, unos 19.000 Euros en 2020, que debido a su menor nivel de cotización tendrán un riesgo superior a la exclusión social en la jubilación", asegura el texto.

Según explica el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (@socialfedea), Ángel de la Fuente, "el Gobierno quiere premiar los planes de pensiones de empresa sobre los individuales, no sé muy bien por qué aparte de por el tema de las comisiones. Ahora mismo, para los autónomos y las pymes montar planes de empresa resulta complicado o incluso imposible, lo que les deja sólo los planes individuales. Entiendo que la idea del Gobierno es promover la creación de planes “de empresa” a los que estos colectivos tengan acceso fácil. Si es así y si efectivamente las comisiones son más bajas, los clientes saldrán ganando. En cuanto a la fiscalidad, las menores deducciones reducirán las aportaciones a los planes individuales, pero si los beneficios se trasladan a los planes de empresa, podrían recuperarse por ahí". 

El componente "ideológico" de la reforma

Sin embargo, en opinión de Emilio J. González, Profesor de Economía de Comillas-Icade (@UCOMILLAS) el Ejecutivo comete un gran error al fomentar solo los planes de empleo y desincentivar los individuales. "Yo entiendo que se pongan límites, pero lo que no puedes hacer es poner trabas al ahorro individual que tienen muchos españoles. No parece una medida muy lógica, sino más bien de naturaleza ideológica", asegura mientras se pregunta cómo se gestionará y financiará exactamente el nuevo superfondo. "Existe un riesgo de que quiebren si se financian con deuda pública, como ya pasó con los fondos de eficiencia durante el franquismo", recuerda.

José Antonio Herce (@_Herce), socio fundador de LoRIS y miembro del Foro de Expertos del Instituto Santalucía (@santalucia_inst) se muestra algo más optimista, pero comparte que existe cierta "discriminación ideológica" en esta nueva reforma. "Ya era hora de que el Gobierno se centrase en el segundo pilar de las pensiones, que contempla los sistemas complementarios, pero deberían fomentarse todos por igual en vez de dar 'palos'", considera. Herce destaca que hay una excepción positiva "tenemos una gran oportunidad para que los autónomos, que no suelen tener opción a planes de empleo, lo tengan", y no tema por la financiación del superfondo ya que considera que los activos se gestionaran de manera externa y competitiva por agentes privados expertos.

Sindicatos y movimientos de pensionistas, en contra

Desde UGT Pensionistas (@UJP_UGT) consideran que esta medida "es abrir la mano a la entrada definitiva del lobby privatizador, puede ser el principio del fin del sistema público. Por otro lado corremos el riesgo de convertir España en la nueva Chile, que después de la apuesta por los sistemas privados y ante el fracaso de estos, basados en la rentabilidad especulativa, muy negativa en los últimos años, se están planteando en volver al sistema público", advierten.

"Hay muchos mitos que se repiten y que no son reales sobre que el sistema público de pensiones no es sostenible. Esto no es más que una estrategia para justificar una privatización parcial y la introducción de sistemas complementarios de planes de pensiones individuales y de empleo. Hay que luchar para que esto no se produzca, y no se reduzca el poder adquisitivo de las pensiones. Esto no se puede permitir y hay que blindar el derecho a una pensión para todos, para los pensionistas actuales y futuros", señalan desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (@merp_org​).