Unai Sordo (CCOO) descarta llegar a un acuerdo en pensiones antes de fin de año

Los agentes sociales piden a Escrivá que demuestre que contar 30 años no baja la pensión

El Gobierno plantea que el periodo de cálculo de la pensión suba 5 meses por año de 2027 a 2038

El empeño de Escrivá en subir a 30 años el cálculo de la pensión empantana el diálogo social

Cuando falta tan solo una semana para que finalice el plazo prometido por España a Bruselas para aprobar la segunda fase de la reforma de pensiones, los agentes sociales descartan que puedan llegar a un acuerdo con el Gobierno en ese corto periodo de tiempo. El último en avisarlo ha sido el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien este jueves ha advertido de que la negociación va "muy lenta" y cree que "en ningún caso" acabará antes de que finalice este año. A finales del mes de noviembre, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya anunció que veía "complicado" llegar a un acuerdo sobre la reforma del sistema de pensiones antes de finales de 2022 para cumplir así con el compromiso del Ejecutivo con Bruselas.

A juicio de Unai Sordo, "a esta negociación le quedan bastantes capítulos", y denuncia que la propuesta del Gobierno de ampliar el periodo de cálculo a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, está "distorsionando" esta negociación.

Frente a planteamientos oficiales como este, Sordo apuesta por adoptar medidas "muy ambiciosas" para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social, entre ellas, el destope de las bases máximas de cotización o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050.

Ampliar el periodo de cálculo empantana la reforma

Tal como acaba de reconocer Unai Sordo, el empeño del Gobierno en ampliar el periodo de cálculo de la pensión hasta los últimos 30 años cotizados, eligiendo 28, sigue siendo un gran obstáculo para avanzar en el acuerdo en esta segunda fase de la reforma de las pensiones.

Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a sancionar antes del 31 de diciembre dos grandes medidas: el aumento de los años que se utilizan para determinar la cuantía de la pensión, y el destope de bases y pensión máxima. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que dicha extensión (ahora se cuentan los últimos 25 años de vida laboral) tendrá un efecto fiscal neutro sobre el sistema, pero los miembros de la Mesa de Diálogo Social, esto es, los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE-CEPYME, repiten que no firmarán nada que no venga respaldado por el Pacto de Toledo y pueda ser refrendado en el Congreso de los Diputados.

Los agentes sociales exigen, además, que el ministerio les demuestre con cifras que aumentar el periodo de cómputo no significará un recorte de la pensión futura: "Pese a nuestra reiterada insistencia, carecemos todavía de una memoria económica y de impacto de las dos medidas principales que plantea el Gobierno, y que son las que han prometido a Bruselas", lamentan.

Escrivá quiere aprobarlo por decreto

A principios del mes de diciembre, el ministro Escrivá se mostraba convencido de que habría acuerdo sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones, donde se incluiría el plan de aumentar desde 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, más el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima.

"Habrá acuerdo", dijo, asegurando que se aprobaría por Real Decreto Ley, tal como se hizo anteriormente con la reforma laboral o el sistema de cotización de los autónomos. 

"Pido tranquilidad, sigamos negociando. Estamos en la mesa de negociación y ya verá como hay acuerdo", reclamaba el ministro en una entrevista en el Canal 24 Horas, donde desveló que CEOE no estaba haciendo "ninguna propuesta", mientras que aseguraba que los sindicatos UGT y CCOO sí están planteando sus iniciativas en las materias que hay sobre la mesa de diálogo social.

"Hemos pasado por esto muchas veces", recordaba Escrivá, aludiendo a que, en las semanas previas a lograr pactos sociales, los distintos interlocutores suelen airear un desacuerdo que luego, según él, no es tal.

Sordo acusa a CEOE de querer "tirar el SMI a la baja"

El secretario general de CCOO también ha denunciado este jueves que la propuesta de subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.040 euros mensuales, efectuada por las patronales CEOE y Cepyme, pretende abrir una horquilla "hacia abajo", reiterando que la posición de CCOO consiste en elevar el SMI en 2023 a entre 1.082 y 1.100 euros mensuales por 14 pagas, es decir, por encima del 4,6%-8,2% recomendado los expertos del Gobierno.

Tal como argumenta, aunque la inflación media del año rondará el 8%, los precios de los alimentos se han disparado más de un 15%. "Por eso, lo razonable es una subida vigorosa del SMI". A juicio de Sordo, aunque la inflación debería ser la directriz básica a tener en cuenta en las subidas salariales del conjunto de la economía, cuando se trata de salarios mínimos, "que es lo que gana la gente que menos gana y tiene una cesta de la compra muy vulnerable, no se puede bajar de esos términos".

Por qué hay que subir el SMI hasta una horquilla entre 1080 y 1100 euros?
En este hilo van unas cuantas razones.
La primera porque muchas empresas han sido capaces de aumentar sus precios más allá del incremento de los costes energéticos.

Quién afirma esto? Dónde lo afirmó?
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— Unai Sordo (@UnaiSordo) December 22, 2022

El dirigente de CCOO ve "bastante complicado" recomponer el diálogo social con CEOE, al considerar que la "lectura" que están haciendo las organizaciones empresariales es la de que la crisis de precios debe descansar sobre los recursos públicos y los trabajadores, no sobre las empresas. "Por eso no están por la labor de acordar ni en el diálogo social ni en la negociación colectiva", denuncia.