Unai Sordo (CCOO): "Hay intereses altísimos para que el sistema público de pensiones proteja menos"

Entrevista a Unai Sordo (CCOO):"Escrivá dijo lo que pensaba sobre los baby boomer"

Pese a haberse alcanzado un primer pacto sobre la futura reforma de las pensiones, son todavía muchos los temas pendientes. Unai Sordo (@UnaiSordo), como secretario general de Comisiones Obreras (@CCOO) y parte de la negociación del primer bloque

desvela en esta segunda parte de la entrevista con Fernando Ónega su postura sobre algunos de los temas más espinosos que quedan por resolver: la cotización de los autónomos, el destope de las pensiones y el polémico superfondo​ de pensiones de empleo que planea el ministro José Luis Escrivá y que estará gestionado por el Estado. Tampoco oculta su opinión sobre otros tema relevantes de la actualidad como los fondos europeos, la reforma laboral en ciernes, la subida del salario interprofesional o la supuesta "afinidad" con la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, cuya sangre, además de ser gallega, es también "sindicalista".

FERNANDO ÓNEGA.–​ ¿Qué otros asuntos quedan pendientes en la reforma de las pensiones: Cotización de los trabajadores autónomos. ¿Cuál es la posición de Comisiones Obreras?

UNAI SORDO.– Tenemos que ir a un sistema en el que la determinación de las bases de cotización de las los trabajadores autónomos tengan que ver con los ingresos reales que perciben. Hasta ahora eligen sus bases de cotización. Muchísimas veces, esto perjudica a los autónomos de menos ingresos y es una posibilidad de que algunas personas autónomas que les va mejor, e incluso son propietarios de pequeñas empresas, puedan cotizar muy por debajo de los recursos que efectivamente perciben. Este es un sistema que no es ni muy justo ni muy equitativo, que al final determina un sistema de pensiones para autónomos muy bajas. Yo creo que aquí hay que ir a un método en el que se puedan garantizar que esas cotizaciones correspondan con los ingresos reales. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es tan fácil determinar los ingresos reales de una nómina, como de una persona autónoma. Aquí tiene que haber un trabajo compartido entre la Seguridad Social y la Hacienda Pública para garantizar que efectivamente se produzca esa correlación y creo que beneficiaría al conjunto del régimen de autónomos (RETA) y a los autónomos que peor lo pasan porque tienen menos ingresos. Ellos necesitan un sistema de pensiones más justo y más equilibrado.

"Los autónomos con menos ingresos necesitan un sistema de pensiones más justo y más equilibrado"

F. Ó.– Destope de cotización. ¿Tiene auscultada a la patronal? ¿Estaría dispuesta a ceder algo en este sentido?

U. S.–​ En nuestra opinión, el destope de las bases de cotización debería haberse visto ya en la primera parte de la reforma de las pensiones. Era muy coherente con el resto de materias que se han abordado. Por decir las cosas como son, ese destope de cotización impedía el acuerdo con CEOE, que fue quien puso una barrera, y yo no sé si en estos momentos va a querer levantarla. Pero en mi opinión y la de CCOO, hay que cotizar por más de esos 49.000 euros. Esto puede generar además mejores pensiones. Nosotros no nos negamos a abordar esa situación, pero en general los salarios cotizan por más que esa base. Y además esos altos salarios están más ligados a empresas con músculo económico, a grandes empresas donde se concentran esos salario más altos, con lo cual ese incremento del coste salarial lo pueden asumir perfectamente la empresa en el futuro. 

"El destope de cotización impedía el acuerdo con CEOE, que fue quien puso una barrera en la negociación"

F. Ó.–​ Como conclusión, le veo a usted seguro en cuanto al sistema público de pensiones. Lo ve sostenible, aunque con las correcciones que cree que hay que hacer y ha apuntado unas cuantas.... ¿Me equivoco?

U. S.–​ Lo veo seguro en función de las decisiones democráticas que tome este país. Yo lo que quiero decir es que no hay ninguna maldición ni económica ni demográfica que diga que las pensiones son insostenibles. A partir de ahí, hay que decidir democráticamente si se quieren dedicar los recursos necesarios para sostener una prestación de pensiones equivalente a la que hoy en día la generación activa estamos contribuyendo a sufragar. Este es el debate. Por tanto, estoy seguro en la medida en que haya voluntad política de que así sea. Si no hay voluntad política, estaremos en un escenario distinto.

Pero tampoco soy ingenuo, los intereses asociados a que el sistema público de pensiones proteja menos que lo que lo hace actualmente son altísimos. Desde hace prácticamente tres décadas, a primeros de los 90, se empezaron a publicar informes que pronosticaban la insostenibilidad y la quiebra del sistema de pensiones. Ésto no eran informes inocentes, sino que querían que paulatinamente se instalase la idea entre la población española de reducir la tasa de cobertura de esas pensiones – es decir, que en vez de suponer de media un 70-80% del último salario, las bajemos como los países anglosajones a 35-40% del último salario–, porque ahí se abriría un boquete enorme que tendrían que cubrir los sistemas de capitalización privada. Desde una visión de sustitución del sistema público.

Pero no son lo mismo los sistemas complementarios de pensiones, – que se pueden vincular a la negociación colectiva, como existen en grandes empresas o en determinados territorios como País Vasco, de una forma muy generalizada que complementan ese 70% – a un sistema que aspire a sustituir a la pensión pública. Es decir que la pensión pública sea muy inferior y que la persona en función de lo que gana pueda ir teniendo sus propias cuentas de ahorro individual para asegurarse en el futuro de las pensiones. Este es el riesgo. Y es lo que desde el sindicato queremos combatir. 

F. Ó.– El sistema de capitalización que usted dice, yo creo que le han retirado ya tantos incentivos que tiende a desaparecer. Pero se me viene a la cabeza aquella idea que nunca entendí de hacer un fondo de pensiones promovido por el Estado. ¿Eso en qué ha quedado?

U. S.–​ Esa es otra de las cosas que en teoría el Gobierno va a plantear porque lo ha incluido en el componente del Plan de Recuperación que se ha enviado a Bruselas. Pero yo comparto la duda y la incertidumbre que plantea la pregunta, porque yo quiero saber qué tiene el Gobierno en la cabeza. Nosotros no tenemos problema en abordar una negociación, insisto, sobre los planes complementarios de pensiones, que sean planes vinculados a los planes de empleo y a la negociación colectiva. Esto ya lo hacemos en algunas grandes empresas o en convenios sectoriales del País Vasco. De donde yo vengo hay convenios de sector, en los que una parte de las mejoras salariales se van a esos complementos pero sin ir en ningún caso en detrimento de las cotizaciones sociales ni del sistema público de pensiones. Esto se puede hablar, siempre garantizando la viabilidad del sistema, las cotizaciones que van al sistema público... 

Otra cosa sería si lo que se nos planteara fuese un sistema para sustituir al público. Cuentan nocionales, cuentas individuales donde vas a esquemas de ahorro individuales, que como bien planteas, si no tienen un fuerte componente de incentivo fiscal, en general salen muy poco rentables, porque hay otras formas de ahorro más rentables, a veces más arriesgadas, pero eso son decisiones de ahorro que toma cada persona. Ahí nosotros no tenemos nada qué decir. Pero eso es otra cosa. No vamos a entrar en ningún caso, es más seríamos beligerantes, ante cualquier sistema de pensiones privado que aspire a sustituir al sistema públicos. 

"No vamos a entrar en ningún caso, es más seríamos beligerantes, ante cualquier sistema de pensiones privado que aspire a sustituir al sistema público"

F. Ó.–​ Hacemos un repaso a algunos temas de actualidad, y en los que usted es por lo menos voz de autoridad: Fondos Europeos. ¿Cuál es a su juicio y de su sindicato la prioridad del destino de ese dinero?

U. S.–​ Yo creo que la prioridad es muy transversal debiera servir para mejorar los sistemas de producción de bienes y servicios en España. Bajo la perspectiva de la transición digital y de las transición energético-ecológica. Es decir, mejorar las formas de funcionamiento para que las empresas emitan menos CO2, mejorando las formas de trabajo, desarrollando nuevos sectores, y garantizando los empleos. Garantizar que la inversión pública es correspondida con una inversión privada para garantizar esa modernización de los sistemas de producción. Yo creo que hay que hacer una prospección a futuro de qué sectores tienen más recorrido productivo en España, qué debilidades y fortalezas tienen y cómo esos recursos públicos pueden servir para combatir esas debilidades y movilizar inversión privada. Es la primera vez en mucho tiempo que España tiene la posibilidad de hacer políticas sectoriales, industriales, donde tienen una palanca financiera que le tiene que servir para condicionar las inversiones de las empresas, que en general no son españolas. Es una oportunidad de primer orden. 

F. Ó.–​ Otro asunto: la reforma laboral. Garamendi dice que tal como está planteado el proyecto del Gobierno, no va a ser aceptado por Bruselas….

U. S.–​ Pues le habrá dicho Bruselas a Garamendi cosas que no le ha dicho a nadie más… Porque realmente lo que Bruselas está planteando a España y que no tiene que ver directamente con los fondos de recuperación europeos, sino con lo que se llama “recomendaciones del semestre europeo por países”, donde a España se le ha dicho que tiene un problema de temporalidad, de precariedad laboral enorme y tiene que mejorar sus políticas activas de empleo. Y en todo eso que dice Bruselas, nosotros estamos de acuerdo. La cuestión es cómo lo abordamos. La reforma laboral del año 2012,  se dice en su exposición de motivos, que se hace entre otras cosas para reducir la temporalidad, de modificar convenios colectivos, de empresa… ¿Qué nos dicen los datos? Que España sigue antes de la pandemia en el 27% de temporalidad. Campeones de Europa. Luego en ese terreno, la reforma laboral es un rotundo fracaso porque propició más contratos precarios y facilitó más el despido. Y además confundió la flexibilidad interna con la posibilidad de que el empresario haga y deshaga a su antojo. Por tanto en nuestra opinión necesitamos un modelo laboral que mire al siglo XXI. 

"España sigue antes de la pandemia en el 27% de temporalidad. Somos campeones de Europa"

Necesitamos un modelo mucho más eficaz, mucho más democrático, donde se recupere el valor de la negociación colectiva, donde la contratación sea mucho más estable, donde el despido sea el último recurso de las empresas ante un problema de tipo económico, y donde a cambio busquemos sistemas de flexibilidad interna pactada en las empresas. Por ejemplo, para adecuar el tiempo de trabajo o la reducción de jornada que se ha hecho con los ERTE. De manera que cuando hay un problema, en lugar de recurrir al contrato temporal y al despido, se recurra a una adaptación de las jornadas de trabajo. Y ahí el Estado puede contribuir con algún tipo de prestación. Esto es hacia donde deberíamos enfocarnos y esto implica derogar en mi opinión la reforma laboral del año 2012, que hizo reducir los costes salariales y los salarios. Hay que cambiar el sistema de incentivos del sistema laboral. 

F. Ó.–​ Estaba yo pensando al oirle hablar de la reforma laboral, que los sindicatos, es decir, usted y Pepe Álvarez podrían formar piña con Yolanda Díaz, con lo cual podrían tener enfrente a la CEOE. ¿Es un dibujo real?

U. S.–​ Bueno, hemos llegado a 11 acuerdos y en su mayoría ha estado CEOE. Salvo en el desarrollo parlamentario de los planes de igualdad, en todos los demás ha estado. Quiero decir que en el caso de los sindicatos, hemos hecho algo que no es menor en este país y es no haber buscado un atajo por un Gobierno supuestamente afín a nuestras posiciones y por una ministra supuestamente afín a nuestras posiciones, no hemos buscado el atajo de la unilateralidad, que nos han dado mucha brea del año 2010 al 2015, no hemos buscado la revancha sino de reestablecer el espacio de diálogo y concertación social. Por eso hemos hecho esta apuesta en este periodo de pandemia que esperamos tenga continuidad en la postpandemia.

F. Ó.–​ Calificaba usted a la vicepresidenta Yolanda Díaz como supuestamente afín. Yo le haría un matiz: lleva sangre sindicalista en las venas…, o sea que quitaría lo de “supuestamente” afín. Hay otra vicepresidenta, Nadia Calviño, una nació en La Coruña y otra en Fene, a 45 kilómetros de distancia y a menos de 30 minutos por autopista y ahora están enfrentadas por el salario mínimo interprofesional. La una está en línea más sindical, diciendo que hay que subirlo, la otra pone pegas que se refiere incluso al empleo, que haría perder empleo. La posición de usted no hace falta que me la diga, pero me viene bien que me la cuente. 

U. S.–​ Hombre, nuestra posición es que el salario mínimo interprofesional en España tiene que continuar su subida y creo que debería hacerlo también en 2021. Hay que reconocer que se ha hecho mucho. Subir el 30% el SMI en los últimos años no es ninguna tontería. Hay un compromiso del Gobierno, que esperemos que nadie esté cuestionando y es llevarlo al final de la legislatura hasta el 60% de la media salarial, esto son unos 1.050 euros –no hace tanto era de 600 y pico el SMI–. El salto es muy relevante, pero en nuestra opinión este año 2021 no es un año que debiera pasar en blanco.

¿Por qué? Porque la economía va a crecer un 6%, porque los precios están creciendo más de un 2,5%, porque precios básicos como la electricidad, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, están subiendo por encima de la media. Y esto es lo que compone la cesta de la compra de las personas que tienen el SMI. Y es que además nosotros combatimos la idea de que la subida del salario mínimo general genera destrucción de puestos de trabajo. Es que no es verdad. 

Hay algunas estimaciones que dicen que limita la creación de puestos de trabajo, pero no tienen en cuenta que subir el SMI supone una inyección en vena de la economía porque todo ese dinero va a consumo. Y por tanto en el agregado de la economía, todavía el SMI en España está en unos niveles donde su subida genera puestos de trabajo, en nuestra opinión y en la de muchos economistas. 

"El salario mínimo interprofesional en España tiene que continuar su subida, también en 2021"

F. Ó.–​ ¿Le aplicamos la misma filosofía a la subida de las pensiones?

U. S.–​ Evidentemente tiene un efecto porque son rentas garantizadas para las personas, lo cual te da una estabilidad y cómo proyectas tú los gastos como pensionista. Lo que pasa es que los recursos que pones en un sitio, los detraes de otro. Y para tener ese nivel de pensiones hay que tener una fiscalidad más ambiciosa de la que tienen ahora España. Hay que tener mejores salarios para que las bases de cotización sean más altas y hay que detraer esos recursos que van a pensiones o a salarios de otros lados, que pueden ser de los dividendos de las empresas, de las inversiones de las empresas… A veces es bueno saber que lo que quitas de un sitio lo pones en otro, porque es bueno que las empresas inviertan en mejorar sus niveles de producción.

A lo mejor vivimos un tiempo en el que no tienen que dedicar tanto al pago de los dividendos o de los beneficios. Que en España la media del impuesto de sociedades esté por debajo del 10% es grave. Es que cualquier “currela” paga más en su IRPF, que las empresas de media por sus beneficios en sociedades… Pues esto es lo que hay que plantear. Pero claro que en este momento, estabilizar la demanda interna, que son salarios, pensiones y prestaciones sociales, es una de las grandes variables para garantizar un crecimiento de la economía sostenido y sostenible.