El 8 de marzo se reivindica todos los días del año

​El ocho de marzo es un día de reivindicación y lucha por los derechos de la mujer, este año con el covid 19 cobra un mayor interés, pues la desigualdad laboral a lo largo de la vida se plasma claramente en la brecha existente en las pensiones. Tanto el tipo de pensión como sus cuantías, colocan a las mujeres mayores en una posición visiblemente peor que la de los hombres mayores. Antes de la crisis, ya se podía observar que las condiciones laborales que generarán derecho a las futuras pensiones seguían manteniendo la desigualdad. Las políticas para abordar las consecuencias que la crisis económica y de cuidados tienen y tendrán en las condiciones de trabajo, renta y vida de las mujeres, han de jugar un papel protagonista para evitar que la brecha existente se afiance, crezca y se perpetúe a lo largo de su vida.

El análisis de género en las pensiones es un eje fundamental para entender una realidad muy desigual en la vida laboral que se traslada palpablemente en las enormes diferencias en las prestaciones, tanto en el tipo como en la cuantía de ellas. Es por ello que tenemos que hacer hincapié en un análisis que ponga de relieve las causas y las consecuencias de la desigualdad y los mecanismos de los que se ha dotado el sistema para corregir parte de ellas.

La mayor parte de las pensiones contributivas de jubilación, es decir, las que están concebidas para ser la pensión norma del sistema, las perciben fundamentalmente hombres, las de viudedad, que son un derecho derivado de la persona que lo generó, las reciben en su inmensa mayoría mujeres. 

Esto es así porque la prestación contributiva de jubilación se concibe para cubrir la pérdida de ingresos debida a la finalización de toda una vida laboral por razón de la edad. Las trayectorias laborales de las mujeres, y más aún en el caso de las mujeres mayores, han estado marcadas por la inactividad en el mercado de trabajo, las entradas y salidas del trabajo remunerado en función de las necesidades familiares de trabajo reproductivo y de cuidado, los trabajos en la economía sumergida; en definitiva por la invisibilidad e infravaloración de los trabajos y actividades realizados por mujeres y la falta de corresponsabilidad en los hogares. 

En concreto, a finales de marzo de 2020, 3 millones 488 mil pensiones contributivas las reciben hombres y 2 millones 265 mil las reciben mujeres. Esta desigualdad se hace más evidente al constatar que 1 millón 872 mil pensiones de viudedad las perciben mujeres, representando el 93% de éstas pensiones contributivas. 

En global, el 45% de las pensiones contributivas que perciben las mujeres mayores de 65 años son de viudedad, algo de enorme relevancia por varios motivos. En primer lugar, el sistema contributivo de pensiones crea estas prestaciones no como derecho propio, sino como derivado de la condición de haber contraído matrimonio con alguien que sí cotizó. Por otro lado, el enorme peso que tiene este tipo de pensiones en las mujeres es la traslación del reparto desigual del trabajo reproductivo y el cuidado en los hogares y de las desigualdades en el mercado de trabajo. 

La vida laboral de las mujeres se ve afectada por una doble jornada laboral, dividida entre el trabajo productivo y reproductivo, siendo este último infravalorado socialmente y con un reparto completamente desigual. A ello se suman las múltiples discriminaciones contra las mujeres producidas en el entorno laboral, causando una serie de desigualdades de especial relevancia en el análisis de la brecha en las pensiones, debido a que dichas consecuencias se trasladan a las condiciones de vida, resultando un impacto negativo para un envejecimiento activo.

La tasa de actividad en España, es decir, el porcentaje de personas con empleo o en busca de éste sobre el total de la población, es de 69,8% en el caso de los hombres y del 55,8% en las mujeres. Esto supone una diferencia de 14 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, lo que sitúa a España por encima de la media europea (13,6 puntos porcentuales).

Este tipo de situaciones tradicionalmente han implicado una renuncia a la retribución laboral por parte de muchas mujeres y cabe pensar que se reproducirá y afianzará si no se establecen mecanismos para la corresponsabilidad de los cuidados entre la empresa, las familias y el Estado. El desarrollo de medidas que impliquen a las empresas y refuercen los servicios públicos son fundamentales para evitar la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo, la precarización de sus condiciones laborales, su pérdida de renta y las consecuencias que esto tiene de cara a sus derechos en pensiones. Es crucial, mediante la intervención pública, impulsar las buenas condiciones laborales del personal dedicado a la educación y cuidado de menores y atención de los y las mayores y dependientes para conseguir buena calidad de servicio.

Hoy se hace imprescindible encontrar soluciones conjuntas por parte de los agentes sociales para proponer una agenda de trabajo consensuada. El diálogo social debe recuperar un papel protagonista, a corto plazo, de cara a los retos que planteara la desescalada, la necesidad de recursos para proteger la calidad de vida de nuestros y nuestras mayores y los riesgos de posibles nuevas tensiones en los sistemas sociosanitarios durante los próximos meses o incluso años. Pero más en el largo plazo un diálogo social fortalecido es crucial para encarar colectivamente los desafíos que implican procesos estructurales como el envejecimiento o los impactos sobre el empleo de la digitalización de la economía y sus repercusiones sobre la sostenibilidad del estado del bienestar.

Viva el ocho de marzo, viva la lucha de las mujeres.

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Ana Martínez López, Secretaria de la Mujer de la Federación Estatal de Pensionistas de CCOO