La reforma de la jubilación activa y su impacto en los trabajadores autónomos

Eduardo Abad: "Transformación urgente del cese de actividad para autónomos"

 

El 1 de abril de 2025 será una fecha clave en el sistema de pensiones en España, con la entrada en vigor de la reforma realizada por el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre. Esta reforma tiene el propósito de flexibilizar la compatibilidad entre la pensión y el trabajo, permitiendo de que los trabajadores, especialmente los autónomos, puedan seguir activos tras alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, lejos de mejorar la situación de las personas trabajadoras autónomas, la reforma establece una serie de condiciones que perjudican aún más a este colectivo, por lo que requiere una revisión urgente si queremos evitar que se vean afectados negativamente.

La sostenibilidad del sistema de Seguridad Social español y, en particular, del sistema de pensiones, es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, ya que es el principal garante de la sociedad del bienestar. A pesar de que el sistema de Seguridad Social español es uno de los más avanzados del mundo, persiste una importante brecha respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que en los últimos años ha sido objeto de reformas significativas, tanto en materia de cotización como en materia de protección social.

El relevo generacional y la sostenibilidad del trabajo autónomo

Un aspecto crucial que debe ser abordado, en este contexto, es el relevo generacional o la falta de este. Muchos autónomos que se acercan a la edad de jubilación no tienen a quién transferir su negocio o actividad. En muchos casos, su jubilación no solo significa el fin de su actividad económica, sino también la pérdida de empleos y el cierre de pequeños negocios familiares que forman parte del tejido productivo de nuestra economía. Por ello, es esencial que la reforma de la jubilación activa también contemple medidas que faciliten la transmisión ordenada de la actividad económica a nuevos emprendedores, que continúen con la labor iniciada por los jubilados.

De acuerdo con los cálculos de UPTA (@upta_es), más de 500.000 autónomos se jubilarán en los próximos cinco años. Si la reforma no se adapta a sus necesidades, el impacto no solo afectará a los trabajadores jubilados, sino también a las futuras generaciones de autónomos, que verán cómo se pierden negocios, empleos y experiencias que podrían haberse transmitido si se hubieran ofrecido los incentivos adecuados.

El Real Decreto-ley 11/2024 de 23 de diciembre tiene el propósito, según se desprende de su preámbulo, “abordar las reformas necesarias del TRLGSS para dar cumplimiento a los objetivos de la recomendación 12 del Pacto de Toledo y al Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social y Pensiones de 31 de julio de 2024, con el objetivo de establecer, entre otras mejoras, una nueva regulación de la jubilación parcial y de la jubilación activa con la finalidad de acabar con la dicotomía entre trabajador y pensionista, de forma que los trabajadores, llegada la hora de su jubilación, puedan salir del mercado de trabajo de forma progresiva y flexible, en línea con los países de nuestro entorno, adaptándose así la pensión de jubilación a las necesidades y situación de cada persona”.

Este enfoque presenta un problema clave para los autónomos, ya que la nueva regulación de la jubilación activa establece condiciones menos favorables para aquellos que no tienen empleados a su cargo. En particular, quienes deseen acogerse a la jubilación activa a partir del 1 de abril de 2025 se verán limitados a una compatibilidad del 45% de la pensión si demoran el acceso a la jubilación en 1 año, y deberán retrasar el acceso a la misma en cinco años desde que cumplan la edad ordinaria de jubilación, si desean compatibilizar el ejercicio de la actividad por cuenta propia con el 100% de la cuantía de su pensión.

Por el contrario, aquellos autónomos con trabajadores a cargo podrán compatibilizar el 75% de la cuantía de la pensión con el desarrollo de la actividad por cuenta propia si demoran el acceso a la pensión entre 1 y 3 años, alcanzando el 100% de la compatibilidad si esta demora en el acceso es de 5 años. Para ello, deben acreditar tener contratado para la realización de la propia actividad, al menos, a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses, o contratar con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa.

Es evidente que esta diferenciación crea una injusticia, ya que penaliza a los autónomos sin empleados a su cargo, sin tener en cuenta que muchos de estos trabajadores no tienen la posibilidad o la necesidad de contratar personal, pero sí desean seguir activos en su actividad económica tras la jubilación.

La enmienda propuesta por UPTA: Un paso hacia una jubilación activa justa

Por todo lo anterior, UPTA considera fundamental modificar la reforma, concretamente el artículo primero del Real Decreto-ley 11/2024. Para ello, esta organización ha presentado una propuesta a los grupos parlamentarios para que la incorporen como enmienda en el trámite parlamentario del proyecto de ley iniciado tras la convalidación del Real Decreto Ley 11/2024, con la finalidad de que se eliminen las discriminaciones entre los autónomos con empleados a su cargo y los que no los tienen. La propuesta ya presentada plantea que, en el caso de que el autónomo no tenga empleados, la pensión compatible con el trabajo pueda alcanzar el 75% en el primer año de jubilación activa. También reivindica que, si el autónomo acredita tener trabajadores o contrata a un trabajador en los términos indicados anteriormente, se garantice la compatibilidad total (100%) de la pensión con la actividad económica, sin la necesidad de esperar 5 años.

La modificación propuesta tiene como objetivo hacer que la jubilación activa sea una opción accesible y justa para todos los autónomos, sin importar su situación respecto a la contratación de personal. Esto no solo beneficiaría a los autónomos, sino que también contribuiría a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, al fomentar la permanencia de estos en el mercado de trabajo y favorecer la creación de empleo.

La meta, promover la permanencia en el trabajo

La sostenibilidad del sistema de pensiones es un desafío crucial para el futuro del bienestar en España, y los autónomos deben ser parte activa de la solución. UPTA está decidida a iniciar negociaciones con los grupos parlamentarios para modificar el Real Decreto-ley 11/2024 y hacer que la jubilación activa sea una opción más justa, permitiendo que puedan seguir trabajando con unas condiciones que garanticen su estabilidad económica, sin perder la oportunidad de contribuir al mercado laboral.

En definitiva, no se trata solo de flexibilizar la jubilación, sino de garantizar que aquellos autónomos que han dedicado su vida a la actividad económica puedan mantener su nivel de vida y asegurar la continuidad de sus negocios, siempre con la vista puesta en un relevo generacional ordenado y beneficioso para la sociedad.