Algunas consideraciones sobre el sistema público de pensiones

Un tema tan recurrente como el hablar del tiempo, es hablar del presente y el futuro de las pensiones, ya sea con familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, o en los medios de comunicación.  

El interés y la inquietud de la gente viene aumentando con la prolongación de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom, y la preocupación por la sostenibilidad del sistema y de sus necesidades de ajuste. 

Las pensiones vienen siendo en España, desde hace 40 años, un equilibrador clave en la lucha contra la desigualdad. De hecho, han permitido la mayor convergencia de rentas durante las últimas décadas, como se puso de manifiesto durante la crisis financiera del año 2008, donde sirvieron de colchón social a muchos hogares afectados por la pérdida de ingresos durante la misma.  

Dentro del debate que se genera sobre ellas, es bastante habitual escuchar expresiones como que "las pensiones españolas son muy malas en relación con lo aportado mientras se trabajaba" o que "el sistema seria sostenible, incluso con pensiones mayores, si los políticos no robaran".  

Sin embargo, un análisis serio y riguroso del sistema público de pensiones invalida estas afirmaciones que se escuchan con tanta frecuencia; al contrario, deberían ayudarnos a apreciar la bondad del sistema y la magnitud de los retos que afrontamos ahora y que, sin duda, tendremos que seguir afrontando en el futuro.  

Con el fin de tener una visión más clara y veraz de la situación, veamos algunas consideraciones sobre el sistema público de pensiones en España: 

1º) El artículo 50 de la Constitución dice que "los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad". La redacción de este artículo es bastante ambigua y difusa al utilizar el término "suficiencia", sin hacer referencia a un criterio objetivo, por lo que traslada a la sociedad unas expectativas que generan frustración al interpretar cada persona lo que le parece sobre lo que se quiere decir con esa palabra.  

2º) Las pensiones en España utilizan el sistema de reparto, es decir, las cotizaciones de los trabajadores que están en activo se destinan a financiar las prestaciones de los pensionistas.  

3º) Las pensiones españolas no son malas en relación con las de otros países de la UE, ya que están entre las más generosas, tanto desde el punto de vista de la tasa de reposición (la pensión que recibe el nuevo pensionista suele rondar el 80% del último salario), como de la tasa de sustitución (la pensión que recibe el nuevo pensionista en relación con la que percibía el que sale del sistema, viene siguiendo una tendencia ascendente). 

4º) Hay que tener cuidado al aumentar el gasto en pensiones en relación con el PIB porque puede atentar contra la equidad intergeneracional. A día de hoy, nuestro sistema de protección social blinda especialmente a las generaciones más mayores frente a la mala cobertura de quienes se incorporan al mercado del trabajo (bajos salarios). Esta mayor transferencia hacia los mayores implica una reducción de la renta disponible del resto de la población y, en particular, entre los jóvenes, lo que provoca un empeoramiento en el grado de equidad intergeneracional.  

5º) El saldo financiero del sistema de Seguridad Social se deterioró abruptamente con la crisis financiera de 2008, ya que alcanzó la destrucción de 3.000.000 de puestos de trabajo, con el consiguiente impacto sobre los ingresos del sistema, haciendo desaparecer, prácticamente, la conocida como hucha de las pensiones (Fondo de Reserva de la Seguridad Social creado por la  ley en 1997, para dar cumplimiento a un acuerdo del Pacto de Toledo), que llegó a acumular cerca de 67.000 millones de euros en 2011, pero que con la crisis se esfumó. Desde entonces, el saldo financiero del sistema es negativo y se tiene que completar con aportaciones del Estado. En el año 2022, el déficit ascendió a casi 5.000 millones. 

6º) Las aportaciones realizadas durante la vida laboral del trabajador permitiría pagar la pensión que asigna el sistema durante 9 años (hasta los 76 años), es decir, bastante menos de la esperanza de vida en España, que en 2021 fue de 83,3 años (la segunda mayor tras Japón). 

7º) La viabilidad del sistema necesita un aumento de la productividad (en España es menor que la media europea), lo que permitiría repartir más con el mismo esfuerzo. Esto exige la mejora del potencial de crecimiento de nuestra economía. 

8º) La finalidad central de la nueva reforma de las pensiones es inyectar más ingresos al sistema para afrontar el envejecimiento de la población y la jubilación del baby boom. Esta reforma va a reducir el déficit del sistema, pero va a exigir aportaciones de recursos por parte del Estado más adelante. Las medidas son novedosas, porque atacan el déficit a través del aumento de ingresos  (en las anteriores reformas se habían llevado a cabo con reducciones en el gasto), pero van a tener un impacto limitado y pueden requerir medidas adicionales.  

Las tres herramientas con las que el Gobierno busca aumentar los ingresos son el incremento de las bases máximas de cotización (4.495 euros adicionales en 2023), una cuota de solidaridad a los salarios más altos a partir de 2025, que irá subiendo hasta el año 2045, y un alza en el mecanismo de equidad intergeneracional, que crecerá de forma automática para asegurar más ingresos al sistema si el gasto en pensiones se desvía, y los partidos políticos no alcanzan un acuerdo sobre cómo corregirlo. Esta reforma cuenta con el beneplácito de la Comisión Europea. 

El reto que tienen por delante el Gobierno, los partidos políticos y los agentes sociales es conseguir de forma consensuada el equilibrio del sistema público de pensiones, combinando la suficiencia con la equidad individual y la intergeneracional.