Miércoles 8 de julio de 2020
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A principios de este 2020, el Defensor del Pueblo hacia entrega en el Parlamento del informe anual sobre el ejercicio del 2019. Sobre este informe me gustaría destacar tres apartados, sin duda, hoy, cobran mayor vigencia por el estado de pandemia que vive nuestro país.
El primero de estos elementos a destacar es la reflexión que Fernández Marugán, realiza sobre el estado de las residencias de mayores, el informe del 2019, que debemos recordar es la continuación del informe del 2018, en el cual ya se hacía una dura crítica a la situación que las personas mayores vivían en estos centros tanto de gestión pública como privada, ambos informes aconsejan el abordar reformas normativas en profundidad que garanticen los derechos de las personas mayores en las residencias que los acogen.
En este informe el Defensor del Pueblo ponía el acento sobre diversos problemas, que deben ser resueltos, por un lado, la dispersión normativa, con la existencia de diferentes protocolos a aplicar según la CC.AA. lo cual significa que no existe el mismo trato para todos los ciudadanos, la insuficiencia de plazas, la necesidad de aumentar al alza el ratio de personal, las inspecciones que deben ser de mayor cuantía y rigurosidad y finalmente la necesidad de realizar un verdadero servicio socio-sanitario mejorando la atención sanitaria que reciben los adultos mayores acogidos.
Por último, llamaba la atención sobre la libertad de lo adultos mayores a la hora de su ingreso involuntario cuando los residentes tienen un deterioro cognitivo o las sujeciones físicas que se aplican en algunas circunstancias.
Estos dos informes reflejaban una cruel realidad y serias advertencias, recordamos realizadas desde el 2018, que han tenido por la inacción de los responsables políticos graves consecuencias durante la pandemia provocada por el covid.
20.000 adultos mayores han fallecido en las residencias de ancianos, sin protocolos, sin medidas de seguridad, sin atención médica, en definitiva, en total y absoluta soledad.
De estos 20.000 fallecidos, más de la mitad pertenecen a dos Comunidades Autónomas, Madrid con cerca de 6.000 muertes, que representan el 71% del total de fallecidos por el virus en la Comunidad y Cataluña con más de 4.000 muertes que representan el 72,26% de los fallecidos en aquel territorio. Castilla y León, contabiliza más de 2.880 fallecidos en residencias de mayores lo que significa el 93,22% del total de muertos en la Comunidad y finalmente Castilla la Mancha, con más de 2.500 residentes fallecidos que significan el 82,85% sobre el total de muertos en la Comunidad manchega.
Creo que ante este auténtico escándalo, esta infamia cometida sobre nuestro colectivo, el de las personas mayores, es obligado exigir a la Comisión Parlamentaria una investigación que esclarezca definitivamente lo ocurrido en las residencias, que aclare las responsabilidades políticas y administrativas sobre la gestión de las residencias durante la crisis, que castigue política y penalmente con dureza a los culpables y que adquiera el compromiso necesario para realizar políticas y protocolos que eviten que situaciones como esta vuelvan a producirse en nuestro país.
Para terminar, el Informe del Defensor del Pueblo, incidía en la necesidad de compensar definitivamente los recortes presupuestarios que ha sufrido nuestro sistema público de sanidad, advirtiendo de la insuficiencia de recursos en la atención primaria, en las áreas rurales o en las especialidades ambulatorias.
Acabar con el copago de medicamentos y diseñar un modelo diferente progresivo, equitativo y que exencione a las personas con menores ingresos, es otra de sus advertencias.
En definitiva un análisis que no difiere en absoluto del que nuestra Organización ha venido realizando sobre estas cuestiones que preocupan a nuestro colectivo, problemas aún no resueltos y que siguen formando parte de nuestro ideario y reivindicaciones.
Anatolio Díez Merino es Secretario General de la UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.
