Más de 6 meses de confinamiento, desescalada, vuelta al confinamiento por zonas, 693.556 personas contagiadas por el coronavirus y 31.034 fallecidos por su causa, la Comunidad de Madrid, con un 24,9%, ha sido la región española que más dinero ha recibido del ‘Fondo Covid’, creado por el Gobierno para que las autonomías puedan hacer frente a los gastos sanitarios ocasionados por el virus y poder prestar servicios públicos de calidad.
Decía que 6 meses después de semejante tragedia, la puesta en escena del gobierno regional madrileño en su lucha implacable contra la pandemia es inaugurar 50 dispensadores de gel hidroalcohólico en 50 estaciones del metro madrileño, evento perpetrado por el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, y el consejero de Transportes, Ángel Garrido. Si no fuera por el drama que esta viviendo nuestro país, estaríamos ante un gran guion cómico a la altura de aquellos que protagonizaban la pareja Esteso y Pajares.
Dispensadores de gel contra el Covid, ¿qué puede salir mal? Los expertos plantean reforzar la atención primaria, contratar más personal sanitario, contratar más rastreadores, incrementar el transporte público, contratar más profesores para desmasificar las aulas… Pero qué sabrán ellos de lo que hay que hacer para luchar contra la pandemia, sin duda la respuesta la tiene el vicepresidente regional: dispensadores de gel.
Las zonas obreras de Madrid han vuelto a ser confinadas, no pueden pasear por lo parques, no pueden realizar ejercicio físico, deben permanecer encerrados en sus casas de 50 metros cuadrados hacinados, se les niega la posibilidad de ver a sus familiares, deben mantener la distancia social, están perfectamente custodiados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a diferencia de aquellos que se saltaron toda medida de seguridad para manifestarse libremente por el barrio de Salamanca.
Pero, eso sí, deben ir a trabajar todos los días, enlatados, en un transporte público atestado de trabajadores dónde la distancia social es imposible de mantener. Pareciera que las normas para combatir la pandemia no fueran dictadas y reguladas por expertos epidemiólogos, sino más bien por algún comité de sabios dirigido por la CEOE, más preocupado por el retorno del beneficio de sus inversiones que de la salud de la clase trabajadora.
Aquella frase, tan cacareada por los miembros del gobierno de progreso y sus adláteres los gobernantes de las Taifas autonómicas, de "primero la salud y después la economía", parece ser que ya ha perdido todo su significado e interés, convirtiéndose definitivamente en otra frase hueca, perteneciente al refranero del marketing político.
Más de 1.000.000 de personas mayores de 65 años perciben menos de 400€ al mes, es decir no llegan a los 5.538€ anuales por unidad de convivencia de un solo miembro, que es la renta mínima que puede percibir una persona que solicite el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El subsidio para mayores de 52 años es de 430,27€ al mes, 5.163,24€ anuales y lo perciben en el entorno de las 380.000 personas, si todas vivieran solas percibirían una ayuda de 374,76€ al año, es decir, 31,23 € mensuales de IMV.
Parece ser que el otro mantra del Gobierno de progreso, aquel famoso "nadie se quedará atrás", está generando filas interminables de rezagados, de personas cada día más marginadas, más empobrecidas. La distancia social, ésta sí, cada día nos hace más pobres y desiguales.
Yo creo que al final hay mucha razón cuando algunos dicen que seguramente este Gobierno no es tan de izquierdas y de progreso como afirman, y eso, unido a sus decisiones políticas, deberían ser motivos suficientes para que se lo hicieran mirar, aunque estoy convencido, que su ego y su prepotencia no les permitirá hacerlo.
Anatolio Díez Merino es Secretario General de la UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.