La revalorización de las pensiones en España se rige por una norma, una reforma del sistema de pensiones públicas aprobada en el seno del Pacto de Toledo y posteriormente refrendada mayoritariamente por el Parlamento, que desde el pasado diciembre es ley. Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de UGT-UJP siempre hemos considerado que esta fórmula de revalorización no es perfecta, pero también hemos defendido que mejora la anterior.
Respecto a la subida de las pensiones en 2023, veremos si definitivamente el aumento es el 8,5% que prevé el Gobierno; una cifra que nos parece creíble por la evolución del IPC. Hoy estaríamos en ese entorno, pero aparentemente el IPC se irá regulando a la baja, o al menos ese es nuestro pronóstico.
A nuestro juicio, no es tan preocupante el porcentaje de subida de las pensiones el próximo año, que también, como las presiones que constantemente se realizan al Ejecutivo para que incumpla lo legislado. Esto sí nos parece de una tremenda gravedad, y ante ello nos mantendremos vigilantes.
No rotundo al "privilegio" por la revalorización
En España se pagan mensualmente cerca de 10 millones de pensiones, 9,94 millones para ser exactos. De estas pensiones, seis millones (el 60% de las mismas) son pensiones que se encuentran por debajo del umbral de pobreza, y de éstas, más de cuatro millones en situación de pobreza, relativa o severa.
Ante esta radiografía, ¿quién puede decir que somos privilegiados porque se nos suba la pensión según el IPC? Seguramente, aquellos que hablan del potencial que tiene la economía silver, o quienes cobran más comisiones por gestionar el dinero de quienes menos poseen, aquellos que se jubilan con indemnizaciones multimillonarias absolutamente vergonzantes, o quienes perciben salarios manchados por la especulación a costa de los trabajadores y su sufrimiento. Seguramente, estos son los que tienen los privilegios.
Por el contrario, cada pensionista, en algunas ocasiones debemos decir que desgraciadamente, como es el caso de las viudas o huérfanos en particular, perciben su pensión en base a lo que han sido capaces de cotizar. Nadie les ha regalado nada, tienen lo que han generado a lo largo de su vida profesional y lo perciben gracias al contenido solidario, de clase, que tiene en su esencia nuestro sistema público de pensiones.
Estas acusaciones siempre surgen desde el mismo lado, desde el lobby privatizador, cuando el resto de los argumentos: demografía, sostenibilidad… no pueden ser utilizados como arma arrojadiza contra nuestro modelo público. Solo poseemos aquellos privilegios que hemos sido capaces de arrancar al empresariado, a las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos, con mucha sangre, movilización, sudor, cárcel y lágrimas.