Las pensiones se podrían reducir hasta en un 30%

Las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus van a ser graves, ningún analista tiene dudas. En las últimas crisis, los periodos medios de recuperación completa fueron de siete años, según un informe elaborado por Feelcapital, y nada nos hace indicar que esta vez vaya a ser diferente. La incertidumbre sobre futuros rebrotes, que nos llevarían a nuevos confinamientos paralizando las economías, no haría más que empeorar la ya de por sí delicada situación económica.

Con respecto a España, en la última gran crisis (2008-2014), los pensionistas y los funcionarios no sufrieron una reducción de sus ingresos. Esa situación no va a volver a repetirse porque la COVID-19 va a afectar a prácticamente todos los sectores. El aumento del paro y la reducción de salarios provocarán menos ingresos a la Seguridad Social y las subidas de impuestos por sí solas no bastarán para sostener el actual sistema de pensiones.

Lo más probable es que se alarguen los periodos de vida laboral más allá de los 67 años y veremos por primera vez un gran ciclo, de hasta cinco años, en el que no habrá nuevos jubilados. Eso mejorará sin duda la capacidad del modelo de prestaciones y las cuentas del Estado, pero será insuficiente. Se tendrán que tomar medidas, porque Europa así lo exige, para reducir los salarios de los funcionarios y el dinero que perciben los jubilados. ¿En qué medida?

Si atendemos a lo que ocurrió en Grecia tras la intervención por parte de la Unión Europea, las pensiones se rebajaron entre un 15% y un 40%. En el caso de que España resulte intervenida, las cuentas de las comunidades autónomas sufrirán una reducción brutal, se recortará el número de funcionarios y bajarán las pensiones, según nuestro cálculos, hasta un 30%.

Actuar rápidamente y de forma coordinada

Para evitar esta situación hay que actuar rápido y de forma coordinada. Las medidas que adopte el Gobierno tienen que ser consecuencia de un acuerdo global de todas las fuerzas políticas que culmine en un nuevo Pacto de Toledo. El objetivo de este debe ser el de acometer de una vez por todas una reforma del actual sistema de pensiones que tenga validez para los próximos años y esté alineado con la visión que tiene la Unión Europea. Desde Bruselas se apuesta por los planes privados de empleo y planes de pensiones paneuropeos.

Este acuerdo político, obligado por el momento actual, debe llevar también al principal partido de la oposición a mostrar su apoyo al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de cara a la reconstrucción que viene. Las próximas decisiones económicas se prevén duras y no debemos descartar un periodo de contestación social por parte de los afectados. Por eso, es necesario un llamamiento a la unidad que corresponsabilice a todas las opciones políticas en uno de los momentos más importantes de nuestra historia reciente.

---

Antonio Banda (@AntonioBanda_), CEO de Feelcapital (@Feelcapital)