Pensiones: Bruselas locuta, causa finita

Vengo escribiendo sobre el tema de las pensiones en España desde hace muchos años, postulando sobre una reforma en profundidad del sistema y no precisamente rebajando su importe (porque toda la prosopopeya montada tiene ese único objetivo final), sino, a partir de una fecha concreta, pidiendo un esfuerzo adicional a empresas y trabajadores, creando una “mochila” con un porcentaje mensual de consenso, que irá siempre con el trabajador a cualquier trabajo que desarrolle en su vida profesional, todo ello complementario a la pensión estatal, permitiendo además una jubilación activa remunerada. Para ello, habría que crear incentivos fiscales, al trabajador y a las empresas, entre ellos establecer que el rescate de los Planes de Pensiones por jubilación pague impuestos por rentas de capital en vez de rentas de trabajo, claves para fomentar el ahorro privado de cara a la jubilación.

Desde la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, que se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que significó un salto cualitativo en la consolidación de un Sistema Público de Pensiones en el Estado Español, todos los gobiernos habidos han sido conscientes que el problema existe, pero ninguno lo ha abordado de una forma solvente y permanente en el tiempo, ni ha tomado las medidas adecuadas para solventar la quiebra técnica en la que se encuentra la Seguridad Social.

El problema se ha agudizado en los últimos años debido al aumento de personas en paro, el retraso temporal en incorporarse al trabajo, el adelanto de la edad real en la que se produce la jubilación, el periodo de referencia laboral y los coeficientes penalizadores para la jubilación anticipada voluntaria (no hay ninguna empresa privada que mantenga un empleado más allá de los 55/58 años), y el despido libre con indemnización reducida, todo lo cual convierte en imposible una pensión del 100% de la base correspondiente a los futuros jubilados, a lo que hay que añadir que el envejecimiento de la población española y la propia estructura demográfica del país hacen obligatorio un incremento del gasto público en pensiones en los próximos años. 

El dinero es un bien escaso, la Deuda Pública Española impagable, la inflación en aumento y la estanflación -inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas- al acecho, enmascarada por el crecimiento del empleo público, los tipos de interés han paralizado su subida, de momento, por la guerra de Rusia contra Ucrania, que va a ser un paseo militar para la primera si no interviene Estados Unidos y la OTAN, y si intervienen será una guerra mundial altamente destructiva y, en cualquier caso, un estancamiento económico en toda Europa que en lo que se refiere a España hay estudios que reducen 250 puntos básicos el crecimiento previsto para este año, los grandes inversores no tienen confianza en nuestro país, que ha quedado fuera de todas las decisiones importantes de los líderes mundiales, lo que, en conjunto, presagia graves problemas financieros, que se agravarán si la Comunidad Europea no facilita la liquidez prometida por incumplimiento de las medidas económicas acordadas, cuyo último aviso es de este mismo mes de febrero, en el que el FMI urge a España a recortar el gasto en pensiones por la imposibilidad de contener su aumento a través de cotizaciones e impuestos.

Alguien tiene que decir alguna vez la verdad: este toque de atención de Bruselas a España es el mismo que en el año 2016 dio a Grecia y que obligó a Tsipras a recortar las pensiones en un 35%. No nos creamos más listos que nadie, que no nos engañen una vez más diciéndonos al unísono una cosa y la contraria, la ciudadanía española tiene (obligación democrática que va más allá de depositar el voto en la urna cada cuatro años) que elegir entre tener una sanidad pública y una pensión como la que ahora disfruta, o que las restricciones recaigan sobre dos grandes gastos desbocados y de los que ya he hablado en anteriores ocasiones:

Fusionar algunas comunidades autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas en los que ya están actuando como si fueran estados soberanos independientes: educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio nacional español.

El sistema autonómico español representa el modelo de Estado más costoso y despilfarrador de toda Europa y, probablemente, del mundo. Mantener a 17 gobiernos regionales, cada uno con sus parlamentos, consejerías, empresas públicas, instituciones y funcionando como reinos de taifas no es sostenible, ni siquiera para países tan ricos como Estados Unidos o Alemania. España es el país de Europa con más políticos a cargo del Estado, casi 500.000, más que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, una locura que convierte en insostenible un Estado autonómico que, además, alimenta la corrupción, la desigualdad y el separatismo, pero en el que los políticos han encontrado un sistema para multiplicar su poder, su dinero, sus privilegios y sus lujos, no quieren prescindir de la locura autonómica y están dispuestos a sacrificar antes el sistema de pensiones.

Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo y subvenciones a quienes no trabajan, nativos e inmigrantes, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario Estatal, nombre que les recuerde que les paga el Estado por un periodo transitorio, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición del alcalde de cada ciudad y pueblo de España, en horario de jornada completa, laboral por la mañana y de formación profesional por las tardes, con el mismo control que se hace en la empresa privada. Desaparecería así gran parte de la economía sumergida, disminuirían los pagos a parados y aumentarían los ingresos de Hacienda y de la Seguridad Social, por los trabajos que aparecerían de forma exponencial en corto plazo, tanto por parte del trabajador como del empresario, algunos de los cuales se ha acostumbrado a pagar en dinero negro. 

A más de uno, sobre todo a aquellos que pretenden vivir gratis total a costa del erario y de los impuestos del resto de ciudadanos, a los subvencionados sin aportar ningún valor añadido, a los mantenidos políticos de toda clase y colores, y a los independentistas que dicen están dispuestos a morir por alcanzar su objetivo, les parecerán excesivamente drásticas estas medidas. Pero, como decía mi siempre admirado maestro Baltasar Gracián, “para que llore yo mañana, mejor que llores tú hoy”.