Tribulaciones de un pensionista (1/3)

En 1900 se crea el primer seguro social en España, añadiéndose mejoras sociales a partir de esa fecha hasta llegar a 1963 en el que aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación, que se plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero de 1967, que significó un salto cualitativo en la consolidación de un Sistema Público de Pensiones en el Estado Español.

En lo que atañe a las pensiones, la Ley General de la Seguridad Social establecía la edad de jubilación a los 65 años. Se necesitaban 8 años de cotización para tener derecho a la misma y en la base reguladora para calcular la pensión se tenían en cuenta los 2 años anteriores a la fecha de la jubilación.

Reforma de pensiones de 1985

El Gobierno del PSOE, Felipe González, presento un proyecto de Ley que consistía en pasar de 2 a 8 años el período de la base reguladora para calcular la pensión, y pasar de 8 a 10 los años necesarios para tener derecho a la misma.

Con el Pacto de Toledo en 1995, se acordó asentar un nuevo recorte a la cuantía de las pensiones, a través de pasar de 10 a 15 años para tener derecho a la pensión (con dos años cotizados dentro de los últimos 15) que incrementaban la base reguladora de la pensión en 7 años más. 

En el año 2010 el gobierno de Zapatero impuso que cada año se aumentara la edad para poder jubilarse, hasta llegar en 2027 a los 67 años. Se pasa de 15 a 25 años el período para calcular la base reguladora de la pensión. Se aumenta de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Por último, en 2011, Zapatero congeló por primera vez las pensiones.

En el año 2013, Rajoy modifica los coeficientes de reducción por jubilación anticipada y se retrasa hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad, que iba a recortar las nuevas pensiones de jubilación a partir de 2019.

De todo ello, los condicionantes de jubilación quedaron de la forma que se indica a continuación:

 

 

En resumen, con Franco el importe de la pensión era la media de los últimos 28 meses trabajados y un mínimo de 8 años de cotización. Con la democracia, el importe llegará a ser la media de los últimos 25 años de cotización y 37 trabajados, y devengados, en el año 2027. No todo era tan malo con Franco.

Este tema de las pensiones es uno de los grandes problemas que tenemos en España y del que vengo escribiendo desde el año 2012. Cada vez hay menos trabajadores activos y cotizan por menor importe; otros trabajan en la economía sumergida y no cotizan nada; otros cobran paro y subvenciones, y trabajan en dinero negro, sin cotizar nada; otros, directamente, cobran subvenciones y tienen el “todo gratis” por pasearse por calles y plazas, sin cotizar, ni pretender hacerlo en toda su vida, a la Seguridad Social ni a la Hacienda Pública Española.

Cuando se diseñaron los primeros sistemas de pensiones (el primero se creó en la Alemania del canciller Otto von Bismarck, a finales del siglo XIX), la edad de jubilación se situó en los 65 años. Solo llegaban vivos a esa edad tres de cada 10 personas y su esperanza de vida era de menos de 10 años. Hoy en día nueve de cada 10 personas llegan vivas a los 65 años, y dentro de 30 años las personas que alcancen en ese momento los 65 años se estima que vivirán, de media, 25 años más.

En teoría, la idea de las reformas efectuadas era buena y preveía que, alargando la edad de jubilación, la gente estaría más años trabajando y menos cobrando su pensión. Pero se ha producido el efecto contrario al previsto, cada vez se jubila antes el personal, acceden a pensiones más altas porque han cotizado más y durante más años que los jubilados anteriores, a causa de:

• El cambio de leyes en materia laboral ha permitido que empleados que antes eran prejubilados y seguían manteniendo su cotización a la Seguridad Social hasta la fecha de jubilación real, ahora son despedidos con una corta indemnización, por lo que se acogen antes a la jubilación anticipada. 
• Por otra parte, las empresas privadas no quieren a personal mayor de cincuenta y cinco años, porque “para pensar” ya están ellos en el Comité de Dirección. Un estudio de KPMG del año 2019 estimaba que el 72% de las grandes empresas se planteaban jubilar a sus empleados más veteranos para abaratar costes. Ese es el verdadero problema. Los empleados son, todos, prescindibles; las máquinas los sustituyen y quienes hacen trabajar a esas máquinas son personas jóvenes y con una preparación acorde a ese cometido; los únicos, todavía, imprescindibles, son los vendedores, de lo que sea, los que están a pie de calle, gente joven, con técnicas actualizadas y que se “comen” el mundo, con ilusión, fuerza y vitalidad, todo lo que se va perdiendo con los años.

¿Quiénes verdaderamente van a alargar su edad de jubilación?

Los funcionarios públicos en las diferentes administraciones locales, provinciales, autonómicas y gubernamentales. Pero no todos. No es igual el esfuerzo físico de un catedrático de universidad que el de un bombero, el de un abogado del Estado que el de un albañil municipal. A la Administración también se le presenta un problema, y es que, dentro de un colectivo con las mismas normas, tiene que discernir quién sigue con facultades para realizar su trabajo y es rentable para la población que les paga, y quién no.

Mayo del 68, vivido en España desde la distancia, fue el inicio del fin de una época de prosperidad económica en Europa, en donde se empezaban a manifestar síntomas de cansancio y deterioro en la población.

Aquello dejó poso en muchos aspectos, entre otros, en la caída de los índices de natalidad por debajo del nivel de reposición, que llegó a ser prácticamente la mitad de la de los años de la posguerra mundial y civil en España.  Esos jóvenes, de una u otra forma, se subieron al mismo carro que denostaban, con demandas añadidas que, para lo que interesa a las presentes líneas, pueden centrarse en mayor libertad, mejor y más internacional formación, presencia cultural y contracultural, igualdad de sexos, estabilidad laboral y previsión social para cuando llegaran a la jubilación. En España, son los que ahora se están jubilando.

Los nacidos antes del mayo del 68, haciendo abstracción del percentil de hijos de padres muy bien acomodados laboralmente, titulados universitarios ellos, de los que estaban dentro del aparato franquista o de aquellos que vivían en las pocas ciudades en las que existía universidad, por lo general, tienen menos nivel cultural, son personas hechas a sí mismo, no poseen estudios universitarios, no hablan idiomas, han tenido un trabajo fijo, no han ganado mucho dinero pero han vivido bien dentro de su estatus social de clase media porque no han tenido grandes aspiraciones, con sentido del ahorro, han ido formando un pequeño capital “para cuando se necesite”, han cuidado de sus progenitores y han dado a sus hijos una educación y unos privilegios muy superiores a los que ellos tuvieron. 

Los nacidos en la década de los setenta, muchos de ellos hijos de padres identificados, consciente o inconscientemente, con el mayo del 68, son, probablemente, la generación más preparada, en todos los aspectos, en la historia de España. Han tenido acceso a la libertad total, a todas las fuentes del saber, a viajar, a idiomas, a múltiples y diferentes experiencias, unos se han formado en la excelencia y otros, demasiados por desgracia, han desaprovechado su oportunidad. Médicos, ingenieros, informáticos, profesores, abogados, economistas, que hoy están sobre los cuarenta años, son los profesionales más demandados, acreditados y asentados en la sociedad española. Lástima que en la política no ocurra lo mismo.

Estos llegarán a la jubilación a los sesenta y siete años, previsiblemente, a partir del año 2035. Ninguno de ellos, ni los que han aprovechado los medios puestos a su alcance ni los que no lo han hecho, tendrán los mismos años cotizados que sus padres por lo que, en ningún caso y supuesto, cobrarán el mismo importe, actualizado, que ellos. Al margen de inflaciones, deflaciones, poder adquisitivo, reformas de cualquier tipo que sobre el tema de pensiones pueda considerarse, los que hayan tenido unos ingresos elevados y sostenidos, habrán buscado soluciones alternativas durante sus años de vida laboral, mediante planes de pensiones, carteras de inversiones, etc, etc... Los que no lo hagan así, su esperanza de pensión futura no es demasiado optimista.

Mucho peor aún es lo que puede encontrarse la siguiente generación, la que abandonó las aulas para aprovechar los desmesurados salarios del boom inmobiliario, la de misericordia nota del cinco raspado para los estudios o de los que pasan de curso con suspensos varios, la del paro desbocado y de imposible solución a corto plazo, la de las esperanzas rotas antes que pudieran siquiera empezar a disfrutarlas, la que llegará a la jubilación cuando haya más jubilados que personas en activo.

La pensión, una libreta de ahorros del Estado

El sistema de pensiones español está basado en unos ingresos producidos por los trabajadores activos, un flujo piramidal en el que los que trabajan pagan las pensiones de los jubilados, que a su vez pagaron las de sus progenitores mientras ellos estaban activos en el trabajo. La crisis financiera que hemos sufrido ha llevado aparejada la caída del empleo y de los sueldos de los empleados, disminuyendo por tanto los ingresos para pagar las pensiones, que cada día son más, de más importe y de más largo plazo de pago.

El importe que cobra cada persona lo es en función del que han cotizado durante una serie de años. Hay personas que han cotizado muchos años, otros pocos; hay personas que han cotizado por todo el dinero que ganaban, otros lo hacían por el mínimo y con el resto constituía imposiciones o compraban valores en Bolsa a nombre de sus hijos menores de edad; hay personas que no han cotizado nunca. Dicho de otra forma, muchos de los que ahora reclaman “pensiones dignas”, han sido defraudadores e insolidarios con la caja común de todos los españoles. Evidentemente no puede ser “café para todos”, España no es un régimen comunista de checa compartida, cada uno tiene que cobrar de acuerdo a lo que cada uno ha aportado. Cuando hablamos de “pensión digna”, ¿qué se pretende? ¿Qué quién menos ha pagado salga más beneficiado? Dentro de la solidaridad para con los más débiles, hay que aquilatar mucho estos temas porque igual que pueden saltar por debajo, podrían hacerlo por arriba.

En el año 2020, el Banco de España realizó un estudio con unos cálculos en el que el sistema de pensiones provee a cada jubilado de una media de 1,74 euros por cada euro que este aportó durante su vida laboral a la Seguridad Social. No dice nada de las pensiones de los políticos y los pocos años que han de cotizar para que les quede lo mismo que a cualquier ciudadano español que lo hace durante cuarenta años.

En el año 2019 el Tribunal de Cuentas certificó que la Seguridad Social estaba en quiebra tras perder 100.000 millones de euros desde 2010, advirtiendo que, “de no llevarse a efecto una reforma urgente, la viabilidad de las pensiones estaría en serio peligro”.

Y esa es la única realidad constatable, que hay que abordar con espíritu de solución porque los actuales pensionistas son los que han pagado con sus impuestos las escuelas, hospitales, cárceles (de esas hay pocas), universidades, carreteras ... y pagado las jubilaciones de los que les precedieron.