Tribulaciones de un pensionista (3/3)

El Gobierno de izquierdas revueltas de Pedro Sánchez creó un nuevo Ministerio de Seguridad Social, al frente del que puso a José Luis Escrivá Belmonte, manchego de Albacete, nacido en 1960, economista por la UCM, que trabajó en el Banco de España, donde desempeñó diferentes puestos en el Servicio de Estudios, y continuó posteriormente en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt. Entre 2004 y 2012 trabajó como economista-jefe y director del Servicio de Estudios de BBVA y, a partir de 2010, como director gerente del Área de Finanzas Públicas. Desde 2014, nombrado por Rajoy, es presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). También ha desempeñado la presidencia de la de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea desde 2015. No es alguien que necesite un cargo político para vivir, pues es de esos que tienen trabajo en cualquier sitio y en cualquier momento.

En líneas generales, Escrivá es un convencido de la “japonización” (largo periodo de vida tras la jubilación) de la población española; es partidario de retrasar la edad real de jubilación de forma única a los 67 años a partir de 2027; incrementar el periodo de referencia para el cálculo de la pensión que, en diversas etapas, pasaría a ser de toda la vida laboral; destinar una participación mayor de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo, modificando el reparto del sistema actual en el que los trabajadores asalariados pagan un 35% de su salario bruto en cotizaciones (suma de la cuota obrera y la empresarial); aplicar medidas en España que sirvan para fomentar la natalidad, así como políticas para atraer a "millones y millones de inmigrantes" en los próximos años; exonerar a la Seguridad Social de algunos gastos que no le corresponden, lo que aliviaría sus cuentas, y trasladar ese déficit al Estado. Todo ello, dentro de un gran pacto de estado sobre el futuro de la Seguridad Social basado en criterios técnicos.

Esas eran sus propuestas cuando ocupaba la dirección de la AIReF; la política tiene un “no sé qué” que hace tontos a listos e idiotas a inteligentes, y de ello hay múltiples antecedentes en todos los partidos que han llegado al poder. Veamos en qué ha quedado todo esto.

El Gobierno ha llegado a un pacto con los empresarios, organizaciones subvencionadas, y con los sindicatos, igualmente subvencionados, que cada vez tienen menos afiliados y pagan una cuota muy reducida, por lo que su capacidad de resistencia en huelgas es prácticamente nula, pues no pueden atender los salarios que los trabajadores dejan de percibir en esos días. Para que puedan subsistir se crearon una serie de subvenciones a cargo del Estado, bajo distintas nomenclaturas y finalidades, algunas de ellas perdidas monetariamente por el camino. Como todo subvencionado, son esclavos de quien lo subvenciona, el perro mueve el rabo cuando se lo indica su dueño, ellos se movilizan cuando los partidos de izquierda se lo ordenan. Los principales acuerdos han sido:

• Revalorización anual de las pensiones en función del IPC referenciado al año natural anterior. Si hubiera IPC negativo, no supondrá bajada de las pensiones.

• Se deroga el Factor de Sostenibilidad en función de la esperanza de vida. Se trabajará (en futuro) sobre un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que entrará en vigor en el año 2027.

• Se pretende aumentar la edad real de jubilación, introduciendo coeficientes penalizadores para jubilación anticipada voluntaria (hasta dos años antes de la edad legal), calculado por meses. La penalización será desde un mínimo del 2,8% hasta un máximo del 21% según los siguientes tramos: Quienes tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, adelantar su jubilación 24 meses les supondrá una reducción en su pensión de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes). Y para los que tengan cotizados más de 38 años y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes). Por su parte, el reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes y del 2,81% un mes antes.

• Se incentiva retrasar la jubilación mediante una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que puede llegar a los 12.000 euros) por cada año que el trabajador decida retrasar su jubilación más allá de la edad legal.

• Se permitirá que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al 100% de su pensión, con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo.

• Se traslada el déficit de la Seguridad Social a los PGE, liberándose parte de ese déficit que será costeados con impuestos en lugar de con cotizaciones.

En los próximos meses se acometerán también una serie de medidas, como el sistema de cotización de los becarios (en tres meses), la homologación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de las casadas (en seis meses) y la mejora en la protección de los cuidadores no profesionales (en seis meses). Nuevo sistema de cotización de autónomos según sus ingresos reales, cambios en los periodos de cómputo de las carreras profesionales para determinar la cuantía de la pensión y cambios en éstas y en las bases máximas.

Perdida la oportunidad de solventar la quiebra ténica de la Seguridad Social

En mi opinión, se ha vuelto a desaprovechar otra ocasión para hacer un pacto nacional entre todas las fuerzas políticas y tomar las medidas adecuadas para solventar la quiebra técnica en la que se encuentra la Seguridad Social. Ha sido una reunión en la que se ha hablado de “pájaros y flores”, una faena de aliño para salir del paso, en el que la edad establecida para la jubilación, el periodo de referencia laboral y los coeficientes penalizadores para la jubilación anticipada voluntaria (no hay ninguna empresa privada que mantenga un empleado más allá de los 55/58 años), siendo legal las prejubilaciones (que no dejan de ser un despido encubierto) y el despido libre con indemnización reducida, convierte en imposible una pensión del 100% de la base correspondiente a los futuros jubilados. No tengo, ni he realizado, números concretos, pero, por lógica, son muchos los millones de euros que se van a retirar de la economía de nuestros mayores que se jubilen a partir del año próximo.

En cuanto a trasladar el déficit de la Seguridad Social al Estado, es cambiar el nombre de la caja, pero sin solucionar el endeudamiento público.

Vuelvo a exponer una de mis teorías, ajena a militancia política: Todo esto está bien. Pero hay que tomar medidas drásticas, y no precisamente rebajando las pensiones (porque toda la prosopopeya montada tiene ese único objetivo final) , sino, a partir de una fecha concreta, pidiendo un esfuerzo adicional a empresas y trabajadores, creando una “mochila” con un porcentaje mensual de consenso, que irá siempre con el trabajador a cualquier trabajo que desarrolle en su vida profesional, todo ello complementario a la pensión estatal, permitiendo además una jubilación activa remunerada. Para ello, habría que crear incentivos fiscales, al trabajador y a las empresas, entre ellos establecer que el rescate de los Planes de Pensiones por jubilación pague impuestos por rentas de capital en vez de rentas de trabajo, claves para fomentar el ahorro privado de cara a la jubilación.

Y esto solo puede hacerlo el socialismo, pues si lo hiciera la derecha se echarían a la calle los millones de personas subvencionadas por la izquierda, incluidos sindicatos y otras organizaciones que viven del cuento de sueños imposibles.

Lo peor de todo es que el Gobierno asume que el envejecimiento de la población española y la propia estructura demográfica del país hacen obligatorio un incremento del gasto público en pensiones en los próximos años. En junio 2021 se han satisfecho 9,8 millones de pensiones por importe de 10.180 millones de euros, que hacen un total de algo más de 140.000 millones de euros anuales, con un incremento interanual del 5,6% y una pensión media de 1.200 euros mensuales.

Hay que elegir

La ciudadanía española debería ir eligiendo: tener una sanidad pública y una pensión como la que tiene ahora, o que las restricciones recaigan sobre dos grandes gastos desbocados:

1. Fusionar algunas Comunidades Autónomas, con lo que desaparecerían multitud de cargos, carguillos, amiguetes y caciques locales, a la vez que se reconoce de forma expresa las particularidades propias de Cataluña y el País Vasco a las que, dentro de la solidaridad interterritorial e isonomía entre todos los españoles, mantendrán autonomía financiera y otras transferencias de servicio al ciudadano, salvo temas de educación, defensa, justicia y sanidad, que será igual en todo el territorio español.

El sistema autonómico español representa el modelo de Estado más costoso y despilfarrador de toda Europa y, probablemente, del mundo. Mantener a 17 gobiernos regionales, cada uno con sus parlamentos, consejerías, empresas públicas, instituciones y funcionando como reinos de taifas no es sostenible, ni siquiera para países tan ricos como Estados Unidos o Alemania. España es el país de Europa con más políticos a cargo del Estado, casi 500.000, más que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, una locura que convierte en insostenible un Estado autonómico que, además, alimenta la corrupción, la desigualdad y el separatismo, pero en el que los políticos han encontrado un sistema para multiplicar su poder, su dinero, sus privilegios y sus lujos, no quieren prescindir de la locura autonómica y están dispuestos a sacrificar antes el sistema de pensiones, ya casi arruinado por ellos.

2. Convertir en productivo el gasto improductivo que es la prestación por desempleo y subvenciones a quienes no trabajan, nativos e inmigrantes, introduciendo criterios de eficacia, cambiando el concepto por el de Salario de Subsistencia, periodo transitorio, con contraprestación de colaboración social de obligado cumplimiento por parte de los perceptores, a disposición del alcalde de cada ciudad y pueblo de España, en horario de jornada completa. Desaparecería así gran parte de la economía sumergida, disminuirían los pagos a parados y aumentarían los ingresos de Hacienda y de la Seguridad Social, por los trabajos que aparecerían de forma exponencial en corto plazo, tanto por parte del trabajador como del empresario, algunos de los cuales se ha acostumbrado a pagar en dinero negro. 

El dinero es un bien escaso, la Deuda Pública Española impagable (y se pretende aumentar), y en el momento que suban los tipos de interés, España tendrá graves problemas financieros, y si no se afrontan profundas medidas en el tema de las pensiones, que nadie piense que, a medio plazo, va a poder seguir disfrutando como pensionista el mismo estado de bienestar que ahora tiene.