Los aranceles y el sector de los cuidados

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el Estado comienza a tener un papel preponderante mediante su intervencionismo, con el objetivo de lograr que sus políticas mejoren el bienestar social y la calidad de vida de sus ciudadanos, originándose así el término “Estado del Bienestar”.

Esta corriente global se pone de manifiesto en España con la participación de los primeros gobiernos democráticos. Con un claro objetivo de la redistribución de la riqueza existente, se trasladan al ámbito normativo los contenidos económicos que facilitan el desarrollo de los derechos subjetivos, y se genera la capacidad de proporcionar los servicios que la población necesita. En el ámbito social, encontramos el ejemplo más claro en la reforma normativa del año 2006 cuando a las partidas presupuestarias que siempre se habían incluido en el sistema de protección social (pensiones, educación y sanidad), se une por primera vez el concepto de “atención a la dependencia”, generando así el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Con la guerra arancelaria mundial en pleno auge, necesitamos hacer realidad el reconocimiento social de los cuidados, sensibilizando a los ciudadanos sobre la importancia de los cuidados como un derecho humano esencial y dignificar el trabajo de quienes se dedican a esta labor; y no sólo hay que hacerlo de forma simbólica, sino que también debe traducirse en políticas que garanticen condiciones laborales justas y una mayor valoración social del cuidado.

Por otro lado, se hace imprescindible la creación de un sistema integral de cuidados que contemple un debate profundo sobre el modelo de cuidados que necesita nuestra sociedad. Los últimos informes económicos de la Comisión Europea coinciden en que, si se pretende la sostenibilidad del sistema, debemos comenzar a poner el foco en la prevención de la dependencia en lugar de hacerlo en la atención de la dependencia. Tan sólo si somos capaces de comprender la reducción de costes y de recursos (humanos y materiales) que supone abordar los problemas asociados a los cuidados en sus etapas iniciales, podremos dedicar los esfuerzos necesarios a esa última etapa de la vida que supone la institucionalización de las personas mayores en las residencias.

Desde un punto de vista económico, se estima que el sector de las tareas domésticas y de los cuidados podría suponer un 40% del PIB para el conjunto de España, por lo que al desarrollar el sector de los cuidados y reconocer el trabajo de cuidados como una actividad económica fundamental, las sociedades pueden abordar las disparidades de género y promover la justicia social. 

Debemos aprovechar esta situación de inestabilidad arancelaria global para fortalecer nuestro sistema de cuidados, y reenfocar el mismo hacia el tratamiento preventivo, de mantenimiento y rehabilitador de las patologías asociadas a la edad (prevención de la dependencia), contando con un sistema productivo que genere un empleo de calidad, estable, y no deslocalizable (y por tanto no sujeto a un sistema aranceles subjetivo entre países). Es el nuestro, en definitiva, un “sector refugio” para el sistema productivo español, y tan sólo debemos preocuparnos de garantizar unas condiciones de trabajo dignas para las mujeres (y en su gran mayoría migrantes) que hacen posible la atención al sector más vulnerable de nuestra sociedad: las personas mayores.