Ahora toca repensar las pensiones

El pasado 22 de junio, el Congreso de los Diputados reinició el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de consensuar las acciones necesarias para garantizar el futuro del sistema público de pensiones. Se trata, sin duda, de una muy buena noticia ya que la crisis sanitaria, económica y social que estamos sufriendo había obligado a pasar todos los debates sobre este tema a un segundo término. Los comentarios del ministro José Luis Escrivá (@joseluisescriva) sobre la confianza de llegar a un acuerdo antes de fin de año ponen de manifiesto la necesidad de encauzar cuanto antes uno de los grandes desafíos de la economía española en los próximos años.

Desde el Foro de Expertos del Instituto Santalucía se considera que se necesita, de forma urgente, llegar a pactos de Estado con una amplia mayoría para encauzar el crecimiento económico, de forma general, y la sostenibilidad del sistema de pensiones, en particular. Por otra parte, el Foro insta a buscar un nuevo consenso en el Pacto de Toledo sobre las reformas necesarias para asegurar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones, de manera que no suponga trasladar el problema en su integridad a las generaciones más jóvenes. Este consenso ha de tener en cuenta la actual situación demográfica, social y económica, que es muy diferente de la existente en el momento de puesta en marcha del Pacto, en 1995.

Cabe destacar que en febrero de 2019 se estuvo a punto de llegar a un acuerdo a través de 22 recomendaciones, que será la base de las nuevas negociaciones de este año. Además, tenemos que tener en cuenta la visión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en su anterior puesto de presidente de la AIREF, donde reflejaba las medidas para hacer sostenible el sistema de pensiones.

Revalorización de las pensiones

Precisamente, uno de los puntos en los que se alcanzó un acuerdo en 2019 fue en el incremento de las pensiones con el IPC o con una mezcla de indicadores que influyeran en la actualización de pensiones. Recordemos que, actualmente, las pensiones están creciendo a través de real decreto (el último real decreto establece un crecimiento al 0,9%, con cláusula de revisión del IPC si la inflación crece por encima de este), y que está en stand-by la reforma de 2013, que creaba el índice de revalorización de las pensiones IPS.

Parece que se ha llegado a un acuerdo en la parte fácil, pero queda la parte complicada: cómo conseguir un consenso para que este incremento se pueda financiar y cómo hacer sostenible el sistema a largo plazo. Un estudio realizado por Fedea (@socialfedea) en mayo del año pasado sobre el coste de actualizar las pensiones a la inflación ponía de manifiesto, sobre todo, las implicaciones a largo plazo de una medida de estas características.

Para garantizar la compatibilidad de ambos objetivos, resulta necesario repensar las pensiones desde un punto de vista global, es decir, plantear una reforma estructural del sistema que garantice que las pensiones iniciales no entren con un déficit. Esto exigirá una reducción de la actual tasa de sustitución hasta niveles más realistas y en línea con otras economías más avanzadas en Europa. Esta reforma se podría desarrollar con la adopción de un sistema de cuentas nocionales individuales de contribución definida con una tasa de rentabilidad ligada al crecimiento de la masa salarial y a las proyecciones de crecimiento económico a largo plazo, y un sistema de complementos a mínimos como el actual. Al contrario de lo que puedan pensar muchos, esto no supondría la privatización de las pensiones públicas o el abandono del actual sistema de reparto, sino que aportaría racionalidad, sostenibilidad y trasparencia al sistema, sin sacrificar la actual garantía de suficiencia para aquellos que han cotizado menos. Esta reforma ayudaría también a preservar la equidad intergeneracional del sistema, repartiendo sus cargas equitativamente entre todas las generaciones.

Edad de jubilación y previsión complementaria

Además, como cada trabajador dispone de una “cuenta virtual” en la que se van acumulando sus cotizaciones y las de su empresa y a la que se añaden los rendimientos virtuales generados a un tipo de “interés técnico” que fija la Seguridad Social, el trabajador puede elegir el momento de la jubilación ya que el capital acumulado en esa cuenta se transforma en una renta vitalicia de valor esperado equivalente, teniendo en cuenta la esperanza de vida media de la cohorte correspondiente y utilizando otro tipo de interés técnico, también fijado por la Seguridad Social. De esta forma, existiría mayor flexibilidad en la edad de jubilación y se podría unir a la posibilidad de la plena compatibilidad del cobro de la pensión de jubilación y el trabajo remunerado, como ya existe en otros países de nuestro entorno.

Junto con esta reforma, en paralelo, se debería potenciar la previsión social complementaria. En los últimos meses, se ha producido un debate en potenciar el segundo pilar mejorando la fiscalidad y empeorando la fiscalidad de los complementos previsionales individuales. En este punto, en el Instituto Santalucía consideramos que es necesaria una revisión de la fiscalidad del ahorro bajo un principio de neutralidad: la fiscalidad no debe distorsionar, en ningún caso, las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Por ello, debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo, entendiendo este concepto de manera genérica. Lo que planteamos desde el Instituto Santalucía es la posibilidad de crear una especie de “perímetro de ahorro a largo plazo”, es decir, una cuenta paraguas que permitiría realizar inversiones en distintos tipos de activos financieros disfrutando del mismo tratamiento fiscal que los productos previsionales actuales, como los planes de pensiones.

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José Manuel Jiménez (@yimy65), director del Instituto Santalucía (@santalucia_inst)