Lunes 25 de febrero de 2019
4 minutos
El pasado viernes 22 de febrero acompañamos desde UDP a COCEMFE en un debate en el Congreso de los Diputados, entre representantes de la sociedad civil y la política, reivindicando mediante un manifiesto el derecho a la autonomía personal.
La autonomía personal también es un derecho en el mundo digital; no obstante comprobamos que este “mundo paralelo” o virtual dista mucho de facilitar esa autonomía personal a la que tenemos derecho. Resalto tres hechos:
1) La brecha digital, que no sólo es la falta de capacidades de determinados colectivos (especialmente de personas mayores) para manejar los dispositivos y herramientas digitales, sino también la falta de cobertura de banda ancha en numerosos emplazamientos (especialmente en el ámbito rural), y el coste elevado de la conectividad, especialmente para pensiones y rentas bajas.
Para lo primero pedimos y exigimos más formación. Las personas mayores no somos inútiles ni seres incapaces de aprender. Tan sólo necesitamos que se nos brinde la oportunidad de hacerlo. El “coste” de la formación no es alto si lo comparamos con sus beneficios, pero muchos políticos y empresarios consideran lo contrario. Desde UDP llevamos años intentando llevar esa formación y capacitación a personas mayores del ámbito rural, ese al que nadie quiere ir. Por eso sigue habiendo, también en el acceso a las TIC ciudadanos “de primera” (ciudades) y de segunda o tercera (municipios rurales pequeños).
Lo segundo tendrá solución el día que se cumpla de verdad la Directiva Europea 2014/61 de 15 de mayo de 2014 que establece la “Agenda Digital” para Europa, por la que para 2020, todos los europeos deben tener acceso a velocidades mucho más altas de internet, por encima de los 30 Mbps. Porque esta misma Directiva fijaba en 2013 el año en el que toda la ciudadanía europea debía tener acceso a la banda ancha digital, algo que nuestro país –una vez más- ha incumplido. Y en referencia al precio de dicho acceso, también esta Directiva establece que el coste del mismo debe bajar considerablemente para toda la ciudadanía europea, algo que nos suena en España más a una quimera que a una necesidad, ya que los españoles pagamos de media un 27,4% más por internet que el resto de europeos.
2) La falta de accesibilidad y usabilidad de muchos entornos digitales que, en la práctica, son una barrera para el acceso a las utilidades y servicios que la sociedad de la información nos facilita: lenguaje complicado, entornos no amables, dificultades para navegar y encontrar lo que buscamos, especificaciones y conceptos tecnológicos distantes e incomprensibles.
3) La indefensión ciudadana frente a la administración pública se materializa en la reforma en 2015 de la ley de procedimiento administrativo que establece desde entonces la obligatoriedad para las entidades jurídicas de relacionarse con la administración pública sólo de forma digital - online. Creo que han hecho obligatorio un procedimiento que debería haber sido opcional, por varios motivos:
- La Falta estandarización en procedimientos y requisitos técnicos: No son homogéneos los diferentes entornos web de los portales telemáticos de las administraciones públicas (locales, provinciales, autonómicas y estatales) en cuanto a sus requisitos técnicos y complementos digitales. Cada una exige requerimientos técnicos diferentes y ni incluso la misma aplicación “Autofirma” para la firma de documentos es válida en determinadas administraciones, que han gestado la “suya propia”. Parece que en esto caminamos como el cangrejo, al revés de la cada vez más necesaria estandarización, que en los entornos digitales es todavía más necesaria que en cualquier otro ámbito.
- En ningún caso se puede cercenar un derecho fundamental (el de relacionarnos la sociedad con la administración) pensando en la innovación, si su obligatoriedad y exclusividad excluye a colectivos con menos capacitación o recursos: en este caso hablo de asociaciones (de personas mayores y también otros colectivos).
- UDP planteó hace poco este último tema al amparo del Defensor del Pueblo, pero esta Institución no lo aceptó.
Por suerte ya hay administraciones públicas (autonómicas y locales) que admiten gestiones “en papel” para no discriminar a colectivos más indefensos. ¡Bien por ellas!
Para UDP el acceso de las personas mayores a la Sociedad de la Información, con todas las ventajas y oportunidades que esto supone, es una absoluta prioridad. Estamos elaborando un informe sobre este acceso a internet y sus servicios por parte del colectivo de mayores en nuestro país. Tomando este como base vamos a realizar una Jornada el próximo 2 de abril en la que trataremos específicamente este tema desde sus diferentes perspectivas, acompañados de expertos y de asociaciones. La jornada tendrá lugar en la Sala El Águila de la Comunidad de Madrid.
La Sociedad de la Información ha de ser una Sociedad inclusiva y amigable, propiciando el acceso a su mundo de servicios y oportunidades a todas las personas sin distinción. Acceder es un derecho, no lo olvidemos.
Paca Tricio
Presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas de España (UDP) y del Comité Asesor de 65Ymás.
