Bajar pensiones a toda costa: insistencia no casual

Desde los primeros años 90 del siglo pasado asistimos a un debate permanente sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones.

No es un debate académico, es profundamente político y la posición de insostenibilidad está protagonizada, mayoritariamente, por dos ámbitos muy concretos. 

De un lado, quienes defienden reducir el papel de las políticas públicas, especialmente de protección social, como condición necesaria para mantener una estructura de contribución fiscal débil y una equidad y progresividad fiscal lo más reducida posible. 

De otro, expertos vinculados laboral, contractualmente o mediante patrocinios y financiación de proyectos, a los sectores económicos más relacionados con la oferta privada de previsión social en el ámbito mercantil: asegurador, financiero, gestión de fondos de pensiones, consultoría,…

Es llamativo, en este terreno, la multiplicidad de autodenominados foros de expertos que se constituyen en torno a entidades financieras o aseguradoras, fundaciones de estudios promovidas y/o financiadas por esas mismas empresas con presencia más que relevante en sus órganos de gobierno, que publican de forma casi continua, opiniones en esa misma dirección. 

Si no fuera por lo relevante que es, sería incluso caricaturizable el hecho de que las mismas personas, aparezcan continuamente suscribiendo distintos manifiestos, declaraciones, artículos, informes,… de cada uno de estos foros, para colocar sus mensajes de forma insistente en los medios de comunicación y generar un caldo de cultivo favorable a sus tesis. Sobre esto merecería también alguna reflexión desde los propios medios de comunicación.

Curiosamente suele aparecer en este grupo, con insistencia, el Banco de España. Nuestro banco central nacional y supervisor del sistema bancario español. Su relevante servicio de estudios produce de cuando en cuando, junto a otros informes sin duda de interés, trabajos que se alinean con las posiciones anteriores y lo hace, muy especialmente en declaraciones públicas, su Gobernador. Salvo por la vinculación evidente con el sector que supervisa, llama la atención tanta insistencia en un organismo del Estado, autónomo eso sí, en materias que no le son propias.

Tras la reforma de pensiones de 2013, primera y única en los últimos 27 años, sin acuerdos político y social previos, aprobada en solitario por la mayoría que ostentaba entonces el Partido Popular, estos sectores se manifestaron parcialmente satisfechos por el cumplimiento de sus recomendaciones. Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, aún a costa de su suficiencia, bajando pensiones actuales y futuras, en términos reales, disminuyendo con ello la necesidad de recursos para financiarlas.

La derogación reciente de aquella reforma y su sustitución por un paquete amplio y ambicioso de medidas de refuerzo de la estructura de ingresos de la Seguridad Social española, acordada el 1 de julio de 2021 por el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales y llevado a la Ley 21/2021 aprobada en las Cortes Generales en diciembre pasado y a los Presupuestos Generales del Estado de 2022, despertó de nuevo el año pasado al conjunto de opinadores ya citado. Ese paquete, además, debe ser aún ampliado en una segunda fase de negociación que esperemos pueda concretarse en breve.

Sin embargo, en los últimos meses se ha recrudecido la presión, aprovechando el preocupante escenario de inflación provocado por la crisis energética y la invasión rusa de Ucrania y se insiste en la imposibilidad de garantizar la revalorización de pensiones pactada en 2021 y que ha entrado en vigor el 1.1.2022, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones mediante una revalorización anual con el IPC promedio del año anterior.

Entre los argumentos de estos defensores de la no revalorización de las pensiones con el IPC, se insiste en argumentos como el de aplicar técnicas de cálculo actuarial, propias de los sistemas de capitalización individual (planes y de pensiones y seguros) a un sistema de reparto como es el de Seguridad Social.

Con la misma insistencia hay que reiterar que las pensiones públicas tienen relación con las cotizaciones, no correspondencia actuarial. Responden a dos decisiones fundamentales, la primera, cómo se financian cada año,  cuánto con cotizaciones de trabajadores y empresas (la mayor parte y así seguirá siendo), cuánto con recurso a los presupuestos del Estado, por el lado de los ingresos); la segunda, qué nivel de cobertura han de tener y cómo se mantiene este entre las distintas generaciones.

Hay que responder al empeño permanente por reducir la cobertura de nuestro sistema de pensiones por parte de quienes ofertan sistemas complementarios. Formalmente se defiende que estos tengan ese carácter de complementariedad y no sustitución, pero en realidad se pretende disminuir el primero para ampliar el marco de extensión y desarrollo de los segundos, que lo tienen, pero en ningún caso a costa del sistema público de pensiones al que ni pueden ni deben reemplazar.

Coinciden con ello y alimentan las opiniones de los que, con trazo grueso y poca reflexión, ven cualquier debate sobre sistemas complementarios como un enemigo de la Seguridad Social, contaminando ese debate permanentemente.

Por otra parte, igualan segundo y tercer pilar de pensiones complementarias, como si fueran lo mismo. No lo son. Las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social es una institución clásica en nuestro ordenamiento que permite complementar desde las empresas, como parte de la retribución al trabajo, las prestaciones públicas de incapacidad temporal, invalidez, jubilación o derivadas de fallecimiento. 

Las aportaciones a sistemas complementarios individuales del tercer pilar, aunque formalmente respondan a este mismo fin, en realidad son en su gran mayoría una herramienta de reducción de la contribución fiscal de quien tiene más capacidad de ahorro disponible que lo usa, no principalmente para construir sistemas complementarios, más bien para reducir la aportación fiscal del siguiente año.

No son lo mismo, no merecen el mismo trato, no tienen la misma capacidad de extender y generalizar la previsión social complementaria, como una herramienta de mejorar la distribución de la renta entre capital y trabajo a través de la negociación colectiva. No cumplen la misma función social y, por tanto, no se justifica en modo alguno que tengan tratamientos homogéneos.

Es verdad, eso sí, que las comisiones de gestión y depósito, gastos que recargan las primas,… que cobran las entidades financieras, aseguradoras, gestoras de fondos,… son mucho mayores  en el tercer pilar (contratos de adhesión individual ) que en el segundo (instituciones colectivas en el ámbito de la relación laboral, financiadas principalmente con contribuciones empresariales), con una mayor capacidad de negociación de condiciones desde la representación de trabajadores y empresas que promueven esos instrumentos colectivos. Esta es una razón poderosa que explica muchos de los esfuerzos desde los sectores afectados por colocar insistentemente las reclamaciones de uniformidad de trato entre los sistemas de empleo y los individuales.

La revalorización de pensiones y garantía de mantenimiento de su poder adquisitivo debe mantenerse por distintos motivos: un sistema de pensiones públicas que establece una pensión inicial relacionada con la carrera de cotización de cada persona, no puede deteriorarla progresivamente año a año, reduciendo su poder de compra; lo anterior especialmente para una parte de la población que ya no tiene margen de maniobra o reacción pues su capacidad de reincorporación al empleo es baja o, la mayor parte de las veces, nula; así está pactado con la totalidad de interlocutores sociales más representativos (se acordó en 1996 y, tras la interrupción de la reforma de 2013, se ha vuelto a acordar en 2021); finalmente, cuenta con una clara mayoría parlamentaria, expresada en las Recomendaciones del Pacto de Toledo de noviembre de 2020 y en la aprobación de la Ley 21/2021, hoy en vigor.

Tampoco es razonable aplicar subidas diferenciadas por nivel de pensión. Esto implica un contradictorio cuestionamiento de la contributividad del sistema de pensiones públicas. No se puede decir una cosa y la contraria. Impulsar la mayor relación entre la pensión percibida y la carrera de cotización de cada persona, y negarla cuando esta tiene un impacto de crecimiento de las pensiones que se pagan, en este caso como consecuencia de su revalorización. Es una incoherencia.

Las pensiones participan y seguirán haciéndolo de la necesidad de financiar políticas públicas a través de su contribución fiscal, progresiva a través del IRPF, en su regulación actual, en las que ha habido en el pasado o haya en el futuro. Ese es el marco de definición de las contribuciones de las distintas rentas a las necesidades colectivas, no la de reducir el poder adquisitivo de las pensiones.

Actuar sobre un pacto de rentas, razonable en un marco de esfuerzos compartidos para combatir el brote inflacionista, debe hacerse de forma equilibrada sobre las distintas fuentes de renta (en la distribución primaria entre rentas de capital y trabajo, rentas inmobiliarias,…), control de precios, pacto de acceso a la energía, la contribución fiscal de la ciudadanía por renta y riqueza y combinarlo con un paquete relevante de políticas públicas de apoyo a los sectores más desfavorecidos y afectados por el incremento de la inflación.

Medidas de impacto social, bono social, segmentación de las medidas adoptadas (por ejemplo en el descuento a los combustibles concentrándolo en las actividades profesionales en el sector y las rentas más bajas). 

Se precisan más recursos para potenciar las políticas públicas que son necesarias, así es, sin duda. La herramienta principal es la contribución fiscal, vinculada al nivel de renta y riqueza con criterios de progresividad, no proporcionalidad, en lugar de rompiendo la coherencia de un sistema de pensiones cuya pensión inicial, determinada en relación con la carrera de cotización de cada persona, debe mantener su poder adquisitivo en el tiempo. De lo contrario, se rompe la lógica básica de un sistema de protección social tan importante como la Seguridad Social, fuente de renta de la población española en las últimas etapas de su vida y esencial para sostener la demanda interna de bienes y servicios, de forma además creciente en los próximos años.