Blindar las pensiones. Garantizar nuestro futuro

El próximo 28 de Abril de 2019, el gobierno presidido por Pedro Sánchez ha convocado a los ciudadanos a participar en un nuevo proceso de elecciones generales, del cual surgirá un nuevo legislativo de la nación y de este un nuevo ejecutivo. La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT no concurre como organización en dicho proceso electoral pero sí quiere tener una participación activa en el mismo proponiendo a los diferentes partidos políticos concurrentes algunos elementos que consideramos fundamentales para establecer un debate público, abierto y transparente necesario para el desarrollo de iniciativas políticas que sirvan para eliminar los diferentes problemas arraigados en el colectivo de adultos mayores de nuestro país, compuesto por 8,7 millones de ciudadanos con derecho a voto.

Problemas hoy imbuidos en nuestra sociedad como son: La brecha de género; la nula participación en la agenda política y social, la desigualdad y el empobrecimiento de la clase trabajadora; el debilitamiento de los servicios públicos: sanidad, educación, transporte…;el mantenimiento del “medicamentazo” es un ejemplo; la Ley de Dependencia; la Ley de Memoria Histórica; o la indefensión ante las agresiones de los diferentes “lobbys” que sufre nuestro sistema público de pensiones.

Por ello planteamos tres ejes que consideramos que deben ayudar a fijar el debate: 

1. La defensa del estado de bienestar.
2. La generación de actuaciones que ayuden a implementar políticas de envejecimiento activo.
3. El blindaje del sistema público de pensiones.

Defensa del estado de bienestar

La defensa del estado de bienestar podemos definirla como un contrato social, comprometido entre el conjunto de las diversas instituciones públicas que conforman el estado y los ciudadanos. Este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter redistributivo en base a la solidaridad intergeneracional.

Este contrato social se sustenta y adquiere sentido cuando está construido sobre cuatro pilares fundamentales: Seguridad económica, servicios públicos, eliminación de las desigualdades y lucha contra la pobreza.

Hoy es más necesario que nunca reivindicar y exigir la defensa y profundización de este contrato social agredido constantemente durante años de aplicación de políticas neoliberales, culminando con la reforma del artículo 135 de nuestra Constitución, sin duda la mayor agresión a las políticas sociales cometida en nuestro país.

No podemos hablar de seguridad económica cuando el salario más frecuente en España es de 15.505 euros, y el 45,71% de los trabajadores perciben menos del SMI anual, datos de la última encuesta sobre estructura salarial del INE.

La seguridad económica no existe si el 45,6% de los pensionistas perciben menos de 650 euros, si sumamos a estos a los que perciben entre 651 y 1.000 euros tenemos un 68,3% de pensionistas por debajo del umbral mínimo que marca la OCDE.

Los servicios públicos cada día se encuentran más deteriorados, la sanidad es gestionada por manos privadas convirtiéndose en un negocio en vez de un servicio que garantice la atención y el cuidado de los ciudadanos, el “medicamentazo”, obliga a muchos ciudadanos a dejar de tratarse sus dolencias por falta de recursos. La Ley de Dependencia continúa con vacíos en su modelo de financiación convirtiéndola en inservible. La carencia de becas y la subida de las matriculaciones aleja una vez más a los hijos de la clase trabajadora de la universidad, generando una imposibilidad real para formarse y capacitarse, y de esta forma poder acceder al mundo del trabajo en igualdad de condiciones. El modelo productivo actual nos condena a trabajos temporales y estacionales con salarios de miseria.

En España la brecha de desigualdad aumentó durante la crisis y hoy no somos capaces de controlarla. Somos el cuarto país más desigual de la UE, además, y detrás de Bulgaria, somos el segundo país europeo en el que la diferencia entre ricos y pobres más ha crecido.

En 2008, el 10% de los hogares más ricos contaba con 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres. En 2017 tienen 12,8 veces más. La inexistencia de un marco de políticas generador de una distribución de la riqueza equitativa, justa y solidaria permitió el aumento de los hogares de ingresos más bajos y no ha permitido su recuperación con el crecimiento económico.

En la lucha contra la pobreza debemos significar un hecho: el año pasado aumentaron en 16.500 los hogares en los que no entraba ningún tipo de ingreso, alcanzando los 617.000. También crece el número de ricos. Las personas cuyos activos netos equivalen o superan los 40 millones de euros aumentaron un 4% en 2017.

Desde el inicio de la recuperación, el crecimiento económico ha beneficiado desproporcionadamente a las rentas altas. Durante el último año, el 1% más rico de España acaparó 12 de cada 100 euros creados; mientras que el 50% más pobre se repartió 9 de cada 100.

El estado de bienestar se financia mediante la generación de riqueza, en España la riqueza la genera en un 46% el trabajo y aporta un 56% el capital, a pesar de ello el 75% de nuestros impuestos proceden del IRPF y del IVA, aportando el 25% el capital. Sin duda es necesaria una reforma integral de nuestras políticas fiscales y la lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, que ayuden a una distribución justa de la riqueza social.

¿Podemos hablar de estado de bienestar en un país que expulsa a 2.406.611 personas, de las cuales más de la mitad son jóvenes?

Envejecimiento activo

Envejecimiento activo: "El proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (OMS, 2002).

Por tanto debemos entender el envejecimiento activo no exclusivamente como una práctica de estilo de vida saludable, si no como una forma de entender el desarrollo político-social y económico de un colectivo especialmente maltratado por las prácticas políticas actuales.

Un colectivo, el de los mayores, que tiene la necesidad de no ser únicamente un objeto, quiere, debe ser y sentirse sujeto en la definición de políticas sociales y soluciones que ayuden a satisfacer las necesidades a sus problemas específicos y transversales.

Las primeras acciones que se elaboran para el desarrollo de políticas sobre el denominado envejecimiento activo se plantean en la Conferencia de Madrid en el año 2004, auspiciada por la ONU.

D. Jarre, portavoz de las ONGs participantes en las diferentes conferencias que se han producido posteriormente, advierte de dos elementos importantes sobre el desarrollo de lo aprobado en las mismas, como primer hito nos aporta “la falta de mecanismos de supervisión” de las políticas aprobadas y el segundo hito nos indica, “el débil seguimiento institucional existente” para su implementación.

Sin un estado de bienestar sólido y perfectamente definido con políticas sociales, integrado en el ordenamiento jurídico y con una fijación de un modelo de financiación, es imposible desarrollar el marco de medidas que deben constituir la implementación de políticas para un envejecimiento activo.

Marco que debe agrupar iniciativas en los tres ejes y sus diferentes entornos que componen el envejecimiento activo: Eje participación, entorno político, social y entorno económico; eje salud, entorno servicios sociales y de salud y entorno físico/medioambiental; y eje seguridad, entorno personal y entorno comportamental.

Sistema público de pensiones

Las pensiones son el sustento económico de nuestros mayores y el único apoyo de muchas de las familias de nuestro país No son ni deben suponer un problema económico, son un problema de voluntad política y sentido social ya que se trata de la lucha por la distribución equitativa y racional de la riqueza social.

En 1985, se produjo la primera huelga general en defensa de las pensiones públicas. En 1994 el Banco Mundial, advertía de la necesidad de complementar las pensiones públicas por medio de planes de pensiones privados. Hoy desde Europa “legislan productos” para hacer realidad estas advertencias como son los planes paneuropeos de pensiones.

Por tanto, llevamos más de 30 años soportando agresiones sobre el sistema público de pensiones, agresiones que lo han ido deteriorando: Incrementando la edad de jubilación, cambiando el cálculo de las bases, introduciendo factores de sostenibilidad, congelando la subida de la pensiones…

Creemos que es necesario, cortar de forma radical las injerencias y presiones que ejerce el lobby de aquellos que buscan como solución única la privatización de nuestro sistema público. Creemos que debemos acabar con el debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Creemos que es hora de acabar con las ocurrencias para salvaguardarlo y legislarlo para hacer realidad lo que los ciudadanos han exigido y exigen en las calles: Blindemos el sistema público de pensiones.

Hoy no cabe duda de que gracias a la evolución de la medicina, la genética y la tecnología. Las personas tienen una mayor esperanza de vida, las sociedades cada vez cuentan en sus pirámides demográficas con personas de más avanzada edad, y es cierto que cada día hay menos trabajo, la digitalización, la robótica, según el último informe presentado en Davos,  ”Future of Jobs” creará 2,1 millones de puestos de trabajo, pero destruirá 7,1 millones. Esto supone un problema que debe encontrar soluciones de futuro mediante la reforma del actual modelo económico.

Consecuentemente planteamos cuatro propuestas para defender nuestro sistema de pensiones públicas:

1.- El actual modelo contributivo y de reparto que financia las pensiones debe ser complementado para su financiación presente y futura con los Presupuestos Generales del Estado, al igual que se financia la salud, la educación, la defensa o la Casa Real.

2.- Para ello es necesario reformar nuestro sistema fiscal y modelar una redistribución de la riqueza más justa y solidaria. 

3.- Derogar la reforma laboral. Cambiar el modelo económico actual, basado en la hostelería y el ladrillo, por otro que sea capaz de generar empleo de calidad y salarios adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Rompamos definitivamente la brecha de género. A salarios miserables, cotizaciones miserables, que generan pensiones miserables.

4.- Por último, planteamos la reforma de los artículos 41 y 50 de nuestra Constitución para blindar jurídicamente el sistema de pensiones públicas.

---

Anatolio Diez Merino, Secretario General UJP-UGT y miembro del Comité Asesor de 65Ymás.