Los retos actuales del sistema de pensiones

La crisis sanitaria originada por la pandemia de la Covid-19 ha tenido un enorme impacto económico a nivel internacional en términos de contracción de la actividad productiva, reducción de los intercambios comerciales y pérdidas de empleos. Dada la naturaleza y el patrón de crecimiento de nuestra economía, es previsible que esta crisis tenga un mayor impacto sobre las familias y las empresas españolas y, una vez introducidas las medidas de sostenimiento y recuperación de la actividad, termine trasladándose de igual forma al sector público en forma de mayores déficits y niveles de endeudamiento sobre el PIB.

La lógica reorientación de los objetivos de la política económica hacia la recomposición de nuestros niveles de actividad y empleo a posiciones previas a la crisis, no debe dejar de lado los principales retos a los que se enfrenta la economía española. Entre estos se ha de destacar el impacto demográfico ocasionado por el envejecimiento de la población y su repercusión sobre el sistema de pensiones actual.

Es más, la negativa incidencia sobre el mercado de trabajo y sobre las cuentas públicas que previsiblemente tendrá esta crisis hace aún más urgente la necesidad de tomar decisiones y resolver las debilidades que presenta el actual sistema de pensiones en cuanto a la sostenibilidad financiera, su carácter contributivo y suficiencia del mismo, así como a la equidad.

La confianza que debe proyectar en el actual contexto la economía española frente a nuestros principales inversores y acreedores, así como la determinación de las principales decisiones de consumo, trabajo, ahorro e inversión que accionarán los agentes económicos en los próximos años, requieren de la más completa y objetiva información acerca del desarrollo próximo de este sistema público de previsión social.

Dilema para sostener los actuales parámetros del sistema

En este sentido, es necesario transparentar hacia la opinión pública la imposibilidad de sostener los actuales parámetros del sistema, dada la presión demográfica existente, sin que se introduzcan cambios que reduzcan sustancialmente los niveles de bienestar de un amplio conjunto de la población. El objetivo de lo anterior no es cuestionar la viabilidad del actual sistema público de pensiones de reparto y prestación definida, sino el de interpelar al conjunto de los poderes públicos hacia una acción efectiva que modelice un sistema de pensiones sostenible, sin que continuamente se tenga que estar tomando decisiones de carácter discrecional, en gran medida sobre los ingresos, para cubrir los desajustes y necesidades de pago del mismo.

Existe un consenso entre los expertos y la práctica totalidad de los recientes estudios sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones, que comparten el mismo diagnóstico. Este es, dado la inexorable evolución del escenario demográfico a medio y largo plazo, el mantenimiento de las actuales tasas de sustitución o de reparto, muy superiores a las de los principales países de nuestro entorno, que exigiría un cuantioso e inabordable aumento de los ingresos, contando con unas condiciones del ciclo favorables, en cuanto a la tasa de ocupación y crecimiento de la productividad se refiere.

Adicionalmente, se presentan, en estos momentos, determinadas circunstancias financieras para el sector público que agravan este dilema. En 2019, la Seguridad Social ha recaudado aproximadamente un 20% más que lo que se recaudaba en el periodo previo a la crisis de 2008, cuando apenas se ha llegado al mismo nivel de cotizantes al sistema. Por su parte, el gasto ha crecido un 53,0% más en el mismo periodo. El déficit estructural de la Seguridad Social se sitúa en el entorno de los 17.000 millones de euros, esto es, aproximadamente un 1,3% del PIB. Se ha de destacar que el déficit del sistema de pensiones supone, aproximadamente, un tercio del déficit estructural total de las Administraciones Públicas que se proyecta y que supere el 5,5% durante los próximos años.

Más del 7% de déficit público en el conjunto de dos años

 

 

Junto a esta situación de desequilibrio de partida del sistema hay que añadir que, en términos cíclicos, la actual crisis, elevará el déficit público por encima del 7,0% en el conjunto de los dos próximos años y el endeudamiento de las AA.PP. superaría el 110,0%. La Seguridad Social no se vería ajena a este contexto, por lo que en términos de déficit que se obtendría, bajo el contexto de previsiones actuales, sería de un mínimo de un 3,0% sobre el PIB, del que dos tercios estaría explicado por el lado de los ingresos y un tercio restante al componente de los gastos.

Con todo lo anterior, parece menos previsible encontrar un espacio presupuestario en otros ámbitos de la Administración que proporcione un alivio de la presión del sistema de pensiones al empeorar sensiblemente y de forma conjunta la posición fiscal del conjunto de las AA.PP. De igual forma, se vislumbra, como menos aconsejable, introducir una mayor carga contributiva a la demanda de empleo en la actual posición del ciclo de la actividad por el que atravesará la economía española durante los próximos años.

Conviene extender los años para calcular la pensión

De esta forma, es conveniente profundizar sobre las medidas que se aprobaron en las reformas de 2011 y 2013, equiparándonos con las economías de nuestro entorno y que hacen referencia, entre otras, a la extensión del número de años necesarios para el cálculo de la prestación, o en la minoración de todos los incentivos para aumentar la edad efectiva de jubilación. El desafío demográfico y el desequilibrio estructural alcanzado en la actualidad exige una adecuación y restablecimiento de la naturaleza contributiva del sistema a través de un equilibrio actuarial entre las aportaciones realizadas por cada uno de los trabajadores y la prestación efectiva.

Por su parte, dentro del componente de los gastos, destaca, en el actual contexto, el efecto negativo que tiene la reversión de las condiciones de revaloración de las pensiones, ligándolas nuevamente a la variación del IPC, así como a la suspensión de la aplicación del factor de sostenibilidad, lo que introduce una mayor presión sobre el déficit presente, al no haber sido compensadas por una modificación de los otros parámetros que determinan su evolución.

Incentivos fiscales a la previsión social complementaria 

Adicionalmente, es necesario incentivar e impulsar la previsión social complementaria en España. Este impulso, en su carácter individual, debe basarse en su naturaleza voluntaria y valorarse, a su vez, desde la perspectiva de la complementariedad de las prestaciones de la Seguridad Social. El impulso adquiriría mayor fuerza a través de un marco fiscal de incentivos con vocación de permanencia a lo largo del tiempo, con mayor flexibilidad en la utilización de los productos.

Los sistemas complementarios de la Seguridad Social están muy desarrollados en países de nuestro entorno, tal y como muestra el volumen del patrimonio de los fondos de pensiones privados y los seguros de vida. En Reino Unido, Dinamarca u Holanda dichos fondos en sistemas complementarios equivalen, alrededor o por encima, al 100% del PIB del país. En cambio, en España sólo alcanzan el 23% del PIB.

En el ámbito colectivo, desde la óptica empresarial, resulta necesario avanzar en modificaciones normativas que incentiven la promoción de estas figuras para las empresas. Se deben introducir aquellas reformas en el modelo existente que lo conviertan en atractivo para las mismas, lo que supone la realización de actuaciones no sólo en el plano fiscal, sino fundamentalmente en el análisis global de los costes sociales que asumen las empresas, ya que la previsión social complementaria en el ámbito empresarial debe ser contemplada como una herramienta de eficacia para la política de recursos humanos de la empresa, sin que en ningún caso suponga la asunción de costes económicos adicionales a las cotizaciones sociales empresariales.

Por ello, todo planteamiento dirigido a incentivar la previsión social complementaria empresarial no puede separarse del análisis del sistema público de pensiones, tanto desde la perspectiva de la complementariedad de las prestaciones, como de la condición de las empresas como agentes financiadores mayoritarios de este sistema y su repercusión sobre los costes empresariales.

Como se ha expuesto, la situación de las cuentas públicas, el incremento del gasto en pensiones y las proyecciones de evolución de este gasto en función de la demografía, hacen imprescindible abordar el problema con urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Española, y como han hecho otros países de nuestro entorno para mejorar la sostenibilidad de su sistema de pensiones.

Reforzar la relación entre contribución y prestación

La reforma del sistema de pensiones debe aportar cambios importantes dirigidos a obtener un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo. En este sentido, las reformas deben ir encaminadas a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, resultando fundamental el principio de contribución. Es decir, se debe reforzar la relación entre la contribución realizada y la prestación recibida. De igual forma, es importante racionalizar los procesos de gestión, control y seguimiento de prestaciones de la Seguridad Social y aumentar la colaboración público-privada, el desarrollo e incentivación de los planes privados de pensiones como complementarios a sistema público.

Para ello, es prioritario en primer lugar que la sociedad, a través de nuestros representantes públicos llegue a un consenso sobre el nivel de suficiencia, evaluado por la tasa de sustitución, que nuestro sistema de pensiones debe contemplar en cada uno de sus respectivos pilares. A partir de este consenso se ha de revisar el sistema para ajustar la evolución de sus parámetros y la adecuación y necesidad de los recursos disponibles para su financiación.

Por último, es imprescindible que esta reforma se contextualice desde una perspectiva de equidad intergeneracional, de tal forma, que se gradúen y se repartan las contribuciones y participaciones en el sistema de forma proporcional a lo largo del tiempo del tiempo. Urge en este momento llevar a cabo medidas que permitan aumentar la competitividad empresarial, estimular la actividad económica y mejorar el marco sociolaboral que permita la sostenibilidad y viabilidad futura de nuestro sistema de pensiones.

---

Carlos Ruiz (@carlosrufon) es Director de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE @IEE_madrid)