La auditoría de la Seguridad Social debe hacerla el Tribunal de Cuentas

Una delegación de portavoces de COORPEN Madrid-COESPE (@Coorpenmadrid) se reunieron el 10 de mayo con una delegación del PSOE, encabezada por Juan Francisco Serrano, miembro de la Ejecutiva Confederal, responsable de la Secretaría para el Pacto de Toledo y la Inclusión Social y diputado por Jaén. La reunión fue concertada el 22 de abril en el marco de una movilización estatal en la que entregamos una carta de reivindicaciones a la Ejecutiva Federal del PSOE, entre ellas la exigencia democrática de una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social y nuestro rechazo al Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, enviado recientemente a las Cortes. Ante las menciones de Juan Francisco Serrano a las “mejoras” introducidas en la revalorización de las prensiones, sin entrar en el fondo del asunto, dejamos constancia de que, en vez de revalorización de las pensiones debía hablarse de desvalorización de las pensiones. No estamos de acuerdo con el criterio aplicado. Defendemos la aplicación del IPC real, única garantía de mantener el poder adquisitivo.

En primer lugar, respecto a la auditoría, consideramos que era una obligación del Gobierno encargarla. Eso es lo que dispone la Ley 21/21, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo: “En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría”. El plazo se cumplió a finales de enero, y esa obligación se sigue incumpliendo. Destacamos que la obligación de cumplir la ley no es un asunto optativo de los poderes públicos, ni de ningún ministro. La ley hay que cumplirla. Igualmente, la ley dispone que el informe de auditoría “será realizado en un plazo máximo de seis meses”, es decir, que la auditoría debería estar concluida dentro de unas semanas. Es otro plazo que parece se incumplirá.

También se incumplió sistemáticamente la ley que protege el Patrimonio de la Seguridad Social, según la cual las cotizaciones sociales solo pueden destinarse a prestaciones del régimen de reparto en que se fundamente nuestra Seguridad Social, y en ningún caso para gastos ajenos.

Constatamos que la auditoría (o fiscalización) no se ha encargado aún al Tribunal de Cuentas. Y quienes tienen que activar el procedimiento para reunir la Comisión Mixta Congreso-Senado y votar el encargo correspondiente son los diputados socialistas con su mayoría relativa. De hecho, en la actualidad, todos los grupos de izquierda del Congreso, excepto el PSOE, que participaron en una rueda de prensa el 6 de abril con una nutrida representación de todas las coordinadoras de pensionistas de España, apoyan la realización de una auditoría o fiscalización por el Tribunal de Cuentas.

Pero el PSOE no convoca la Comisión Mixta Congreso-Senado que debe votar el encargo correspondiente, con una orden del día en el que conste la propuesta de los otros grupos de izquierda del Parlamento para que se encargue la auditoría al Tribunal de Cuentas.

El diputado Juan Francisco Serrano nos manifiesta que efectivamente, tal como decimos, la institución que haga la auditoría debe ser independiente, y además pública, y consecuentemente corresponde al Tribunal de Cuentas. Respecto al retraso en encargarla, considera que aún hay tiempo.

Prisas por introducir recortes en pensiones

Por nuestra parte, explicamos que parece haber una combinación entre las prisas por introducir recortes y cambios del modelo y los retrasos en la puesta en marcha de una auditoría. Se retrasa poner de manifiesto la magnitud del saqueo producido por el desvío de recursos del sistema, demostrando la sostenibilidad del sistema. Se demostraría así que muchas de las medidas propuestas por el ministro Escrivá son innecesarias.

En segundo lugar, abordamos el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, que el Gobierno envió recientemente a las Cortes. Nos centramos en explicar el rechazo a la disposición que excluye de la cotización a la Seguridad Social a determinadas aportaciones empresariales a planes de empleo.

Manifestamos nuestro rechazo a la desgravación fiscal a las aportaciones a los fondos de pensiones, pues constituye un simple regalo a cuenta de todos los ciudadanos a favor de aquellos a los que les sobra dinero para invertir unos fondos privados.

El Proyecto de Ley del Gobierno propone hacer un regalo a los empresarios, a costa de reducir los ingresos por cotizaciones correspondiente a cada trabajador, reduciendo sus bases de cotización, con efecto directo en una reducción de su pensión publica para toda su vida de pensionista.

El diputado Juan Francisco Serrano, muy escuetamente, señaló que el Proyecto de Ley es eso, un proyecto, y que lo importante es lo que salga fruto de la discusión parlamentaria. Por nuestra parte, explicamos que ese proyecto supone abrir la puerta a la privatización del sistema público en beneficio exclusivo del capital financiero, cuyo fin es reducir nuestro sistema de reparto a un sistema asistencial.

En conclusión, parece confirmarse en la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025, enviado en estos días por el Gobierno a Bruselas, que se prevé una reducción de la tasa de sustitución de las pensiones: “Se proyecta una caída de la tasa de sustitución (…) hasta el entorno del 30% en 2070”. Y este plan de reducir la tasa de sustitución, igual que se señaló anteriormente, choca con lo dispuesto en la Ley 21/21 de 28 de diciembre, que dispone el mantenimiento de la tasa de sustitución o de remplazo de las pensiones. Este es uno de los aspectos principales del cambio de modelo de Seguridad Social en marcha, reducir las pensiones públicas y dejar espacio al negocio de los bancos con la capitalización de las aportaciones. Así, se sustituyen pensiones públicas por pensiones privadas del sistema complementario, incumpliendo hasta lo dispuesto en el Pacto de Toledo.

El diputado Juan Francisco Serrano nos dijo que esperaba volver a hablar pronto con nosotros, en el plazo de un mes aproximadamente.

Por nuestra parte, al principio de la reunión dijimos que haríamos una nota sobre el contenido de la misma. La lucha sigue, es innegociable el sistema público de reparto, que incluya una revalorización automática de las pensiones de acuerdo con la inflación.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!

Firmado: Delegación de COORPEN Madrid, Teresa Blázquez, Ángel García y Juan Miguel Fernández

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