Carta abierta a las ministras de Trabajo y de Seguridad Social

 

Me dirijo a sus Excelencias con el debido respeto, en mi condición de ciudadano español, jubilado pensionista de 72 años de edad, con 47 años cotizados a la Seguridad Social, apelando a su misión como Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social y, Ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, respectivamente.

En primer lugar, quisiera transmitir mi felicitación por la revalidación de los cargos a la primera y nuevo nombramiento a la segunda, para esta nueva legislatura que acaba de empezar.

El pasado 28 de octubre realizamos en Madrid una manifestación y concentración convocada por las plataformas y colectivos de pensionistas del Estado, entre ellas ASJUBI40 y apoyada por diversas organizaciones sociales a nivel internacional, con la presencia de unas 25.000 personas desplazadas de diferentes comunidades autónomas que resultó siendo un éxito, a pesar del silencio de los medios de comunicación, con la única excepción del diario digital 65YMAS, que nos da visibilidad, y de los intentos del Ayuntamiento de Madrid por boicotear para entorpecer e invalidar dicha movilización, hasta el último momento del inicio de la misma.

El Gobierno, tras la manifestación, aprobó el lunes 30 de octubre, en aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022 de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social sin devengo de intereses, por un importe de hasta 10.003 millones de euros, dicen, para atender la paga extraordinaria de navidad de l@s pensionistas, pero la realidad es que el objeto del mismo es proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma, y su cancelación se producirá en un plazo máximo de diez años a partir del 1 de enero del próximo año.

Tal como ha señalado COESPE en sus comunicados, la manipulación financiera consiste, en primer lugar, en que el Estado no registra como gasto propio el importe del préstamo, ocultando así lo que debería constituir un aumento del déficit público del Estado; en segundo lugar, como consecuencia de la manipulación de este registro contable, el préstamo figurará en el pasivo del balance de la Seguridad Social como una deuda más, incrementando aún más la falsa deuda que pregonan en la Seguridad Social a consecuencia de reducir falsamente el importe de los déficits del Estado.

Así, la manipulación de las cuentas de la Seguridad Social y la nula transparencia de las mismas, se entiende con más claridad que el incumplimiento de realizar la comprometida y ansiada auditoría de la Seguridad Social y cumplir con la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, es una acción intencionada gubernativa.

El mensaje que se lanzó en dicha manifestación al entonces futuro Gobierno, que ahora acaba de formarse, cuya investidura Presidencial se ha producido el jueves 16, es claro. Que deben desaparecer los coeficientes reductores a pensionistas con largas carreras de cotización con 40 o más años cotizados. Que las pensiones públicas y los salarios deben ser revalorizados con el IPC real. Que el sistema público de pensiones no puede ser privatizado por medio de convenios colectivos que desvían los ingresos de la Seguridad Social a fondos privados de pensiones que siempre terminan quebrando, y que ningún pensionista deberá estar por debajo de los 1.080 euros, igualándolas con el SMI actual, así como reducir la brecha de género en los salarios y pensiones, entre otras reivindicaciones. En definitiva, el objetivo no es otro que se mantenga un sistema público decente para que l@s pensionist@s podamos vivir dignamente el tiempo que nos quede de vida.

Uno de cada tres pensionistas no pasa de 700 euros al mes en España, y según datos de Comisiones Obreras hay 9,5 millones de personas en España con sueldos de 1.000 euros al mes, que no llegan a final de éste.

La sociedad está más que harta de la situación por la que estamos pasando en estos momentos. Nuestra queja proviene de la falta de sensibilidad de los políticos e incluso la Casa Real está teniendo para con los ciudadanos de a pie, así como el mal funcionamiento de algunas administraciones públicas que repercuten de forma negativa en los ciudadanos.

La Asociación ASJUBI40 a la que estoy adherido y que me siento representado junto con los 769.778 pensionistas afectados (datos a 15-11-21 según Senado), nos sentimos decepcionados con el acuerdo de legislatura alcanzado entre PSOE y Sumar, ya que el mismo presenta como punto principal la reducción de la jornada laboral, pues ni siquiera hace mención a solventar la injusticia que sufrimos este colectivo de personas jubilad@s antes de la edad ordinaria, pero con largas carreras de cotización comprendidas entre los 40 y 47 años cotizados, que ven penalizada su pensión hasta su fallecimiento. Esta es la generación que comenzó a trabajar a los 14 años (hoy sería considerado esclavitud y estaría prohibido), que trabajó muchos años seis días a la semana durante 8 horas diarias, y que no pudimos estudiar si no fuese en nocturnidad. A esta generación la han castigado desde niños, de adolescentes y, ahora de mayores.  ¿Cómo puede ser que mantengan la penalización a personas con más de 40 años cotizados? Es una absoluta aberración, incongruencia, indignación e injusticia. Y esto sucede en el país con mayor desempleo entre mayores de 50 años. Si hacemos una comparativa del antes y después, ¿no creen las Sras. Ministras que deberíamos tener una recompensa por el número de horas trabajadas durante nuestra vida laboral con respecto a la reducción de jornada que ahora se pretende con el acuerdo PSOE-Sumar?

La decepción no es de ahora, proviene anteriormente a la firma del acuerdo entre los dos partidos, ya que como la memoria es débil, conviene recordar cronológicamente los siguientes acontecimientos:

1) Dña. Yolanda Díaz había confirmado por escrito a ASJUBI40, ya cuando estaba En Marea, el apoyo total a nuestra reivindicación.

2) Unidas Podemos presentó una enmienda a la reforma de las pensiones de 2021. Exigía eliminar los coeficientes reductores para jubilaciones a los 60 años de edad con más de 35 años cotizados, tal como establecía su programa electoral. Un día después, Yolanda Díaz retiró la citada enmienda y se aprobó posteriormente la reforma sin justificar su cambio de opinión. Qué poco duran los “principios”.

 3) Los principales valedores de la reivindicación de ASJUBI40, la diputada Meri Pita, portavoz de UP en el Pacto de Toledo, y el senador Carles Mulet fueron “defenestrados” por el equipo de Yolanda Díaz.

 4) El denominado “proceso de escucha” de Yolanda Díaz, previo a las elecciones de julio 2023 despreció a ASJUBI40. Ni siquiera se dignó responder a las diversas solicitudes de entrevistas.

 5) La creación de un grupo de WhatsApp para remitir preguntas fue otra de sus burlas. Ninguna de las decenas de preguntas remitidas por miembros de ASJUBI40 fue respondidas.

 Asimismo, el anterior Ministro de Seguridad Social, D. José Luis Escrivá, por quien también nos sentimos decepcionados y traicionados por la no resolución a las reivindicaciones planteadas, ha reconocido que es una situación “intrínsecamente injusta”, sin embargo en la última reforma de las pensiones NO ha hecho nada por suprimir estos coeficientes reductores a largas carreras de cotización.

El secretario general de UGT se ha manifestado en numerosas ocasiones favorable a eliminar los coeficientes reductores, y tuvo la desvergüenza de repetirlo después de haber firmado la reforma de las pensiones en la que no se incluye la supresión de dichos coeficientes reductores.

En el mundo de la política, parece que no existe la palabra dada, o el compromiso suscrito. Eso queda para la gente normal, para el ciudadano de la calle. ¿Qué ejemplo están dando los políticos a los ciudadanos?, pues el de prometer y no cumplir. El caso es sobrevivir en el cargo, ya sea mintiendo, estafando o engañando. Y cada vez vamos a más, pero esto se tiene que frenar.

Todos los grupos parlamentarios (casi todos) han apoyado la reivindicación de ASJUBI40 a través de la aprobación de Proposiciones no de Ley y Mociones en 16 Parlamentos Autonómicos, en Congreso y en Senado. A la hora de la verdad nos abandonaron y traicionaron.

La asociación ASJUBI40 lleva siete años luchando para suprimir las penalizaciones de la jubilación anticipada con carreras de 40 o más años cotizados, y lo hacemos mediante el dialogo social cuando hemos sido convocados y siempre de forma pacífica y ha decidido acudir lamentablemente, a las instituciones y a los tribunales europeos para que atienda estas demandas, primero mediante una queja ante la Comisión Europea con el fin de que reconozca la violación del Derecho europeo por el Estado español y se derogue la penalización de la jubilación anticipada en largas carreras de contribuciones a la Seguridad Social, la cual ya ha sido admitida a trámite por el Parlamento Europeo.

Esta asociación, gracias a las nuevas tecnologías, redes sociales, prensa digital, etc., está perfectamente organizada, coordinada, comunicada e informada. Por ello, en el momento que se considere oportuno, tendría una repercusión social muy llamativa a tener en consideración por el Gobierno.

Los gobiernos, partidos políticos y sindicatos nos han estado dando la espalda en este y otros aspectos, y ahora vamos camino de Europa, donde confiamos en que se nos dé la razón dejando en mal lugar al Estado español, reconociendo la injusticia de las penalizaciones que sufrimos las personas que hemos estado toda una vida luchando y trabajando, con el sacrificio añadido en muchos casos de mantener a nuestros hijos y nietos debido a la precariedad de sus trabajos, lo que se traduce de ser un colectivo invisible, a sacar adelante a nuestras familias y a nuestro país tras una dictadura de 40 años.

Estamos hartos de escuchar que se acaba el dinero de la tan mencionada “caja de la Seguridad Social”, pensiones y otros derechos sociales. Otra cosa es lo que hayan podido hacer malgastando ese dinero. El anterior Ministro, Sr. Escrivá, cifraba en 140.000 millones del dinero de las pensiones que se había ido a otros gastos en los últimos 30 años, seguramente se quedó corto y tampoco contó el coste de 101.557 millones asumidos por el Estado del rescate bancario hace una década, según publicó El Economista (14/12/21).

Basta ya de lanzar alarmantes previsiones de quiebra del sistema público de las pensiones. Si a esos 140.000 millones más los intereses que el propio ministro Escrivá reconoció quese han sustraídode la Seguridad Social durante estos años de democracia, la Seguridad Social dispondría del dinero suficiente para corregir la injusticia de los coeficientes reductores durante 56 años. Nosotros, los castigados a cadena perpetua, no somos los culpables de la mala gestión de los distintos gobiernos al servicio de las élites económica.

La reivindicación de ASJUBI40 es un asunto de voluntad política que se tiene que solucionar YA. No es una cuestión económica cuando existe una injusticia como ésta. Este y los anteriores gobiernos son plenamente conocedores de la misma, debe solucionarse SI o SI, cueste lo que cueste. No hacerlo sería incurrir en un delito que tiene un nombre: prevaricación.

Los números son claros y el coste de nuestra reivindicación calculada por expertos economistas se estima del orden de 2.500 millones euros anuales, lo que representa el 1,31% sobre el presupuesto total de pensiones (190.687 millones de euros) o el 0,51% sobre el presupuesto total del Estado (485.985 millones). A propósito del presupuesto de pensiones, que no nos engañen, conviene resaltar que en los 190,7 mil millones del presupuesto, 159,7 mil millones corresponden a pensiones contributivas y los 31,0 mil millones restantes corresponden a Clases Pasivas, Pensiones de Guerra, No contributivas y asistenciales, así como la Gestión y Control de todo tipo de pensiones.

Hay muchas razones de peso para justificar tal injusticia. Una es que para poder alcanzar el 100% de la pensión a los 65 años en el periodo de 2020 hasta 2022 bastaba con haber cotizado 36 años. ¡¡Entonces!!, por 4 años que yo me jubilé anticipada e involuntariamente y coticé 11 años más que los que se requerían, ¿es justa la penalización de por vida?. Incluso hoy día se precisan 36 años y medio para alcanzar el 100% con 66 años y 4 meses de edad y 37 años y 9 meses cotizados con 65 años de edad. En cualquiera de los casos, el colectivo de 800.000 pensionistas afectados estamos muy por encima de los 40 años cotizados con edades comprendidas en el momento de la jubilación entre los 60 y 64 años.

Otra razón, discriminatoria con agravio comparativo, es que hay profesiones que han conseguido prejubilaciones ventajosas, por citar algunas como los empleados públicos (Clases Pasivas) o Policías, Guardia civil, etc. a los 60 años de edad siempre que hayan trabajado para el Estado al menos 30 años sin ver penalizada su pensión por haberse jubilado anticipadamente. En mi opinión, aunque tengo mis dudas, las penalizaciones pudieran ser legales, pero son injustas porque no todos los jubilados tenemos el mismo tratamiento y, por tanto, se incumple el artículo 14 de la Constitución Española donde se dice que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna" y es que el sistema de pensiones está regulado por ley.

En mi caso particular,  “sangrante como muchos otros”, me jubilé con 61 años tras haber cotizado a la Seguridad Social durante 47 años (casi medio siglo) con 14 meses de servicio militar, esto es, que comencé a trabajar de forma ininterrumpida cuando era un niño de 14 años (hoy día totalmente prohibido) y, como “premio”, al jubilarme, me aplicaron un coeficiente reductor del 24% sobre la base reguladora, percibiendo por tanto el 76% de la pensión que me correspondía. Mientras tanto no cambie la ley, éste coeficiente reductor será de por vida injustamente. Ahora tengo 72 años, y que menos, que cuando cumplí los 65 debería haber estado percibiendo ese 24% que me están descontando desde hace 11 años, y por tanto alcanzar el 100% de mi pensión que me gané sobradamente en el tiempo cotizado.

En consecuencia, la discriminación se produce de hecho habiendo más de los años que se exigen para la pensión integra a los 65 años. Los coeficientes reductores tienen carácter vitalicio y permanente, y, sin embargo, en algunos colectivos están exentos de su aplicación, habiendo cotizado únicamente 35 años.

La aplicación de estos coeficientes reductores, por lo tanto, provocan situaciones absolutamente discriminatorias y abusivas para los jubilados anticipados con largas carreras profesionales de cotización, situación que se agrava contra más años se haya cotizado.

Las Clases Pasivas del Estado y los regímenes especiales que se jubilan anticipadamente no ven reducidas sus pensiones con ningún coeficiente reductor y mantienen sus prebendas inalteradas sin cambio alguno. Más en concreto, las personas que pertenecen a dicho grupo no entran dentro del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, según el cual se aplican los coeficientes reductores. Una de las principales discriminaciones en favor de las Cases Pasivas, es que se pueden jubilar de forma anticipada y voluntaria a los 60 años de edad si acreditan 30 de servicio, lo que también constituye a una discriminación directa por motivo de edad, según el artículo  2 apartado 2a. de la Directiva 2000/78[CM1] .

Es importante destacar que la legislación sobre pensiones de los países de nuestro entorno geográfico y social (Francia, Italia, Portugal, Grecia, Luxemburgo, Alemania, Bélgica…), protegen a las personas con largas carreras de cotización y que se han incorporado a la vida laboral a una edad muy temprana perdiendo el disfrute de su juventud. Todos esos países tienen establecido un número de años cotizados que garantiza la jubilación anticipada sin reducción alguna de su pensión. España es el único país que no muestra respeto por las personas que han cotizado durante más años y que en aquella época fueron imprescindibles para sacar a este país adelante.

Se incumplen varias recomendaciones del Pacto de Toledo:

- Pensión según la cotización por la que se pide “la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador, lo que se denomina “contributividad”.

- Habiendo transcurrido ya dos años, se incumple la Ley 21/2021, de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, donde en la Disposición adicional sexta se fija el plazo de un mes desde la aprobación de la ley, para que el Gobierno encargue la elaboración de un Informe de AUDITORIA relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho informe, será realizado en un plazo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, y comprenderá la cuantificación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Esto una vez más, constituye un abuso de poder y una “tomadura de pelo” y falta de respeto para con l@s pensionistas. Exijimos al Gobierno la realizacion de la auditoria de cuentas en los proximos tres meses del inicio de esta nueva legislatura, asi como la amnistia de esta cadena perpetua tan injusta.

Estamos más que cansados en dar dinero a la banca. Si, lo damos de nuestro bolsillo, de los impuestos de los ciudadanos de a pie y no ver un control riguroso de lo que la banca hace con ese dinero ni con qué condiciones o cuando lo van a devolver. Si un ciudadano incumple con el pago de la hipoteca por la mala situación que atraviesa, le embargan su casa sin ningún tipo de miramientos, y en la mayoría de los casos es lo único que le quedaba, su casa.

El gobernador del Banco de España, Sr. Hernández de Cos, que es un cargo que viste mucho y cobra 200.000 euros al año, ha dicho que a l@s pensionistas habría que quitarles eso de revalorizar las pensiones con el IPC real, porque dice que salimos muy caros. El Sr. gobernador del Banco de España cree que vamos mal, si pensionistas y funcionarios no entran en el Pacto de Rentas que él quiere, es decir, el pacto en el que sigan pagando la crisis, el cambio de moneda, o de sistema económico, los mismos que pagan siempre. Los pensionistas y los funcionarios son esos señores y señoras millonarios que nos quitan el dinero para servicios públicos, viene a decirnos el hombre de los 200.000 euros al año.

Las pensiones costarán a España 190.687 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en 2023, según previsiones del Gobierno. Sin duda es mucho dinero, según se mire, pero el Sr. Hernández de Cos ha evitado decir otras cosas que, a lo mejor pueden ayudar a equilibrar la caja pública y afectan directamente a quienes si tienen dinero, mucho dinero.

Primero, las 35 empresas del Ibex ganaron 56.024 millones de euros en su conjunto en 2022 gracias a la banca, energía, construcción y turismo principalmente, con los beneficios en máximos, pese a la inflación, la subida de tipos, los temores de recesión y la Invasión de Rusia en Ucrania, y pese al impuesto del Gobierno. Los resultados de las grandes empresas españolas agrupadas en el Ibex 35 registraron unos beneficios que se encuentran en máximos y unos ingresos que alcanzaron los 629.621 millones de euros, lo que supone un incremento del 35% respecto del ejercicio anterior.

El gobernador del Banco de España, Sr. Hernández de Cos, acaba de decir en su intervención en la Conference on Ageing, organizada por el Banco de España, CEMFI y Georgetown University, que habrá que adoptar nuevas medidas para “apuntalar” la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y advierte que, a medida que la población envejece, aumenta la demanda de servicios públicos y de cuidados de larga duración.

La presidenta actual del BCE, Christine Lagarde, cuando dirigía el Fondo Monetario Internacional, afirmó en 2012 en plena crisis económica que los “Ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía”, alertando de las implicaciones financieras de la longevidad. ¿Acaso quisieron decir que los mayores debemos irnos de este mundo para no generar gasto público?. Pues deberían dar ejemplo y marcharse ellos los primeros, así nos ahorraríamos sus suculentos sueldos por importe de 627.560 euros anuales.

 ¿Es por eso que nuestros políticos no reconocen nuestros derechos y nos dan largas mientras vamos desapareciendo poco a poco?

 Están equivocados, tenemos la fuerza suficiente como para luchar contra este tipo de injusticias y no pararemos hasta que nuestras demandas sean reconocidas.

 Atentamente,

Gobierne quien gobierne, las pensiones y servicios públicos se defienden

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