Carta abierta al presidente del Gobierno por la penalización a la jubilación anticipada

 

Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno:

Permítame que me dirija a usted con el debido respeto.

Como su Gobierno tiene conocimiento, en mayo de 2024 se registró una Proposición de Ley ante el Congreso de los Diputados para debatir en el Parlamento la eliminación total e inmediata de los coeficientes reductores que penalizan, de por vida, la pensión del colectivo de personas jubiladas antes de la edad ordinaria a pesar de contar con 40 o más años cotizados a la Seguridad Social. La Mesa del Congreso la admitió a trámite, se publicó y fue remitida al Gobierno, sin embargo, esa PL, transcurridos ya diez meses desde su registro, está bloqueada u olvidada en el fondo de un cajón a la espera de ser debatida.

Le rogaría desbloquear ese proceso cuanto antes y, en consecuencia, permita su debate democrático en el Congreso de los Diputados con la mayor rapidez posible dado la demora que le he comentado.

El contenido de esa PL coincide con la reivindicación defendida desde la asociación ASJUBI40 (de la cual, quien suscribe de 73 años, es miembro de base) y también desde otras asociaciones y movimientos de pensionistas como Coespe, Modepen, etc. En diciembre de 2023 ya éramos 865.439 familias afectadas por esa injusta penalización que llevamos años esperando que se haga justicia. El Gobierno no puede ni debe paralizar y bloquear su debate en el Congreso. 

Habiendo transcurrido ya más de tres años, se incumple la Ley 21/2021, de 28 de diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. (BOE nº 312 de 29-12-21), donde en la Disposición adicional sexta, se fija el plazo de un mes desde la aprobación de la ley, para que el Gobierno encargue la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Dicho informe, será realizado en un plazo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo (19-11-2020), y comprenderá la cuantificación durante el periodo comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.

Esto una vez más, constituye un abuso de poder y una falta de respeto para con l@s pensionistas. Exigimos al Gobierno la realización de la auditoría de cuentas de la Seguridad Social en el menor plazo posible, así como la amnistía de esta cadena perpetua tan injusta que estamos padeciendo.

No se puede estar continuamente lanzando alarmantes previsiones de quiebra del sistema público de las pensiones y de que se acaba el dinero de la tan mencionada “caja de la Seguridad Social”, pensiones y otros derechos sociales cuando ha quedado acreditado y demostrado su viabilidad. Por un lado, según el Tribunal de Cuentas, la Seguridad Social soportó 103.690 millones en gastos impropios que debía asumir el Estado. Otra cosa es lo que hayan podido hacer malgastando ese dinero. El anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, cifraba en 140.000 millones del dinero de las pensiones que se había ido a otros gastos en los últimos 30 años, seguramente se quedó corto y tampoco contó el coste de 101.557 millones asumidos por el Estado del rescate bancario hace una década, según publicó El Economista (14/12/21).

Si a esos 140.000 millones más los intereses que el propio ministro Escrivá reconoció que se han sustraído de la Seguridad Social durante estos años de democracia, la Seguridad Social dispondría del dinero suficiente para corregir la injusticia de los coeficientes reductores durante 56 años, a la vez que, mientras tanto, la caja de la pensiones seguiría llenándose. Nosotros, los castigados a cadena perpetua, no somos los culpables de la mala gestión de los distintos gobiernos al servicio de las élites económica.

La reivindicación de ASJUBI40 es un asunto de voluntad política que se tiene que solucionar ya. No es una cuestión económica cuando existe una injusticia como ésta. Este y los anteriores gobiernos son plenamente conocedores de la misma y debe solucionarse sí o sí, cueste lo que cueste. No hacerlo sería incurrir en un delito que tiene un nombre, prevaricación.

Me permito trasladar a continuación, de forma resumida, un decálogo de las razones por las cuales entendemos que la legislación actual es injusta, discriminatoria e indigna con este colectivo que tanto ha aportado al bienestar económico y social de este país. Las ministras de Trabajo y de Seguridad Social, Dña. Yolanda Díaz y Dña. Elma Saiz, respectivamente, conocen perfectamente esta inequidad. 

1.- Discriminación

El colectivo de largas carreras de cotización sufre triple discriminación: 

• Con el propio Régimen General de Seguridad Social, que anteriormente con 35 años cotizados (serán 38 y 6 meses en 2027) y jubilación a la edad ordinaria perciben pensión íntegra del 100%.
• Con los regímenes especiales de jubilación anticipada, los cuales se pueden jubilar con 59/60 años y 35 de servicio, con pensión íntegra del 100%. 
• Con las clases pasivas del Estado, las cuales se pueden jubilar con 60 años de edad y 35 de servicio, con pensión íntegra del 100%.

El Informe que presentó el Gobierno al Pacto de Toledo carece del obligado estudio actuarial. Ahí quedaría de manifiesto el enorme impacto y magnitud de la discriminación.

A mayor abundamiento, el Artículo 14 de la Constitución Española, establece la igualdad ante la ley sin discriminación alguna.

2.- Contributividad 

El principio de contributividad (recomendación nº 11 del Pacto de Toledo), indica que debe existir una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida (pensión) y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador (años de cotización). La legislación actual incumple de forma sistemática y manifiesta este principio fundamental con el colectivo de largas carreras de cotización. 

3.- Derechos adquiridos

Las sucesivas reformas de Pensiones han ido aumentando para el RGSS y Autónomos la edad ordinaria de jubilación y, en consecuencia, también la edad de jubilación anticipada, endureciendo cada vez más sus requisitos de acceso y las penalizaciones aplicadas. Sin embargo, para los regímenes especiales y las clases pasivas del Estado se ha mantenido invariable la edad de jubilación anticipada en 59/60 años. Todo ello es fruto de los reales decretos que aplican lo que denominan "derechos adquiridos" solo para esos colectivos. Es otra clara discriminación, que además se agrava con el paso de los años. 

4.- Contexto económico social 

Somos el país de la Comunidad Europea con mayor desempleo en mayores de 50 años. Adicionalmente, la mayor parte del desempleo de larga duración afecta a mayores de 50 años. Por otra parte, el SEPE se muestra totalmente inoperante. Este es el panorama desolador con el que se encuentra nuestro colectivo. Ante una situación de crisis económica y desempleo galopante se ha visto abocado a la jubilación anticipada. Cada vez son más los trabajadores autónomos que se ven obligados a cerrar la persiana por el envejecimiento de la población, y por las desmesuradas imposiciones y obligaciones que de un tiempo a esta parte sufre este colectivo, teniendo los jóvenes pocas o nulas opciones para hacer un relevo generacional.

5.- Coste de la eliminación de coeficientes reductores 

El Gobierno cifra el coste de eliminar los coeficientes reductores en 2.745 millones de euros anuales. En primer lugar, dejar claro que es un tema de justicia y no de coste. No se puede aceptar una injusticia por su coste. Dicho esto, reseñar que ese importe no llega ni al 1,3% (1.500 mill.) del gasto anual en pensiones de jubilación en España. Además, recordar que ese importe es "bruto". Hacienda ingresaría la retención por IRPF de ese importe. Adicionalmente, se debería contar el mayor gasto de los pensionistas al percibir más ingresos. Eso representaría más recaudación de IVA para el Estado, además de mayor actividad económica, es decir, mayor empleo, etc. El importe "real" sería muy inferior al indicado por el Gobierno, y podría considerarse como una inversión y no un gasto, al tener que soportar impuestos directos e indirectos por su fluidez y facilidad de movimiento económico.

6.- Estadísticas oficiales de accidentes de trabajo 

En las estadísticas de accidentes de trabajo que elabora el Ministerio de Trabajo se puede observar claramente que el mayor volumen de accidentes de trabajo mortal y grave afecta al colectivo de mayores de 50 años. Lo mismo sucede con las enfermedades crónicas de toda naturaleza. Numerosos estudios recientes muestran la enorme incidencia negativa en la salud que supone el ampliar la edad de jubilación. Sería bueno analizar el coste que ello supone y supondría en el futuro a la Seguridad Social por enfermedades a este colectivo de mayores si se ampliase la edad de jubilación.

Los ATJT sufridos por la población trabajadora según división de actividad en el año 2023, aglutinan el 63,5% de los ATJT de la población trabajadora de 50 años y más.

Destacar también que los regímenes especiales de jubilación anticipada (salvo el sector minero) y las clases pasivas del Estado no están, ni mucho menos, entre los de mayor índice de siniestralidad laboral. Son los sectores de Construcción, Industria, Transporte, etc. los que tienen mayor siniestralidad. Con esos datos tan claros, no se entiende que las clases pasivas del Estado y los regímenes especiales presenten esa situación discriminatoria respecto al RGSS y Autónomos. Es inaceptable que RGSS y Autónomos no tengan aplicados también los "derechos adquiridos" en las diversas reformas de pensiones que han tenido lugar. ¿Por qué ese trato diferenciado y discriminatorio?

7.- Años cotizados vs. edad ordinaria de jubilación 

España se focaliza en la variable edad ordinaria de jubilación. Otros países de nuestro entorno, sin embargo, tienen también muy en cuenta la variable años de cotización. El alcanzar un determinado número de años cotizados posibilita el acceso a una jubilación anticipada con pensión íntegra.

Como hemos visto anteriormente en el punto 2 del decálogo, la legislación española no cumple la recomendación número 11 del Pacto de Toledo (contributividad) que es un principio fundamental.

¿Por qué no establece el Estado unos años de cotización que garanticen una jubilación anticipada con pensión íntegra? Como hemos dicho anteriormente, no se trata de la edad de jubilación, sino de cuanto se ha cotizado, ni de una cuestión de coste para el Estado, sino de voluntad política. 

8.- Ninguneo a las instituciones democráticas

La eliminación de coeficientes reductores solicitada en la reivindicación de ASJUBI40 (coincidente con la Proposición de Ley presentada en el Congreso), ya fue aprobada en su momento, a través de sendas proposiciones no de Ley, por 16 de los Parlamentos Autonómicos de España, así como en numerosas diputaciones y ayuntamientos. 

A pesar de ese apoyo inequívoco por parte de las instituciones democráticas de mayor rango de este país, esa reivindicación continúa siendo negada por parte del Gobierno en lo que constituye un ninguneo a las instituciones democráticas del Estado y en consecuencia un ninguneo a las personas que representan. 

9.- Mesa de diálogo social incompleta

En la Mesa de diálogo social no se invitó a ninguna de las asociaciones de pensionistas. Es evidente que deberían haber sido invitadas. Se ha perdido representatividad con su ausencia. 

10.- Aportación al bienestar económico y social

La mayoría de las personas pertenecientes a este colectivo empezaron a trabajar a los 14 o 15 años y en jornadas de más de 42/44 horas semanales. Aparte, muchas de ellas, compaginando con formación en estudios nocturnos. Esto, hoy estaría prohibido y sería sencillamente considerado esclavismo. Como recordatorio y comparativa, este año 2025 se ha reducido la jornada laboral estableciéndose en 37,5 horas semanales. 

Desde nuestro punto de vista, las personas de nuestro colectivo han sido consideradas en su juventud y lo continúan siendo ahora, con las penalizaciones injustas a sus pensiones, como "las gallinas de los huevos de oro" para el Estado. Esto no puede seguir así. 

En palabras de la presidenta del Congreso de los Diputados, nuestras propuestas suponen una acción cargada de generosidad y solidaridad, dos palabras que valora muchísimo, una acción que demuestra nuestra estima por la política bien entendida, la que contribuye a mejorar la vida de la gente, la que busca soluciones desde el dialogo y el consenso, la que somete todo a una única prioridad: el bien común. 

Quizás sea el momento oportuno de recordar que, por ahora hace dos años, nuestro presidente de ASJUBI40, Antonio Matinero, se dirigió a usted solicitando nos brindase la oportunidad de poder exponerle personalmente nuestros puntos de vista y propuestas sobre esta problemática, para que, con su ayuda y voluntad política pudiéramos encontrar una solución satisfactoria para el colectivo afectado. Confiamos en que, tras dos años de larga espera de esa petición, su agenda actual nos permita mantener una audiencia de solo unos minutos y poder entregarle un dosier completo y detallado de nuestra reivindicación, como dice la presidenta del Congreso, en busca del bien común.

Esperamos que sepan rectificar de forma inmediata y desbloqueen la Proposición de Ley para eliminar los coeficientes reductores a largas carreras de cotización. Que sea en el Congreso de los Diputados donde se decida.

Por último, le recuerdo que las leyes injustas pueden ser cambiadas. Esto no va de costes. Esto va de justicia. esto va de dignidad. esto va de voluntad politica. Hoy, más de 900.000 familias estamos pendientes de su resolución, y el Gobierno progresista que usted representa tiene la llave para solucionar esta injusta discriminación.

Para finalizar, tanto en mi opinión como en el sentir de la calle, en el Gobierno creo que no han valorado las consecuencias políticas que esta inacción a la retirada de los coeficientes reductores a pensionistas con 40 o más años cotizados a la Seguridad Social, y la paralización en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley presentada por el grupo mixto sobre esta cuestión, pues no me cabe la menor duda que ello se verá reflejado en las urnas de las próximas elecciones.

Le agradezco sinceramente el tiempo dedicado a este escrito y le pido disculpas por su extensión, pero comprenderá, que al presidente del Gobierno no se le escribe todos los días.

Quedo a su disposición para ampliar cualquier aclaración adicional que pudiera precisar.

Atentamente.

P.D.- Carta presentada en Palacio de la Moncloa a través de registro telemático sistema REG con número de registro REGAGE25e00024055312 con fecha 26-03-25

Desde esta tribuna quiero dar las gracias a nuestro compañero Luis Ortiga sobre quien me he basado en el envío de esta carta y animo al resto de compañeros de ASJUBI40 a corresponder de forma análoga.

Gobierne quien gobierne, las pensiones y servicios públicos se defienden.

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