Subir el periodo de cálculo solo tiene un objetivo: bajar la pensión

Tras las movilizaciones que hemos organizado en defensa del Sistema Público de Pensiones (SPP), el 15 de octubre en Madrid y el 19 de noviembre en todo el estado, hemos trasmitido una vez más nuestras demandas a los grupos políticos del Congreso de los Diputados.

Hemos sido recibidos por partidos como PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y Compromís, a quienes agradecemos su atención. Otros partidos han manifestado su imposibilidad de reunirse, y no tenemos noticia alguna ni del PP ni de Ciudadanos, que con ello muestran claramente su posición respecto al SPP, que no es otra que derribarlo para establecer un modelo de Seguridad Social asistencial, donde el sistema público abone pensiones de miseria.

Valoramos positivamente las reuniones realizadas con las fuerzas políticas mencionadas, pero más allá de las palabras, echamos en falta hechos que garanticen nuestras reivindicaciones básicas y urgentes y nos den garantías para el futuro. Y para muestra, estos días hemos conocido por la prensa la nueva reforma recogida en el Decreto Ley anunciado por el ministro Sr. Escrivá, en el que se pretende aumentar el número de años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Nos encontramos que, de nuevo, el poder político se está sometiendo al dictado del poder financiero español y europeo que, reforma tras reforma, pretende reducir las pensiones públicas, presentes y futuras, y nuestros derechos como personas pensionistas.

Frente a ello, las organizaciones de pensionistas no tenemos más alternativa que seguir en la calle, porque solo con la movilización podemos frenar estas estrategias y conseguir mejorar las condiciones de vida de las personas pensionistas tal como lo hemos venido haciendo. Y, también, vamos a seguir presionando a los grupos políticos y gobiernos para que hagan efectivas nuestras demandas y cumplan sus compromisos.

Nos reafirmamos en nuestras exigencias básicas para garantizar pensiones públicas dignas, justas y suficientes y para defender el Sistema Público de Pensiones ante los intentos de privatizarlo.

Demandamos con carácter de urgencia un reparto justo de la riqueza y un cambio radical de la actual política económica, que ocasiona que cada vez menos personas acumulen más poder y dinero a costa de salarios, pensiones y servicios públicos.

Asimismo, reclamamos el derecho democrático a la interlocución social, en nombre de las organizaciones pensionistas que suscribimos este comunicado, ya que la mesa de concertación social establecida no es representativa del conjunto del colectivo pensionista.

9 exigencias ignoradas por Gobierno y partidos 

Reiteramos los compromisos que les demandamos a los grupos políticos del Congreso:

1.- Recuperar el poder adquisitivo de pensiones y salarios, restableciendo la paga compensatoria correspondiente. Aunque gracias a nuestras movilizaciones conseguimos aumentar un 8,5% las pensiones de 2023, a pesar de ello, se ha producido una pérdida mayor del 7% de poder adquisitivo desde la entrada en vigor de la Ley 21/2021 (años 2021 y 2022).

2.- Exigimos que se garantice la revalorización de las pensiones en función del IPC acumulado interanual (el llamando IPC Real).

3.- Exigimos la inmediata subida de las pensiones mínimas para garantizar que no haya pensionistas que estén por debajo del umbral de la pobreza. El 60,2% de los pensionistas en España no llegan a 1.000 euros al mes, la cantidad en la que el Estado fija el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el inicio de 2022. Exigimos que la pensión mínima se equipare al SMI, y este se sitúe en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea.

4.- Acabar con la brecha de género en pensiones y salarios, que se va a agravar con la propuesta de Escrivá de aumentar los años para el cálculo de las futuras pensiones.

5.- Exigimos que se realice la auditoría de la Seguridad Social, de inmediato y con garantías, tal como recoge la Ley 21/2021, cuyo plazo de ejecución se ha incumplido. Estamos convencidos de que la auditoría nos dará la razón y certificará que el sistema es sostenible, y que no se pueden justificar los recortes.

6.- Derogar los recortes de las reformas de pensiones de 2011, 2013, y 2021 y la promoción de los planes de pensiones privados de empleo (Ley 12/2022) con recursos de la Seguridad Social. Denunciamos además que, lejos de moderarse dicho fomento, se han aumentado las comisiones de gestión privada autorizadas en el primer reglamento de la Ley que se conoce, cediendo el Gobierno, una vez más, ante la banca privada.

7.- Eliminación de los coeficientes reductores a las largas carreras de cotización con 40 o más años cotizados.

8.- Rechazamos la descapitalización de la Seguridad Social, ya que están liquidando sus activos inmobiliarios (propiedad de todas las personas pensionistas y trabajadoras) como parte del proceso encubierto de privatización, que incluye la Agencia de la Seguridad Social, que se propone crear el Gobierno.

9.- Rechazamos el aumento de los años para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que solo tiene un objetivo: reducir las pensiones futuras, y reclamamos volver al cálculo de 15 años anterior a la reforma de 2011. Igualmente, rechazamos el procedimiento para su aprobación, que elude el debate parlamentario.

Hemos acordado seguir con nuestra campaña de sensibilización. Explicaremos, al conjunto de la sociedad, que la Seguridad Social es de las personas trabajadoras; que el nuestro es un sistema de reparto que se mantiene con base en las cotizaciones de los y las trabajadoras; que las pensiones son salario diferido; que están demostrando que el SPP es sostenible pese a los continuos intentos de acabar con él; y que nos dirigiremos a la ciudadanía actualmente trabajadora, que serán las principales víctimas de las  últimas reformas del SPP, para crear las condiciones de nuevas movilizaciones compartidas.

Trabajadoras y trabajadores en activo, personas pensionistas hombres y mujeres, jóvenes... todos tenemos las mismas reivindicaciones urgentes: recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones e impulsar y desarrollar los servicios y las políticas públicas, que garanticen mediante un reparto equitativo de la riqueza, el acceso a una vida digna de ser vivida.

¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y los derechos se defienden!

Declaración de las Plataformas y Movimientos de Pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas)

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)

UNIDAD COESPE y plataformas de pensionistas de Badajoz y Móstoles

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