Rotundo rechazo a la ampliación del cálculo de la base reguladora

Desde el Grupo Colaborativo La Voz de las Plataformas (@pensionazo_no), queremos manifestar nuestro absoluto rechazo a la propuesta de alargar el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones. 

Tal y como se había acordado hace un año, el Gobierno de España está obligado por Bruselas a alargar el periodo de cálculo de las pensiones antes de que termine 2022. Así se recoge en el Plan Nacional del Estado Español de Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, según el cual, diciembre de 2022 es la fecha límite para comprometer el 70% de los fondos Next Generation EU y desembolsarlos en 2023.

Debido a esto, el Gobierno ha hecho una propuesta a la Mesa para el Diálogo Social, dentro de la segunda fase de la reforma de las pensiones prevista para final de año: alargar los años de cómputo de cotizaciones sociales para calcular las pensiones. Lo que se llama la base reguladora.

Desde 1985 hasta 2011, hemos pasado de que fuesen 2, 8, 15 y 25 los últimos años de la vida laboral. Estas ampliaciones del período de cómputo no tuvieron otro objetivo más que recortar la cuantía de las pensiones. Ahora se pretende dar una nueva vuelta de tuerca y pasar de 25 a 30 años, y de estos elegir los 28 mejores.

Las plataformas y coordinadoras del Movimiento Pensionista estamos en contra. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que favorecerá a quienes tienen empleos precarios y una vida laboral de interrupciones y de lagunas. Pero el mercado de trabajo con empleos precarios, temporales, a media jornada, sueldos insuficientes para tener una vida digna, y con una tasa de desempleo total, y sobre todo juvenil altísimas, es muy difícil llegar a cotizar los años que hacen falta para un 100% de la pensión, 37 años, y también es complicado incluso llegar a tener 30 años de cotización. Por ello es necesario que las personas jóvenes, la clase trabajadora en su conjunto y el movimiento pensionista, se nieguen a aceptar un recorte más para las pensiones públicas del futuro.

Esta nueva ampliación a 30 años del período de cálculo de las pensiones públicas supondrá, en la práctica, una merma de las cuantías. Es decir, recortar, por mucho que, en teoría, el Gobierno asegure que no habrá recortes. Expertos calculan entre un 6% y un 8% de reducción media en las pensiones con la ampliación del periodo de cómputo de la base reguladora. De hecho, el Banco de España, tan proclive a oponerse a cualquier mejora en las pensiones públicas, ve con buenos ojos aumentar a 30 años el tiempo de cotización para su cálculo (aunque se elijan los 28 años más favorables).

Ya este Gobierno incumplió su propia ley de diciembre del año pasado, la primera reforma de las pensiones: Escrivá no ha realizado la auditoría a la Seguridad Social ni ha planteado alternativas a las pensiones públicas de pobreza.

Porque en este maremágnum de reformas, planes y pactos, se olvidan de lo importante:

1) Aprobar subidas de las pensiones mínimas, viudedad, SOVI y no contributivas, cuyas cuantías son de pobreza y afectan sobre todo a mujeres, para alcanzar el Salario Mínimo Legal.

2) No vender parte de la Seguridad Social a fondos privados de pensiones especulativos, por medio de planes privados de empresa recogidos en convenios colectivos, e incentivados con dinero público. Estos dos puntos reivindicativos y alguno más, como no perder poder adquisitivo en tiempo real de bienes y servicios básicos de primera necesidad, son las reformas que exigimos.

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