Cuentas claras: pensiones sostenibles

Desde hace años estamos asistiendo a varios intentos de afrontar la reforma de nuestro sistema de pensiones. A tal efecto se ha creado el poco práctico y mal llamado Pacto de Toledo, que en la realidad se podía denominar la Imposición de Toledo, ya que todas sus decisiones se toman unilateralmente.

Es inadmisible que partidos políticos del arco parlamentario se enteren por la prensa de los acuerdos tomados e indecente que no se cuente en estas “reuniones” con ningún representante del colectivo de pensionistas, que agrupa nada menos que a diez millones de personas.

La situación actual coloca a nuestro país, según un estudio de la consultora estadounidense Mercer, en un puesto en el ránking mundial entre Brasil y Argentina. El informe no sólo mide la solvencia del sistema de pensiones, sino el crecimiento de los países, el endeudamiento público, el gasto público o las proyecciones de envejecimiento. Todos estos factores condicionan la capacidad para mantener la cuantía de las prestaciones en el futuro sin generar desequilibrios financieros.

La ciudadanía tiene varias preguntas sin respuesta: ¿1uién debe a quién, el Estado a la caja de pensiones o viceversa? ¿Cómo se ha llegado a esta situación?

La Seguridad Social ha sido saqueada durante décadas y ha funcionando como el monedero del Gobierno de turno, así tenemos que se han imputado miles de millones de gastos impropios al sistema.

Las cotizaciones han servido para suplir la ineficiencia impositiva y sostener la sanidad universal y otras políticas públicas.

Podemos citar que los hospitales públicos y centros sanitarios se construyeron con las cotizaciones de los trabajadores y empresarios y siguen siendo utilizados dese hace mas de 40 años por las comunidades autónomas sin retorno económico alguno.

Existe un estudio del sindicato CC.OO, de fecha 2015, el cual detalla esta situación y asegura que el Fondo de Pensiones tendría 500.000 millones de euros, el 47% del PIB, de haberse usado sólo para pagar pensiones.

Economistas frente a la Crisis, grupo de economistas catalanes, presentó en 2018 un informe en donde se llamaba a dejar de lado el catastrofísmo sobre las pensiones públicas. Cifraban en nada menos que un acumulado de 843.000 millones de euros, el 72% del PIB (periodo de 1977 a 2018, de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos, por lo que constituiría un importante Fondo de Reserva. 

Hay mas preguntas y actuaciones sin respuesta por parte de los partidos del turnismo. ¿Por que no se admite a trámite una auditoría independiente de las cuentas de la Seguridad Social?

No se pueden realizar reformas innecesarias con falsos déficits, falsos préstamos y criminalizar a las pensiones como la causa del incremento de la deuda pública, cuando hay múltiples factores de otro tipo.

Según datos de cómo se gestiona lo público en España, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha calculado que se podría reducir el gasto público en un 14%, alrededor de 60.000 millones de euros, sin rebajar la calidad de los servicios que presta, gracias a la mejora de la eficiencia.

La propia Autoridad independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) cargó duramente contra la falta de transparencia  en el reparto de subvenciones públicas. España gasta 14.000 millones de euros anuales sin control, vinculado a la rendición de cuentas, desde punto de vista de la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas.

Un total de 122.000 millones de euros al año en sufragar las subvenciones destinadas autonomías, ayuntamientos, ONGs, empresas públicas deficitarias, colegios profesionales, fundaciones de todo tipo, sistema eléctrico, minería, gastronomía, etc. Dichas ayudas generan redes clientelares por la gran dependencia que suponen para los beneficiarios y, por lo tanto, no es nada positivo que se dispare el gasto en el mantenimiento de estos incentivos, que sin la menor duda deberían ser algo meramente temporal y analizar la necesidad o la eficiencia del gasto.

Nuestro país no tiene un problema de ingresos, sino de gastos exponenciales y estructurales en la obesidad del Estado.

El aumento de los costes laborales se lleva por delante a 13.000 pequeñas empresas, 37.500 desde hace un lustro asfixiadas por el aumento de las cotizaciones o el salario mínimo. Un tercio tienen menos de 10 trabajadores.

El incremento de la deuda de la administración central, unido al de las administraciones de la Seguridad Social, es incontestable. En 2018, la deuda conjunta de estas era de 1.142.309 millones de euros. Cinco años después, asciende a 1.544.279 millones, es decir, casi 402.000 millones de euros más, un 35,2% de incremento.

En una sociedad avanzada, desarrollada y con visión de futuro sus gobernantes tienen prioridades para su pueblo, ellas son sanidad, educación, pensiones y justicia, cuatro pilares fundamentales para la convivencia, progreso y bienestar.

Creo que algo se está haciendo rematadamente mal.

Si eres lector o lectora de 65YMÁS y quieres denunciar cualquier situación de la que hayas sido testigo, dar tu opinión sobre cualquier tema de actualidad o sobre cualquier circunstancia que te afecte, puedes enviarnos una carta a nuestro diario. Es muy sencillo. Sólo tienes que entrar en CARTAS A LA DIRECTORA o rellenar este formulario: