En defensa de las pensiones públicas y todo lo público

Nos mintieron tantas veces que, al final, no les creímos.

Es notable la capacidad de los Gobiernos para enviarnos mensajes triunfalistas de avances sociales, cuando en realidad lo que nos están haciendo con las leyes sucesivas de reformas de las pensiones públicas es recortarlas y cuyo objetivo es privatizarlas poco a poco.

Esta estrategia les ha valido también para ir privatizando la sanidad pública, siempre con la muletilla de la “colaboración público privada” que no es otra cosa que de traspasar dinero público a empresas privadas y someternos a contratar seguros privados médicos o de pensiones o pagar colegios y residencias. De ahí la desigualdad que provocan: establecer niveles de calidad en función del dinero que se pague, y el consiguiente desgarro en la cohesión del tejido social.

El miedo y la incertidumbre son armas políticas muy poderosas. Así, desde los años 90 del pasado siglo se viene anunciando “la inminente quiebra de la Seguridad Social”, los déficits que harían tambalear al Estado al tener un sistema de pensiones público solidario de reparto. Todavía es el día de hoy que se pretende confundir a la sociedad infundiendo este temor, a pesar de que el Gobierno Central y el Tribunal de Cuentas han admitido que miles de millones de la Seguridad Social fueron a cubrir gastos impropios, y a pesar de que está pendiente una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Se demostraría y, en cualquier caso se admite ya, que el Sistema Público de Pensiones de que gozamos es sostenible económicamente.

Cada vez que los Gobiernos hablan de “modernizar” los servicios públicos del Estado del Bienestar, lo que realmente quieren decir es privatizar o “externalizar". Según el expresidente de México, López Obrador, privatizar es “ocupar casi todo el aparato burocrático en operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que eso traerá prosperidad, pero que produce una monstruosa desigualdad económica y social”. El Pacto de Toledo y los consensos en la Mesa de Diálogo Social, patronal, sindicatos mayoritarios y Gobierno, han sido la base que han justificado los recortes y los procesos de privatización de la Seguridad Social, o sea, de su “modernización”.

Así, la ley de reforma del Gobierno Socialista en 2011 tiene por título “Actualización, adecuación y modernización de la Seguridad Social” lo que significó uno de los mayores recortes a las pensiones públicas, entre ellos, alargar la edad de jubilación de 65 a 67 años. La ley de reforma del 2013 con Gobierno Popular se tituló: Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones. Una revalorización irrisoria del 0,25% anual y un factor de sostenibilidad, mejor llamado de empobrecimiento, con recortes previstos por el aumento de la esperanza de vida. Palabras que nos hacen creer que nos están haciendo un gran favor: adecuación, modernización, revalorización, sostenibilidad.

En 2022, el Gobierno de Coalición más progresista aprobó la ley de Impulso de los Planes de Empleo. Enunciado así parece que son planes para crear empleo. Pues no. Son planes privados de pensiones, que se han copiado de las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) impulsadas por el Gobierno Vasco hace años. Son de capitalización individual, sin garantía del Estado, promovidos por las empresas y apoyados por los sindicatos mayoritarios a través de los convenios colectivos sectoriales, lo que les hace en la práctica obligatorios, como sucedió con el reciente VII Convenio Estatal de la Construcción. En esa ley se repite continuamente que son planes de pensiones con fondos de “promoción pública” porque tratan de ocultar que son fondos privados en manos de 5 bancos y aseguradoras. Permite desgravar fiscalmente y aminorar las cuotas a la Seguridad Social, lo que empobrece su Tesorería y la Hacienda, en perjuicio de la financiación adecuada de los servicios públicos, y en detrimento de los salarios y de las pensiones futuras. Dicen que “complementan las pensiones públicas” sin explicar que todo depende de: 1/ las cantidades que se han aportado a los planes (quienes tienen sueldos medios o bajos poco pueden aportar para llegar a fin de mes), 2/ de las fluctuaciones bursátiles donde han invertido sus fondos de pensiones (no olvidemos la quiebra del Sillicon Valley Bank en 2023, o el descalabro de los fondos de pensiones privados en Gran Bretaña en 0ctubre de 2022) y 3/ las condiciones del rescate de esos ahorros.

En el 2021 la ley que dice “reforzar la sostenibilidad del sistema”, trata de afianzar y generalizar el retraso en la edad de jubilación y alargarla aún más. El mismo objetivo que el acuerdo alcanzado recientemente en la Mesa de Diálogo Social y defendido fervientemente por UGT y CCOO. De nuevo los titulares engañosos: “jubilación flexible, parcial, activa”, cuando lo que se pretende es recortar el gasto en pensiones públicas y dar mano de obra barata a la patronal a costa de empobrecer más a pensionistas del futuro y dificultar el empleo a jóvenes. Pero se han olvidado de quienes se jubilaron antes de la edad legal, que habían cotizado más de 40 años y se les aplicaron coeficientes reductores a su completa pensión legítima. Un acuerdo que también habla de “mejorar la gestión de la incapacidad temporal y favorecer la recuperación de los trabajadores”, a costa de meter una cuña más en la privatización de la sanidad pública a través de las mutuas sanitarias.

En 2023 se aprobó la ley que culmina “la modernización de las pensiones”. Algunas medidas, como la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, aunque van en buen camino, se quedan cortas. Las pensiones mínimas con el marco del umbral de la pobreza, siguen siendo de pobreza y afectan fundamentalmente a mujeres por el papel de cuidadoras domésticas que el patriarcado les ha reservado, con pocas opciones a tener un empleo fijo y continuo que les hubiese permitido conseguir pensiones dignas.

En resumidas cuentas, con pequeños avances, medias verdades y palabras con doble sentido, se nos va introduciendo el deterioro paulatino, lento e inexorable de los servicios públicos, universales (para toda la ciudadanía) y de calidad, y se cambia por un sistema basado solo en los intereses financieros, olvidándose de los tratados internacionales de los Derechos Humanos, y la propia Constitución Española. Se va transformando en un sistema acorde con los patrones marcados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el sistema especulativo de la economía neoliberal global. Nos quedaría un sistema público asistencial de dudosa calidad y unos servicios privados cuya oferta depende de la capacidad económica de cada cual.

Por eso decimos que "gobierne quien gobierne, las pensiones públicas y todo lo público se defiende".

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