Fechoría a los antiguos mutualistas: no somos idiotas y defenderemos nuestros derechos

 

Sra. Ministra de Hacienda, María Jesús Montero:

- Exijo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 673/2024 de 19 de abril, los Art. 9.3 - 14 y 24 de la Constitución, el procedimiento de devoluciones establecido por la Agencia Tributaria de los cinco años no prescritos en un solo pago.

- Exijo urgentemente y sin demora la rectificación por el mismo procedimiento del acuerdo político ilegal adoptado en 22 de diciembre de 2024 por el Gobierno y Grupo Parlamentario socialista de paralizar las devoluciones y anular las solicitudes presentadas y no pagadas.

Sra. Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz:

Es necesario urgente y de estricta justicia que se rectifique el acuerdo ilegal del 22 de diciembre de 2024, aprobado por el Gobierno y Grupo Parlamentario Socialista. Para que resulten creíbles, coherentes y eficaces tanto usted como Sumar, presenten una propuesta o enmienda urgentemente para su tramitación parlamentaria, anulando la disposición final 16ª de la Ley 7/24 inmediatamente. De no hacerlo serán colaboradores necesarios con servilismo al Gobierno del que ustedes forman parte.

Lamentablemente, es inhumano contrario a principios y valores que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista adopte este acuerdo envenenado e interesado para que muchos de nosotros no lleguemos a disfrutar o disponer del dinero que nos debe Hacienda por cobros indebidos, aplicados durante muchos años. Espero y deseo que todos –a ser posible– estemos vivos con la suficiente memoria para castigar con nuestros votos a quienes están cometiendo esta injusticia y fechoría.

Somos mayores y ancianos, un colectivo especialmente vulnerable por muchas razones y circunstancias. Muchos de nosotros estaremos en la recta final de nuestras vidas, pero les recuerdo que no somos idiotas ni tontos, sabemos defender nuestros derechos con principios y valores gobierne quien gobierne.

Se comete una gran injusticia, agravio comparativo y discriminación entre las solicitudes abonadas en un solo pago y las anuladas sin ser pagadas. También se comete una grave ilegalidad y fraude de Ley porque se aplica un acuerdo político con efectos retroactivos para anular derechos reconocidos que ya se habían ejercido y aplicado a la mayoría de los jubilados y perjudica directamente a los exmutualistas que aún no hemos recibido las cantidades que nos corresponden. ¿Dónde está la igualdad de derechos y obligaciones?

En los gobiernos bananeros solo impera el abuso de poder y la vulneración de las leyes. Es urgente, necesario y de justicia que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista rectifiquen la ilegalidad cometida. Rectificar en una democracia es de sabios, lo contrario es abuso de poder, incumpliendo leyes, sentencias del Tribunal Supremo y la propia Constitución, propio de dictaduras tercermundistas.

Considero de juzgado de guardia el despilfarro y abuso de poder del Gobierno, que, a través de Hacienda y con el dinero público de los contribuyentes, dispongan de dinero para comprar voluntades, componendas de intereses políticos, pero no lo tengan para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo 673/2024 del 19 de abril con doctrina jurisprudencial que garantiza los derechos y obligaciones sociales a millones de jubilados que hemos contribuido al mantenimiento y sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Creo que como mínimo se nos debe respetar y devolvernos el dinero que Hacienda nos cobró indebidamente durante años. Sin tratar de personalizar, me siento afortunado por haber cotizado ininterrumpidamente durante 47 años, 6 meses y 23 días.

Denuncio la falta de pronunciamiento y otras acciones por parte de los sindicatos, especialmente de UGT y CCOO, en defensa de la Ley, el cumplimiento de obligaciones y derechos sociales vulnerados por acuerdo político del Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que tienen que exigir la rectificación sobre la anulación de las devoluciones pendientes de pago a millones de pensionistas. De no hacerlo, serán colaboradores necesarios ante la grave injusticia cometida contra los derechos reconocidos a millones de jubilados. Menos brindis al sol, más coherencia y hechos reales.

Aviso para navegantes: Sra. Ministra, la Agencia Tributaria y los funcionarios no son responsables de las decisiones políticas que toma el Gobierno. Estos se limitan a cumplir órdenes del Ministerio de Hacienda. La Agencia Tributaria tiene que actuar en contra de sus propios procedimientos establecidos, antes de recibir la orden de paralizar las devoluciones, por ello opino que los funcionarios también son perjudicados en sus funciones públicas, profesionales y de eficacia.

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