El Ingreso Mínimo Vital, un dolor de cabeza

A más de tres años de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, los afectados se unen para denunciar la violencia institucional que sufren, mientras desde los colectivos de apoyo señalan prácticas particularmente lesivas para las personas perceptoras.

El IMV es más de lo mismo, o peor, porque encima te deja con una deuda, por errores de la Administración que tienen que pagar los beneficiarios. Resulta inaudito que el Ministerio que comandaba Escrivá mantenga tantos errores de funcionamiento y colapso en la demora de las resoluciones, mientras otras administraciones funcionan medianamente bien, como el SEPE, por poner un ejemplo, donde cualquier prestación está resuelta en un plazo máximo de 30 días a la fecha de la solicitud. El IMV, de media y en el mejor de los casos, tarda nueve meses en resolver, con la incertidumbre y ansiedad burocrática que produce el suspense de cómo y cuándo se recibirá la resolución que te deja con el corazón en un puño, cuando más que una ayuda de supervivencia y que debería resolverse de forma inmediata en no más de 30 días, parece un castigo. Este tipo de ayudas no puede esperar.

Periódicamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica cifras para ilustrar el alcance de lo que se ha considerado durante la legislatura como la principal apuesta en cuanto a protección social: el Ingreso Mínimo Vital. Esta prestación de la Seguridad Social para quienes no alcanzan un umbral mínimo de ingresos, habría llegado a 710.341 hogares, en los que residen 2.079.233 personas, según la última estadística publicada por el INSS hasta finales de noviembre.

Se trata de una cifra que nunca decrece, pues desde el Ministerio cuentan los expedientes resueltos favorablemente desde la aprobación de esta medida el 29 de mayo de 2020, pero no descuentan a quienes han sido dados de baja en el sistema, ni a quienes han tenido que solicitar dos veces la ayuda por negligencia de la Administración. Consideran que quien deja de percibir el subsidio ha mejorado su situación y ya no lo necesitan. Tampoco se especifica en estas cifras a cuánto ascienden las cuantías que se cobran, pues algunas de estas ayudas no llegan a los 100 euros al mes. Facilitar esta información no parece prioritario para un Ministerio que cada tanto anuncia mejoras, consciente de los límites que su propuesta contiene.

Por su parte, l@s solicitantes del IMV acusan un cansancio de más de tres años de señalar las dificultades que comporta este subsidio y la carrera de obstáculos que supone la simple solicitud y los documentos que hay que añadir, más aún si lo comparamos con otro tipo de ayudas como las del SEPE antes indicado, y guardan poca fe en las propuestas de mejora. El desasosiego se extiende ante la invisibilidad que ha ido adquiriendo la vida en los últimos años tras los grandes anuncios, convirtiendo al IMV en un asunto cada vez menos presente en los medios y en los debates políticos.

Perceptor@s de todo el estado se han reunido en una plataforma de afectados desde la que señalan entre otras problemáticas que les tienen en vilo las deudas generadas con la Seguridad Social por la lentitud a la que el INSS realiza las actualizaciones de cuantías, y la tramitación de los expedientes, generándose un desfase temporal en el que se acumulan cantidades ingentes imposibles de reintegrar para quienes sobreviven con escasos o nulos ingresos. Por otra parte, en los colectivos se estudia con detalle tanto la documentación como los casos, para intentar entender cómo funciona el caos burocrático de la Seguridad Social que para tantos supone esta ayuda, y poder asesorar de la mejor manera a personas que se sienten solas y “perdidas”. Ahora señalan que la forma en la que el IMV obliga a las familias a reintegrar ese dinero que en la mayoría de los casos ha llegado a sus cuentas bancarias por errores de la administración, y no por imprudencias de los solicitantes, es particularmente lesiva.

Roberto Borda, activista social de la Asociación Apoyo, atiende diariamente a muchas familias perceptoras del IMV, entre ellas algunas que, como ha sucedido a miles de familias, han visto cómo les llegan notificaciones de la Seguridad Social reclamando deudas. Durante la revisión de un caso más, este activista hizo un hallazgo: a una familia afectada le pedían que devolviera 2.400 euros en base a pagos indebidos efectuados por la administración por falta de actualización desde 2021 (es decir, por errores y negligencias de la Administración). Les proponían compensar el dinero en plazos de 600 euros  durante cuatro meses, a restar de los 900 euros que les corresponde ingresar.  Borda se sorprende al ver la carta, no es la primera notificación que le muestran de esa naturaleza, pero hasta ahora el porcentaje de compensación mensual no superaba el 20% de los ingresos: Así sucede con las compensaciones generales de la Seguridad Social, calificando esta práctica como usurera. ¿Por qué no se cobran esas deudas cuando las personas están en una mejor situación laboral y económica?, o si son errores de la Administración que ésta los asuma como suyos y condone dichas deudas por su incompetencia. No se puede tolerar que la administración contenga errores de esta naturaleza.

El Real Decreto publicado en septiembre de 2022 sobre IMV dice que "cuando la deuda de los ingresos indebidos se deba a cruces de datos con la Agencia Tributaria, se compensará y se asegurará que la familia recibirá el 30% de la cuantía asignada”. Así, se les puede retirar el 70% de su prestación.

Pero la carta que le llega a la familia “hace referencia a la disposición tercera del Real Decreto 789/2022 del 27 de septiembre de 2022 para regular la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con el trabajo. Vemos que ahí  pone claramente que cuando la deuda de los ingresos indebidos se deba a cruces de datos con la Agencia Tributaria, se compensará y se asegurará que la familia recibirá el 30% de la cuantía asignada”. Así, un Real Decreto recibido con cierta esperanza de que se aprovechara para realizar las actualizaciones de cuantía a principios de año, reduciendo el riesgo de generar deudas, traía una mala noticia para las familias, la Seguridad Social puede retirarles hasta el 70% de su prestación. ¿Cómo el INSS es tan egoísta de quedarse con el 70% estando las familias en una situación económica precaria? Una vergüenza.

El hecho es que pocas opciones le quedan a las familias ante la notificación: presentar una reclamación previa, que están tardando, las que responden, hasta ocho meses en resolverse, o pasados los 45 días presentarse en el juzgado, buscar abogado de oficio, presentar una demanda, etc. “En todas las opciones que tenemos, para cuando tengamos una solución, la familia ya ha estado casi dos años con 300 €, cuando por la ley con la que ellos mismos regulan que es la vulnerabilidad económica, y que es la pobreza, dicen que esta familia necesita 900 € para llegar a fin de mes”. 

Incertidumbre y desesperación 

Moverse entre los recovecos y laberintos burocráticos del IMV no es tarea fácil, es algo que afectados y colectivos van haciendo como pueden a fuerza de toparse con problemas de todo tipo. Es la espiral de la violencia institucional en su máxima expresión”.

Las tres administraciones toman parte en esta espiral: “la administración central me olvida, la administración autonómica lo único que dice es, usted vaya a hacer la vital, que así le quito la renta mínima y ahorro dinero. Y el Ayuntamiento va por libre y dice uy, no, es que esto de la vital no nos incumbe, lo único que tienen que hacer es un certificado de servicios sociales, pero advierten a menudo que hasta que no se lo requiera el INSS no lo van a hacer”. Otra vergüenza más.

La simple consulta de la situación del expediente de solicitud del IMV es batalla perdida. Cuando entras en la aplicación del INSS donde después de poner los datos del solicitante, DNI/NIE, correo electrónico y número de referencia, te envían un código de verificación de tiempo limitado al correo para introducirlo posteriormente. Cuando recibes éste código ya ha caducado y por tanto no tienes acceso a la consulta del expediente. Tienes que volver a solicitarlo y así sucesivamente hasta que lo dejas por imposible.

Pero las críticas al IMV no vienen solo de personas afectadas, activistas, o particulares. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentaba un informe muy crítico con la gestión del Ingreso Mínimo Vital. Se da el caso de que es la misma institución que lideró el Sr. Escrivá entre los años 2014 y 2020. Desde allí diseñó una propuesta de rentas mínimas a raíz de una ILP sobre este tema que presentaron los sindicatos.  Hasta hizo una propuesta económica, que no se explica los errores que vinieron después. Es una satisfacción que justo ahora la AIReF, que se supone que es un organismo dedicado al control del gasto público, diga que se está gastando muy poco en donde se debe”. El organismo señala que el número de denegaciones y de familias que teniendo el derecho no están accediendo a la ayuda es demasiado alto para que el IMV pueda considerarse una política exitosa. Otra de las cuestiones fundamentales, es el problema de las actualizaciones y los quebraderos de cabeza que genera: “No es lo mismo una devolución de un año entero que de dos o tres meses, que podría ser el tiempo máximo de revisión”.

Para la AIReF, no se trata de que falten medios informáticos, las administraciones pueden cruzar datos entre ellas para agilizar los procesos, como ya se hace en otros ámbitos. “¿cómo puede ser que el Servicio Público de Empleo actualice sus datos de forma inmediata y la Seguridad Social necesite que pasen dos años para tener una declaración de la renta, o un informe de empadronamiento, por citar un ejemplo? ¿no confían en lo que ha enviado el solicitante?. Es que no tiene ni pies ni cabeza”. Es más aún, incluso no sería necesario que los solicitantes aportasen ningún tipo de documentación puesto que en la propia solicitud del IMV, “el INSS pide consentimiento para consultar y recabar electrónicamente los datos o documentos que se encuentren en poder de cualquier administración, cuyo acceso no este previamente amparado por la ley y que sean necesarios para resolver su solicitud y gestionar, en su caso, la prestación reconocida”. El caso es enredar y demorar todo lo que se pueda la tramitación del expediente.

No es de extrañar de que ante todas estas disfuncionalidades que afectan a la vida de las personas, l@s perceptores se estén movilizando, contactando con políticos, medios, organizaciones, con el objetivo de que se conozca por lo que están pasando. No se sabe si esto supone una mayor concienciación social, pero que al menos empuja a quienes antes ondeaban como un éxito el IMV, a un poco más de moderación, proponiendo algunas mejoras.

El IMV es como el “cuento de la pescadilla que se muerde la cola”, protesta, mientras evocas toda la yincana administrativa que te ves abligad@ a hacer en los últimos años.

Algunos casos reales de los que yo mismo he tramitado:

Una mujer de 45 años, divorciada, con seis hijos a su cargo, de ellos cuatro menores, víctima de violencia de género, con informe de exclusión social-vulnerabilidad, trabajando de limpiadora con un salario de 672,76 euros/mes. y CERO euros de patrimonio. En Junio 2020 solicita IMV, y se lo deniegan por superar la unidad de convivencia en su conjunto los ingresos y rentas computables (8.073,13€ anuales). En la fecha de solicitud, la Renta Mínima Garantizada para esa unidad de convivencia era de 1.015,30 euros mensuales. Por tanto, si sus ingresos del año anterior fueron de 672,76€ mensuales, le correspondería percibir por IMV la diferencia de 342,54 euros mensuales para alcanzar la Renta Mínima Garantizada.

Tras presentar una reclamación previa, a la que no se obtiene respuesta por parte del INSS, lo siguiente es solicitar abogado de oficio, presentar demanda y esperar a que los juzgados resuelvan, total tres años de espera y sin conocer la resolución final.

Una mujer de 47 años, soltera, residiendo de forma independiente, con discapacidad del 34%, solicita el IMV en Julio de 2020, y en Enero de 2021 es denegada, a pesar de acreditar la carencia absoluta de rentas y patrimonio, por haber estado “empadronada en el domicilio de su padre” durante ocho meses para evitar ser desahuciada por falta de pago del alquiler donde residía. En el momento de la solicitud le correspondía una ayuda de 461,50 euros mensuales.

Igual que en el caso anterior, se presenta reclamación previa sin respuesta por parte del INSS y de igual forma, solicitud de abogado de oficio, presentar demanda y a la fecha (tres años después) el caso está pendiente de sentencia en el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Una mujer de 49 años, soltera, residiendo de forma independiente en alquiler, con unos ingresos de 2.731,92€ en el año 2022 (227,66€ mensuales), y sin patrimonio, solicita el IMV en Abril de 2023, y a  fecha de hoy (ochos meses después), no se ha dictado resolución. Aún queda la esperanza de que reciba una resolución favorable por la que le concedan 337 euros mensuales que le corresponden.

El problema es que la normalidad de la ayuda es dar problemas. Situaciones normales, como el nacimiento de un hijo, la emancipación de una hija, trabajar unas horas, el empadronamiento excepcional con un familiar para no ser desahuciada, cualquier cosa puede ser origen de una sacudida vital. “La gente no siente que ha sido una conquista, que ha sido una mejora, que su vida es mejor, que vive más tranquila. No, la gente vive con miedo”. Lo peor, es que quizás ya a nadie le importe el IMV, o peor, que a nadie le importen ya la existencia de las personas empobrecidas.

Pedir cita previa en el INSS es una misión imposible

En primer lugar tienes que estar digitalizado y muchas personas ni siquiera tienen ordenador y/o tampoco se saben manejar con las aplicaciones de la administración, o no saben lo que es el Certificado Digital, el registro en el sistema Cl@ve o cómo usar el DNI Electrónico, lo que supone un gran impedimento para estas personas y tienen que acudir a alguien que pueda ayudarles. Yo mismo he podido constatar que al pedir cita del INSS por teléfono, tras responder a un “cuestionario” de preguntas, al final no existen citas disponibles o te derivan a una oficina de otra localidad de la provincia que fácilmente puede estar a 100 kms. o más de tu domicilio, a pesar de solicitar la oficina más cercana al código postal.

Y de todos estos fallos y mal funcionamiento del INSS, intencionados o no, su protagonista ha sido el Sr. Escrivá que por suerte ya no tiene las competencias del ministerio, el cual,  según un informe del Ministerio de Hacienda acumuló 56 quejas diarias por el mal funcionamiento hasta alcanzar 20.404 en 2022, disparándose aún más en 2023.

Ahora solo queda otorgar un tiempo prudencial a la nueva ministra Elma Saiz para confiar en ella y demuestre que es capaz de mejorar la gestión del INSS en todos sus ámbitos, y en particular avanzar con el Ingreso Mínimo Vital.  Ojalá pudiera llegarle el contenido de esta carta.

Muchas gracias por la publicación y aprovechando estas fiestas navideñas, desear a todos los miembros del diario 65YMAS y sus lectores un próximo año mucho mejor para todos que el que dejamos. Salud y bienestar.

Atentamente.

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