Largas carreras de cotización: la información que el Gobierno no debe ocultar más

 

La Proposición de Ley (PL) impulsada por Podemos, desde el Grupo Mixto, para eliminar los coeficientes reductores que penalizan la pensión de las personas jubiladas antes de la edad ordinaria, a pesar de contar con más de 40 años cotizados, está superando, uno tras otro, todos los trámites legales y reglamentarios establecidos. El siguiente paso es que la presidenta del Congreso debe preguntar al Congreso sobre su toma en consideración y, en caso afirmativo, enviar la PL a la Comisión que corresponda.

Mucho se ha argumentado ya acerca de la injusticia, discriminación e inequidad que sufre este colectivo de personas con largas carreras de cotización. Sin embargo, llegados a este punto de la PL, considero que es necesario que sus defensores (Grupo Mixto) se centren en los elementos objetivos (datos oficiales e incuestionables) que muestren y demuestren esa injusticia. Por ello, propongo al Grupo Mixto que, en su defensa ante la Comisión/Congreso, tomen en consideración el siguiente conjunto de hechos objetivos, recabando datos oficiales debidamente actualizados, así como exigir la información que el Gobierno se ha negado a facilitar hasta la fecha:

1.- Contexto económico/laboral. España es el país de la Comunidad Europea líder en desempleo global, en paro juvenil y en paro de larga duración (este centrado en mayores de 50 años).

Esto lo sufren las personas del Régimen General de Seguridad Social y Autónomos. Otros colectivos, como Clases Pasivas del Estado y varios regímenes especiales (policía local y autonómica, etc.), que se pueden jubilar con 59-60 años y 35 de servicio, con pensión completa, tienen un riesgo cero de sufrir pérdida de empleo. 

2.- De acuerdo con datos facilitados por el Gobierno, en respuesta a las preguntas (60076 y 60994) del senador Carles Mulet, desde 2018 a octubre 2022, las jubilaciones anticipadas disminuyeron en un 17% para el RGSS y Autónomos. Sin embargo, en Clases Pasivas del Estado (CPE), aumentaron en un 12% y en los regímenes especiales aumentaron en un 52%. En CPE la edad media de jubilación apenas varía (pasa de 60,86 a 60,88) y los años cotizados pasan de 36,52 a 36,05 (reducción de 6 meses). Para regímenes especiales, el Gobierno asegura no disponer de información (ni global ni desglosada por cada uno de los 10 regímenes) acerca de la edad de jubilación ni de los años cotizados. Tampoco respondió para el caso de RGSS y Autónomos en lo referente a edad de jubilación y años cotizados. No obstante, está claro que simplemente por aplicación de las Leyes 2013 y 2021, para RGSS y Autónomos ha aumentado la edad de jubilación y los años cotizados. 

Como resumen, solo para el caso de RGSS y Autónomos disminuye el número de jubilaciones anticipadas y aumentan la edad de jubilación y los años cotizados. Para CPE y regímenes especiales sucede todo lo contrario. Esto se explica por la aplicación de cláusulas de "derechos adquiridos", que, sin embargo, nunca se aplican para RGSS y Autónomos. 

Las pensiones medias a octubre 2022 eran de 1.738 euros para RGSS, 2.283 euros para regímenes especiales y 2.531 euros para CPE.

Es preciso que desde el Grupo Mixto soliciten todos estos datos actualizados al Gobierno y que le exijan los datos que se negó a suministrar en su día al senador Mulet.

Los datos actualizados y completos mostrarán, sin duda, el impacto de la Reforma 2021 y la creciente discriminación respecto CPE y regímenes especiales.

3.- Según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, con datos a mayo 2024, los trabajadores de más de 55 años representan el 21% de la población activa. Pues bien, ese colectivo sufre, sin embargo, el 33,3% de los accidentes de trabajo graves  y el 42,8% de los mortales. Cifras muy similares se repiten año tras año. La incidencia de la edad en los accidentes mortales y graves es obvia.

Estos datos refrendan el estudio publicado recientemente por Fedea, que asegura que el retraso de la edad de jubilación aumenta el riesgo de morir entre los 60 y 69 años. Interesante también sería solicitar a la Seguridad Socail cúal es el coste anual por enfermedades crónicas acaecidas después de trabajar más de 40 años. 

4.- Respecto a los accidentes mortales y graves por sectores de actividad, con datos a mayo 2024, la estadística del Ministerio de Trabajo muestra, al igual que los años precedentes, que los mayores índices de incidencia los sufren los sectores siguientes: 

	MORTALES	GRAVES
MEDIA	0,254	217,1
Industrias extractivas	2,777	491,5
Transporte y almacenamiento	1,004	305,4
Construcción	0,858	480,0
Industria	0,361	373,6

 

Se observa que de los regímenes especiales de jubilación anticipada, únicamente "industrias extractivas", está entre los sectores con mayor índice de incidencia. Podemos ver a continuación la situación de otros regímenes especiales (aunque estén integrados en esas estadísticas en un sector mayor).

	MORTALES	GRAVES
Administración pública y defensa	0,258	189,5
Actividades artísticas	0,154	203,9

 

El sector de "administración pública y defensa" aglutina, entre otras actividades, los regímenes especiales de policía local y policías autonómicas, así como el régimen especial de bomberos (solo los que trabajan para la administración).

El sector de "actividades artísticas" es el que incorpora, entre otros, a los regímenes especiales de artistas y el de taurinos.

En respuesta a preguntas del senador Mulet, el Gobierno, de forma incomprensible e inaceptable, asegura que no dispone del desglose para cada uno de los 10 regímenes especiales ni para CPE de los accidentes mortales y graves sufridos.

Teniendo en cuenta que los regímenes especiales lo componen, en teoría, actividades especialmente penosas, insalubres o peligrosas, no se entiende que el Gobierno responda que no dispone de esa información. Eso, en el mejor de los casos, supondría dejación de funciones.

Es imprescindible que el Grupo Mixto pueda disponer de toda esa información desglosada. La discriminación con CPE y Regímenes especiales vuelve a ponerse claramente de manifiesto.

5.- El informe del Gobierno sobre largas carreras de cotización, de fecha julio 2021, que el Pacto de Toledo exigió en su recomendación número 12, presenta diversas carencias muy notables que es preciso que el Grupo Mixto pueda exigir al Gobierno.

- El informe carece de un estudio actuarial al respecto. Debería haber sido un requisito inexcusable.

- En el análisis del supuesto coste económico de la eliminación de los coeficientes reductores, no hace mención alguna a:

• IRPF que el Estado recaudaría por esas mayores pensiones
• IVA que el Estado recaudaría por el mayor consumo

- El informe carece de comparativas valoradas. Por ejemplo comparar cuatro casuísticas muy simples y concretas:

• Personas de CPE jubilada a los 60 años, con 35 de servicio y pensión íntegra.
• Persona de régimen especial jubilada a los 59 años, con 35 de servicio y pensión íntegra.
• Persona del RGSS/Autónomos jubilada de form involuntaria con 61 años, con 44 cotizados y reducción a perpetuidad del 26% en su pensión.
• Persona del RGSS/Autónomos jubilada de forma voluntaria con 63 años, con 40 cotizados y reducción a perpetuidad del 19% en su pensión.

Para finalizar, recordar que la jubilación anticipada en personas con largas carreras de cotización posibilita una disminución en el paro general, en el desempleo de larga duración (centrado en mayores de 50 años), un aumento de la productividad, mejor adaptación a nuevas tecnologías, disminución de accidentes de trabajo mortales y graves, descenso de gastos de SS por enfermedades crónicas, etc.

Disponer de toda la información citada anteriormente (sin que el Gobierno la oculte por más tiempo) sería demoledor. Sería poner negro sobre blanco la realidad de la injusticia e indignidad que sufre el colectivo de largas carreras de cotización. Supondría, sin duda, la eliminación inmediata de los coeficientes reductores que penalizan su pensión hasta la muerte. Tal como dice la asociación ASJUBI40, sería eliminar una cadena perpetua.

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