La lucha pensionista continúa: balance de 2022, un año difícil

Los movimientos y plataformas de pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado español que suscribimos este documento, valoramos que 2022 ha sido un año convulso y crítico, en el que han continuado los ataques a las pensiones públicas y el conjunto de los derechos sociales, que ya se venían produciendo. 

Debido al papel subalterno que han asumido los gobiernos de la Unión Europea en esta crisis de materias primas y geopolítica de la guerra de Ucrania, respecto a los intereses de los Estados Unidos y la OTAN, los pueblos de Europa nos vemos abocados a soportar un encarecimiento de los productos básicos, un empeoramiento de las condiciones de vida y la aceleración de los procesos de destrucción del ecosistema, por el desvío de enormes recursos económicos a gastos militares, en lugar de destinarlos a erradicar la pobreza, precariedad, desigualdad y exclusión social que padece la ciudadanía.

Propiciando el caldo de cultivo para el resurgir del fascismo y el autoritarismo. 

• La espiral inflacionista se come el poder adquisitivo de la clase trabajadora, haciendo pagar a ésta la enorme factura de la guerra y la voracidad especulativa de las élites empresariales y financieras. El dato oficial del IPC “medio” del 6,8% en 2022 no puede ocultar que las personas pensionistas y más vulnerables, han visto aumentar en más del doble (entre el 15% y el 20%) su cesta básica de compra, especialmente los alimentos, la energía y los alquileres de la vivienda. Además, la subida de los tipos de interés es devastadora, para las familias trabajadoras con créditos hipotecarios u otros. 
• Mientras tanto, las grandes empresas del IBEX35 no dejan de batir sus propios récords de beneficios, del 13% en 2021 y 21% en 2022. Un crecimiento siete veces superior al de los salarios, según el Banco de España. Diversos estudios señalan que este obsceno enriquecimiento empresarial es la principal causa de la inflación disparada y del empobrecimiento generalizado. 
• El año 2022 comenzó con la entrada en vigor de la primera fase de la “reforma” del Sistema Público de Pensiones (Ley 21/2021), alentada por el gobierno a través de su ministro Escrivá. La introducción del llamado “IPC medio”, junto con la supresión de la paga compensatoria, hizo empobrecerse en 2021 un 3% las pensiones contributivas, e incluso las mínimas perdieron un 2,5%. Pero la principal medida positiva que contenía esa Ley, la realización de una Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, lleva ya más de medio año sin cumplirse, por parte del Gobierno. Quienes imponen las leyes no tienen ningún empacho en incumplirlas cuando les conviene. 
• La segunda fase de la “reforma” llegó en el pasado mes de junio (Ley 12/2022) mediante la promoción de los “Planes de Pensiones de Empleo”, puerta abierta para la privatización de las pensiones públicas, al desviarse cotizaciones sociales hacia estos planes individualizados de capitalización, y poner su gestión en manos de bancos, aseguradoras y los mismos “agentes sociales” (empresas y sindicatos mayoritarios, a través de la negociación colectiva) que obtendrán beneficios por su gestión. 

La respuesta pensionista

A pesar de las circunstancias adversas, las organizaciones del movimiento pensionista mantenemos nuestra voluntad de seguir defendiendo nuestros derechos. Las movilizaciones pensionistas, que dieron un salto cualitativo hace ya cinco años, han seguido desarrollándose a pesar de la pandemia, en todos los territorios del Estado. Las convocatorias periódicas (los “lunes al Sol” y otras), con un programa unitario de reivindicaciones, se han visto reforzadas, especialmente en este otoño pasado, con las convocatorias de la Unidad de Acción constituida por las organizaciones que firmamos este manifiesto, entre las que destacan: 

• La recogida de firmas (físicas y telemáticas) promovida desde la primavera por nuestras organizaciones, con el apoyo de más de 240.000 personas (que fueron entregadas en octubre al Congreso de los Diputados), reivindicando IPC real, pensiones mínimas iguales al SMI, eliminar la brecha de género y cerrar el paso a la privatización del Sistema Público. 
• La movilización pensionista centralizada en Madrid del día 15 de octubre, que supuso un éxito rotundo de participación, una demostración de fuerza y unidad del movimiento, así como de capacidad organizativa desde todos los territorios. Además, contó con el apoyo de muchas organizaciones y movimientos sociales, sentando las bases de futuras luchas compartidas. 
• La ronda de entrevistas mantenida con las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, trasladando nuestras reivindicaciones y exigiendo la paga compensatoria a las personas pensionistas, por la pérdida del poder adquisitivo de los dos últimos años. 
• La movilización descentralizada del 19 de noviembre, junto al sindicalismo combativo y los movimientos sociales, como un paso más de lucha conjunta, solidaridad y apoyo mutuo. 

La lucha da sus frutos

La movilización pensionista está dando sus resultados. Ya conseguimos en su día derrotar el 0,25% y el “factor de sostenibilidad” del gobierno de Rajoy. Estimamos que nuestra lucha de hoy, unitaria en torno a objetivos comunes, cargada de razón y a pesar de las enormes dificultades en que se desarrolla, sigue haciendo que el poder no se sienta cómodo ni en un marco impune. Esto explica hechos como: 

• La propia subida de las pensiones del 8,5% en 2023. Aunque ya hemos dicho que no compensará ni de lejos el aumento real de la nuestra cesta de la compra (de hecho y paradójicamente, este aumento coincide con el mayor empobrecimiento histórico de nuestra capacidad adquisitiva), esta revalorización difícilmente hubiera llegado si las personas pensionistas no estuviéramos movilizadas. 
• Se ha conseguido que por fin, los gastos impropios que corresponden a políticas sociales de los gobiernos, se abonen vía trasferencia presupuestaria y no se carguen sobre las cotizaciones, como venía sucediendo hasta ahora. 
• No han conseguido imponer en diciembre de 2022 (como dicen que tenían “comprometido” con Bruselas) la anunciada ampliación del período de cómputo para el cálculo de las pensiones. Los llamados “agentes sociales”, que firmaron la anterior ampliación en 2011, esta vez están más vigilados y dicen mostrar su rechazo, al menos de momento.
• Tampoco han conseguido poner en marcha la llamada “Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social”, prevista en la ley 21/2021, que rechazamos por ser un mecanismo de privatización del patrimonio de la Seguridad Social. 
• Es de destacar también la admisión a trámite en el Parlamento Europeo, gracias al trabajo de nuestras compañeras y compañeros de ASJUBI40 (@asjubi40), del debate sobre la sangrante penalización con coeficientes reductores de su pensión, que sufren las personas con largas carreras de cotización, a la hora de jubilarse anticipadamente. 

Estos avances, modestos e insuficientes si se quiere, son posibles gracias al compromiso y la lucha de todas las personas y plataformas del movimiento pensionista. Se demuestra, una vez más, que la lucha es útil, y que es y será la única manera de defender y ampliar nuestros derechos. Insistir, persistir, nunca desistir.

 …Y continúa

Entendemos que el Sistema Público de Pensiones es nuestro mejor instrumento de cohesión social, absolutamente viable y solvente, y reiteramos nuestro firme propósito de defenderlo, para las personas pensionistas de hoy y de mañana. Por eso, y para que se cumpla el derecho a la pensión digna que reza en el Art. 50 de la Constitución, demandamos: 

1. Recuperar el poder adquisitivo de salarios y pensiones, restableciendo la paga compensatoria correspondiente a la pérdida de poder adquisitivo de 2021 y 2022. Exigimos que se garantice la revalorización de las pensiones en función del IPC acumulado interanual (el llamando IPC Real). 
2. Exigimos la inmediata subida de las pensiones mínimas para garantizar que no haya pensionistas que estén por debajo del umbral de la pobreza. El 60,2% de los pensionistas en España no llegan a 1.000 euros al mes, la cantidad en la que está fijado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde el inicio de 2022. Exigimos que la pensión mínima se equipare al SMI, y éste se sitúe en el 60% del salario medio como recomienda la carta social europea. 
3. Acabar con la brecha de género en salarios y pensiones, que ya supera el 30%, y que se va a agravar con la propuesta de Escrivá, de aumentar los años para el cálculo de las futuras pensiones. La medida anterior de subida de las pensiones mínimas ayudaría a paliar esta discriminación, porque la gran mayoría de pensiones precarias (de viudedad y otras) las reciben las mujeres. 
4. Exigimos que, de inmediato y con garantías, se realice la Auditoria de la Seguridad Social recogida en la Ley 21/2021 cuyo plazo de ejecución se ha incumplido. Estamos convencidos de que la auditoria nos dará la razón y certificará que el sistema es sostenible, y que no se pueden justificar los recortes ni la privatización de las pensiones públicas. 
5. Derogar los recortes de las reformas de pensiones de 2011, 2013, y 2021 y la promoción de los planes de pensiones privadas de empleo (Ley 12/2022) con recursos de la Seguridad Social. Denunciamos además que, lejos de moderarse dicho fomento, se han aumentado las comisiones de gestión privada autorizadas en el primer reglamento de la Ley que se conoce, cediendo el Gobierno, una vez más, ante la banca privada. 
6. La eliminación de los coeficientes reductores a las largas carreras de cotización con más de 40 años cotizados. 
7. Rechazamos la descapitalización de la Seguridad Social, ya que pretenden liquidar sus activos inmobiliarios (propiedad de todas las personas pensionistas y trabajadoras) como parte del proceso encubierto de privatización, que incluye la “Agencia de la SS” que se propone crear el Gobierno. 
8. Asímismo rechazamos el aumento de los años para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que sólo tiene como objetivo reducir las pensiones futuras, y reclamamos volver al período de cálculo de 15 años anterior a la reforma de 2011. Igualmente rechazamos el procedimiento mediante decreto para su aprobación, ya que supondría eludir el debate parlamentario. 

Las organizaciones pensionistas de los pueblos y comunidades del Estado que firmamos este documento, manifestamos nuestra voluntad de reforzar la Unidad de Acción pensionista, de seguir caminando juntas para conseguir los objetivos compartidos que hemos expuesto. 

También, como parte de la clase trabajadora, somos solidarias con el conjunto de luchas por los derechos sociales y lo público. Por eso también manifestamos nuestra voluntad de unir nuestras luchas con las que se desarrollan en pro de los derechos laborales, de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la vivienda, los cuidados a las personas dependientes (gestión de las residencias de mayores, servicios de atención domiciliaria, …). En definitiva, estamos en la lucha para construir el futuro que todas y todos nos merecemos, sin privilegios ni exclusiones.

¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES Y LOS DERECHOS SE DEFIENDEN! 

Plataformas firmantes:

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)

COESPE (@CoespeOficial) (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas).

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)

UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…

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