Sábado 25 de marzo de 2023
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Dolores, mi madre, tiene actualmente 79 años y es clienta de un conocido banco. Hace un tiempo le venció el depósito a plazo fijo en el que tenía sus ahorros y cuando fue a contratar otro a la misma entidad (ellos mismos la llamaron para avisarla), le dijeron que ya no existían los depósitos a plazo fijo como tal. En su lugar, le ofrecían unos depósitos combinados que –según ellos– básicamente eran lo mismo. La gestora del banco le dijo que como mucho podría perder unos céntimos y, a pesar de que Dolores reiteró que quería un plazo fijo y que no entendía muy bien que pudiera perder unos céntimos en un producto del banco “similar a un plazo fijo”, la agente siguió presionándola hasta que Dolores firmó.
Ahora nos encontramos con que ha firmado unas inversiones (depósito combinado) de la mitad de sus ahorros en Bonos del Estado (creemos que españoles e italianos) y la otra mitad directamente en Bolsa. En el contrato se habla de acciones, materias primas, etc, pero no tenemos ni idea de en qué tipo de acciones en concreto están los ahorros de toda su vida, algo que tampoco aclaró la gestora cuando fui a hacer la reclamación, aunque le pregunté explícitamente por ello.
Por otra parte, para este tipo de producto el banco tiene que realizar al cliente un test de idoneidad que a mi madre no le hicieron. Además, han hecho constar en este documento que mi madre tiene “estudios primarios o EGB”, cosa que no es cierta, puesto que no llegó a ir a la escuela ni un curso entero en su vida. Por descontado a ella no la han informado de absolutamente nada, ni de acciones, ni inversión, ni test de idoneidad… Simplemente le dieron una tablet donde firmar y se limitaron a insistir hasta que firmó.
Hemos puesto una reclamación al banco y estamos esperando a que nos contesten con una resolución. También nos estamos informando en una abogada para ver si podemos denunciar al banco por mala praxis, contrato de consentimiento viciado o la figura legal que ella determine.
Cuento esta historia con el objetivo de encontrar a otras personas que hayan podido verse afectadas por esta práctica de abuso a personas mayores.
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