El ministro Escrivá manipula las cifras a su conveniencia

 

FEVAAS, Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas, lleva muchos años reivindicando la eliminación de unos coeficientes reductores de la pensión que, a todas luces y reconocidos por todos, han sido excesivos y por tanto han sido y siguen siendo injustos, no cumpliendo con lo que los propios Secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes en 2007 y 2014 contestaron a preguntas escritas lo siguiente:

"Con la aplicación de dichos coeficientes reductores lo que se pretende es que el Sistema de la Seguridad Social no se resienta de su equilibrio económico-financiero garantizando que el coste para el mismo tiene un efecto neutro tanto si la pensión se abona a partir de la edad de jubilación, como si se otorga anticipadamente, lo que lleva, en este último caso , para conseguir una igualación en el coste, a una rebaja proporcional de su importe".

En el ánimo estaba que tuvieran un efecto neutro, pero no en la realidad en que la rebaja fue excesiva.

Hasta el ministro Escrivá dijo en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo el 5 de marzo de 2020: "Ha salido el caso de los jubilados que tienen carreras profesionales extraordinariamente largas. Hemos identificado entre todos un problema claro, una situación intrínsecamente injusta".

Yo si fuera político no viviría tranquilo si supiera que se están cometiendo injusticias y no tratara de solucionarlo.

Nuestra petición, que coincide en parte con la de CONFEDETEL, es que se eliminen los coeficientes reductores para los jubilados anticipados por causas ajenas a su voluntad, con 40 años de cotización y de 35 años para los mutualistas (cotizantes antes de 1 de enero de 1967) al llegar a la Edad de Equilibrio Contributivo, es decir, cuando lo cobrado de más por adelantar la edad de jubilación se equilibra con lo deducido por aplicación de los coeficientes reductores, que es lo que tendría un efecto neutro.

La Comisión del Pacto de Toledo el 27 de octubre de 2020 y el Pleno del Congreso el 19 de noviembre de 2020 aprobaron el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, que en su Recomendación 12 llevaba el siguiente párrafo: 

"Asimismo, la jubilación anticipada sigue utilizándose a menudo como una fórmula de regulación del empleo. A juicio de la Comisión, esta práctica debe modificarse reservándose esta modalidad de jubilación a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y que opten por acogerse a ella. En este punto, la Comisión considera esencial, previa identificación del colectivo, analizar los costes financieros y la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican en los casos de jubilación anticipada, poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias-, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación. A la vista de dicho análisis —una vez determinada la situación de aquellas jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores pueda producir un efecto inequitativo— el Gobierno propondrá una respuesta, en el plazo máximo de 3 meses, a la Comisión del Pacto de Toledo".

A esta petición el ministro responde con un Informe el 30 de julio de 2021. En el mismo, el Ministerio cuantifica que "la eliminación de los coeficientes reductores a quienes hoy ostentan la condición de pensionista de jubilación anticipada supondría un incremento del gasto anual de 2.745 millones de euros en 2021". 

Aquí tenemos un claro caso de manipulación al dar una cifra muy alta, sin especificar el colectivo, con objeto de que haya dificultades para resolverlo, pero no contesta a lo que le demandaba la recomendación 12 de La Comisión para diferentes colectivos. No entiendo que los componentes de esta Comisión no estén protestando por el ninguneo del ministro. 

Pero el ministro se olvida que si ahora tenemos déficits de la Seguridad Social han sido muchos los años en que hubo superávit y esto es lo que se ha querido conocer cuando por los pactos se ha obligado al Gobierno a poner la Disposición adicional sexta en la Ley 21/2021 de 28 de Diciembre de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.

Disposición adicional sexta. Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social: "En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social".

"Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

¿Qué ha contestado? Con un retraso de casi nueve meses contesta con el Informe sobre la acción protectora de la Seguridad Social y la financiación del Estado que entregó a la Comisión del Pacto de Toledo en su comparecencia del 15 de marzo pasado que tiene 76 páginas y que esta fechado el 31.12.2021 y que no tiene nada que ver con lo que le preguntan. Nuevamente trata de confundir con un informe infumable que no responde a lo que se le preguntaba y en la entrega utiliza palabras amables para al parecer demandante de la Comisión. Nuevamente es una manipulación injustificable.

Un artículo de Economistas Frente a la Crisis, con el título, Cuentas claras, pensiones sostenibles, de Antonio González publicado el 26 de diciembre de 2018 en el que se dan los ingresos por cotizaciones y los gastos de pensiones contributivas entre 1977 y 2017, cita que De Miguel, F. los ha calculado en 843.000 millones de euros. Una cuantía, dice, que de no haberse gastado en sostener gastos no contributivos constituiría un importante Fondo de Reserva.

Lo mismo es lo que se pedía en la Disposición Adicional sexta citada, pero entre los años 1967 y 2019 y que, al parecer, el ministro no sabe como obtenerlo. ¿O es que no quiere?

Mientras tanto nos venden la idea que el déficit será insostenible en el futuro. Exigimos que lo mismo que se dedicó a otras partidas del Presupuesto indebidamente ahora es el momento que se vaya devolviendo lo que nos han quitado

Ernesto Gastelu-Iturri es presidente de FEVAAS.

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