Otro "acuerdo" que debilita las pensiones públicas

 

Las plataformas y movimientos de pensionistas de diferentes pueblos del Estado valoramos negativamente el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2024 por el gobierno del Estado, las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.

De entrada, decimos que esa mesa de Diálogo Social no nos representa y les negamos legitimidad para decidir acuerdos que nos afectan como personas pensionistas. Por lo tanto, este acuerdo, negociado con opacidad y oportunismo en medio del verano, tampoco nos representa, tanto más cuanto las movilizaciones pensionistas, que desde hace 10 años se vienen desarrollando, suponen una clara expresión de este colectivo. Por lo tanto, exigimos medidas distintas y opuestas a lo aprobado.

Además, la Mesa estatal se ha consolidado como instrumento para blanquear los persistentes recortes en las pensiones públicas. No es extraño por tanto que los acuerdos del Decreto Ley pactados el día 31 de julio tengan como objetivo: "Seguir de una manera y otra retrasando la edad de jubilación para compensar los recortes de las prestaciones. Como no se adoptan decisiones definitivas que garanticen a las personas pensionistas unas pensiones públicas dignas y suficientes los acuerdos adoptados pretenden resolver el problema haciendo que, ante la insuficiencia de las pensiones, las personas trabajadoras y pensionistas prolonguen su vida laboral y/o compatibilicen trabajo y pensión". 

En el pacto se incluyen las decisiones respecto a:

1. Prolongar y desregular todavía más la edad de jubilación.

Hay que recordar que estos mismos actores ya firmaron la reforma de 2011, que elevó la edad de jubilación desde los 65 hasta los 67 años.

• La ampliación de los supuestos de la jubilación parcial, como ejemplo: mujeres que tienen pocos años de cotización por dedicarse a los trabajos de reproducción y cuidados y necesitan de un segundo trabajo para mejorar su pensión, autónomos y sectores en general con pensiones bajas.

El incremento con carácter semestral del 2% de la pensión demorada. Se trata de retrasar la edad de jubilación para reducir los gastos de pensiones, aunque suponga para muchos colectivos especialmente castigados igualar la edad legal de jubilación con la esperanza de vida.

• La modificación de la jubilación activa; se elimina el requisito de contar con la carrera completa de cotización para tener acceso a la jubilación activa y reconocer la compatibilidad de la jubilación activa con los incentivos de la jubilación demorada.

Las organizaciones pensionistas no nos olvidamos que retrasar la edad de jubilación aumenta las dificultades de nuestra juventud para encontrar un trabajo digno y tener un futuro con derechos.

2. Tímidas e insuficientes mejoras en materias como:

La mejora de las condiciones del contrato de relevo, la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 para los contratos fijos discontinuos o el nuevo reglamento de jubilación anticipada por trabajos penosos pendiente de la creación de un grupo de trabajo, aunque positivas no ocultan el cambio sustancial que se realiza al compatibilizar trabajo y pensión que precarizará de un solo golpe, salarios y pensiones.

3. Dar más capacidad a las Mutuas patronales para presionar sobre las bajas de incapacidad temporal.

• En el Decreto Ley que dará cobertura al acuerdo se incluyen criterios a tener en cuenta en el Convenio de colaboración para agilizar pruebas médicas a personas en incapacidad temporal comprometido en el V Acuerdo de Negociación Colectiva.
• Se ha acordado una propuesta de convenio marco a suscribir con el INNS, los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras con la SS para que estas puedan contribuir, previo consentimiento informado del paciente, a acelerar los procesos de recuperación en determinadas patologías traumatológicas.

Partimos de la misma filosofía anterior; como no se adoptan decisiones firmes para la mejora y desarrollo de los sistemas sanitarios públicos, se pretende solucionar el problema poniendo en manos de las mutuas los diagnósticos y tratamiento de las patologías traumatológicas. Las garantías del control de los médicos de la SS del proceso les parecen insuficientes a los firmantes del acuerdo, y determinan que a lo largo del proceso todas las patologías de este ámbito sean gestionadas por las mutuas.

Conclusión:

Este llamado "cuarto acuerdo" de pensiones ni aborda ni toma medidas para satisfacer las demandas más urgentes de las personas pensionistas. Nuestras demandas no han sido atendidas.

Además de seguir exigiendo la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones perdido desde 2011, cuestión que tendremos en cuenta en los próximos presupuestos, seguimos planteando la urgencia de:

• La mejora sustancial de las pensiones mínimas a niveles del SMI, que posibiliten a las personas pensionistas unas condiciones de vida dignas.
• Recuperar la tasa de reemplazo salario pensión que se está reduciendo por los recortes de las reformas.
• Adoptar decisiones para acabar con la brecha de género que se sitúa en el 37%.
• Cumplimiento de la Ley 21/2021 que determina la exigencia de la realización de la Auditoría de cuentas de la Seguridad Social.
• Revalorizar las pensiones de miles de pensionistas que han sido perjudicados en su pensión por los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 o más años cotizados.
• Garantizar el SPP (Sistema Público de Pensiones) mediante la creación de empleo de calidad y la mejora sustancial de los salarios y cotizaciones.
• Derogar la ley 12/2022 de fomento de los PPEs.

Nada de esto ha formado parte del orden del día de esas reuniones de la “Mesa de Diálogo Social” y queda clara la distancia entre lo que se acuerda en la Mesa y las necesidades urgentes de las personas pensionistas.

Tras más de seis años de movilizaciones, las organizaciones de pensionistas estamos siendo ninguneadas como interlocutores legítimos de las personas pensionistas. El mes de mayo, solicitamos un encuentro con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, y seguimos esperando respuesta.

Por todo ello, nos afirmamos en la necesidad de promover este otoño un amplio proceso de movilización para exigir que sea escuchada la voz de los pensionistas y situar en la agenda como una cuestión central para toda la sociedad la defensa del Sistema Público de Pensiones. Por ello nos reafirmamos en la convocatoria descentralizada a partir del 30 de septiembre en torno el Día Internacional de las Personas Mayores y la marcha sobre Madrid el 26 de octubre. Llamamos a abrir debates en los barrios y pueblos, en los centros de trabajo y en el conjunto de la ciudadanía trabajadora contra los efectos regresivos de estas nuevas reformas.

Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden. 

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)

MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)

UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)

PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…

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