Pensiones públicas: mentiras y desconocimiento

 

Es a toda luz evidente la campaña mediática que está llevando a cabo una parte de la prensa y la televisión con el único fin de demonizar a un amplio sector de la sociedad, que son las y los pensionistas que perciben pensiones contributivas del sistema público. La intención es crear en la sociedad la percepción de que es un sector insolidario y responsable en gran medida de los desajustes en el gasto del Estado, obteniendo de esta manera la coartada para su privatización mediante los planes privados de empresa, fomentados por el Gobierno y en beneficio del capital especulativo y la banca.

Para sustentar estas teorías nos bombardean con noticias y opiniones de este tipo: el gasto del Estado en pensiones se ha incrementado de manera importante, etc. etc. Hay que aclarar que el sistema público de pensiones en España no depende de los ingresos del Estado, al ser una entidad jurídica autónoma, y que se nutre de los ingresos de los y las trabajadoras en activo con sus aportaciones durante su vida laboral a una caja común, ingresos que podrían ser mucho mayores si se destopase el importe máximo del salario y se rebajase a porcentajes europeos el desempleo. De esta caja sale el dinero para el pago de las pensiones contributivas. Por lo tanto, el Estado no paga ni ha pagado, ni gasta ni ha gastado; las pensiones nos las pagamos los y las trabajadoras. Es totalmente falso que las pensiones contributivas sean un gasto para el Estado.

Al ser la Seguridad Social un ente autónomo, su patrimonio es distinto al del Estado, como así lo recoge La Ley General de la Seguridad Social en su artículo 103. Sin embargo, los distintos gobiernos han usado el dinero de la caja de la Seguridad Social para otros fines distintos, cometiendo una ilegalidad evidente, como atestigua el informe del Tribunal de Cuentas que detectó en su análisis de los años 2011 a 2018 una deuda del Estado a la Seguridad social de 103.690 millones de euros. Ya en 2016, en el seno del Pacto de Toledo, CCOO aportó una valoración de los importes detraídos de la caja de la Seguridad Social por el Estado, situándola en la cantidad de 519.104 millones de euros. Un estudio posterior efectuado por Economistas frente a la Crisis estima la deuda del Estado con la Seguridad Social en más de 800.000 millones de euros.

Por ello, se hace imprescindible el llevar a cabo por parte del Tribunal de Cuentas de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, tal como se recoge en la Ley 21/2021 del 28 de diciembre y que se tendría que haber realizado en un periodo de seis meses. Está claro que el Gobierno no tiene ningún interés en que aflore la deuda del Estado con los y las trabajadoras, ya que demostraría como innecesarias las diferentes reformas al sistema público de pensiones basadas en su insostenibilidad. Ni el Gobierno paga las pensiones, ni el sistema es insostenible.

Los y las trabajadoras del país exigimos a los gobiernos que tengan la misma diligencia que tuvieron para pagar las autopistas, a Florentino Pérez por Castor o a la banca por el rescate y la Sareb y nos devuelvan nuestro dinero, fruto de mucho esfuerzo y trabajo.

También aguantamos el continuado argumento de la subida de pensiones, cuando estas solo se revalorizan y no en el importe en el que deberían, lo que de ninguna manera es igual. (Revalorización: devolver a algo el valor o estimación que había perdido).

Para que se tenga claro, unos ejemplos: sube el importe de la luz, incrementos que no están justificados por el incremento de los costes de producción, sino por el aumento desmedido del beneficio empresarial, caso igual al de subida de alimentos en los grandes supermercados, Mercadona, Carrefour, Lidl y otros muchos; y el ejemplo más especulativo lo ocupa la subida del precio de alquiler de las viviendas.

El importe de las pensiones actuales no ha recuperado la merma en el poder adquisitivo, producidos por el año del 0% de Zapatero (excepto en pensiones mínimas), de los años del 0,25% de Rajoy, e incluso de lo perdido en el año 2022 como consecuencia del aumento de los precios y de la no aplicación de la paga de compensación. Con lo que ni siquiera la revalorización ha cubierto la pérdida acumulada y casi el 50% siguen percibiendo pensiones inferiores al salario mínimo.

Resumiendo y para que quede claro: las pensiones no han subido, tampoco las paga el Estado, el sistema es sostenible y no hay ningún motivo para los recortes que no sea la privatización en beneficio del capital financiero.

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