Pensionistas gallegos, sobre la reforma de pensiones

El pasado viernes 10 se dieron a conocer a través de los medios de comunicación algunas de las medidas negociadas en la mesa de diálogo sobre la segunda parte de la reforma de pensiones en curso. Esta evaluación urgente la hicimos antes de que se cerrara la mesa de diálogo y sin que se hiciera público el texto del acuerdo. Por lo tanto, nuestra valoración es provisional.

Se rechazó la propuesta de aumentar de 25 a 30 años el periodo de cómputo de la base reguladora de las nuevas pensiones iniciales.

En los próximos 20 años, los trabajadores podrán elegir la más favorable de dos posibilidades:
1) Realizar el cálculo sobre los últimos 25 años.
2) Realizar el cálculo sobre los últimos 29 años, pero descartando los dos menos favorables.

El endurecimiento que pretendía el ministro Escrivá y por el que la Comisión Europea (CE) premiaba no se produce. La segunda opción favorecerá a los trabajadores que hayan desarrollado carreras irregulares de cotización con períodos de desempleo o precariedad salarial.

Aun así, hay que recordar que en 2011 se aumentó el plazo de cálculo de la pensión inicial de 15 a 25 años, lo que supuso una reducción de la pensión inicial. Este aumento no se deroga.

Además, se acepta que se deben aumentar los ingresos del sistema público de pensiones para poder pagar las pensiones a medida que aumenta el porcentaje de personas mayores de 65 años sobre el total de la población.

Se acuerda aumentar las bases máximas de cotización, crear una cuota solidaria y duplicar el Mecanismo de Solidaridad Intergeneracional hasta el 1,2% del salario. Medidas que podremos valorar cuando se haga público el texto íntegro del acuerdo.

Gran cambio de discursos

Entendemos que hay un cambio de discurso: de "no hay recursos" a "hay que buscar ingresos para pagar las futuras pensiones" y que ese cambio es fruto de la movilización social en Galicia, en toda España y en Francia.

Allí se está produciendo una movilización para evitar el aumento de la edad de jubilación a los 64 años, lo que sin duda obligó a cambiar el punto de vista en Bruselas. La CE está comenzando a rendirse ante la evidencia de que avanzar en la privatización de los sistemas públicos de pensiones y recortar los beneficios sociales tendrá un costo cada vez mayor.

Este vuelco confirma nuestra convicción de que es imprescindible continuar con la labor de información, organización y movilización y que debemos marcar como objetivos para los próximos meses y la próxima legislatura:
- Restablecer los 65 años como edad legal de jubilación.
- Derogar la Ley Escrivá sobre los fondos de pensiones de las empresas.

Nos felicitamos por los avances de la movilización social en los últimos meses:
- Actualización de pensiones al 8,5%.
- Aumento de las pensiones mínimas y no contributivas en un 15%.
- Frenar el aumento del número de años para calcular la base reguladora.

Es posible avanzar en derechos. La movilización social es el único camino.

Movemento Galego pola Defensa das Pensións (MODEPEN)

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