¡Pensionistas informados y concienciados, jamás serán doblegados!

La nueva Ley de pensiones supone recortes pactados con los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT), dejarán una vez más en el olvido, la subida de las pensiones mínimas y otras reivindicaciones básicas del movimiento pensionista; se aumenta la edad de jubilación, no se revalorizan las pensiones con arreglo al IPC real, provocando en pleno ciclo inflacionista incontrolado, una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones nunca visto.

El Gobierno pretende una nueva vuelta de tuerca en la pérdida de derechos. Aprovechando la pandemia y la nueva situación de guerra en Ucrania, se pretende llevar a cabo una segunda parte de reforma de pensiones este semestre, amenazando a trabajadores y pensionistas con generalizar el período de cómputo a toda la vida laboral, y de retrasar aún más la edad de jubilación. A esto hay que añadir el plan de privatización de las pensiones públicas: macro fondos, planes de empresa (PPEs, EPSVs…), sin olvidar mochilas austríacas sobre las espaldas de las nuevas generaciones. Los gestores de dichas privatizaciones vendrían a ser los mismos “agentes sociales” que firman las reformas.

El pasado 22 de febrero el Gobierno, en Consejo de ministros, dio luz verde al Proyecto de Ley para el impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, que ha pasado a Las Cortes para su tramitación parlamentaria. Se pretende una extensión más amplia que la actual de estos planes privados complementarios de pensiones, impulsada, pero no avalada, desde la administración del Estado y a través de la negociación colectiva sectorial, cuya gestión se entregará posteriormente a entidades financieras, aseguradoras privadas, y a los mismos “agentes sociales” (CEOE, CEPYME, CCOO Y UGT) que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la Comisión de control.

Entre toda la ciudadanía hemos de costear su puesta en marcha con aportaciones iniciales públicas, incrementando las desgravaciones fiscales, y con descuentos a las empresas de hasta de 400 € anuales, en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida, supondrá debilitar nuestro Sistema Público de Pensiones de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que garantiza unas prestaciones para todas las personas trabajadoras.

¡¡Pensionistas informados y concienciados, jamás serán doblegados !!!

Se entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado individualista de capitalización, que cubrirá sólo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, las mujeres muy especialmente.

Sin embargo, se nos vende el atractivo de que se conseguirá un complemento a la pensión pública, ocultando que al descontar de la base de cotización las aportaciones, que se hagan a estos planes de empleo, la pensión pública será menor en el momento de su cálculo para la jubilación.

Se ha demostrado que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sostenible, siempre que no se le cargue con “gastos impropios”, que no le corresponde soportar. Estos planes de pensiones de empleo supondrán el inicio de la privatización del Sistema Público de Pensiones, debilitándolo y poniéndolo en peligro, beneficiando únicamente a las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros.

Sorprendentemente, aunque aún no se ha tramitado en el Congreso el proyecto de ley, que introduce los Planes de Pensiones de Empleo (PPE), la patronal de la construcción y las cúpulas de los sindicatos CCOO y UGT han acordado, que sea el primer sector que se adhiera a los planes de pensiones colectivos promovidos por el Ministerio de Seguridad Social del gobierno mal presentado como el “más progresista de la historia”.

Este Gobierno junto a patronales y cúpulas sindicales al servicio institucional, quieren introducir estos nuevos planes privados de pensiones en todos los sectores de la economía, no son otra cosa que la materialización del transvase, y expropiación de miles de millones de la caja común de la Seguridad Social, hacia los mercados financieros especulativos, ya que se constituyen en fondos de pensiones de capitalización con entidades privadas, además del beneficio que obtendrán las gestoras de esos fondos.

El acuerdo alcanzado entre la patronal del sector de la construcción y las cúpulas sindicales, afectará a 1,3 millones de trabajadores. Después de la nefasta reforma de las pensiones del pasado diciembre 2021, con el engaño del “IPC medio” que ya ha supuesto un severo empobrecimiento de las pensiones y amenaza con nuevos y graves recortes, el actual Gobierno con los ministros Escrivá y Calviño a la cabeza, pretende convertir el derecho a las pensiones dignas (Art.50 de la Constitución Española) en un negocio privado.

Por todo ello exigimos del Gobierno la retirada de este Proyecto de Ley, y a los partidos políticos con representación parlamentaria, que soliciten al Gobierno la retirada del citado Proyecto de Ley, o en su caso que no lo apoyen, para que no pueda ser implementado.

¡¡¡Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden!!!

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