Los planes de pensiones de empleo no deben salir adelante

El Proyecto de Ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo es un proyecto de Ley que empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización, por lo que no debe ser avalado por los grupos políticos del Congreso.

El pasado 24 de Marzo, con los votos del PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos y Vox, el Congreso de los Diputados rechazó la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo presentada por BNG y apoyada por ERC, EHBildu, CUP, Compromís y Más País, en la que se demandaba su devolución al Gobierno coincidiendo con nuestra exigencia de su retirada.

Con este proyecto de Ley que sigue su tramitación en el Congreso por vía de urgencia, se pretende una extensión más amplia que la actual de estos planes privados complementarios de pensiones, impulsada, pero no avalada, desde la administración del Estado y a través de la negociación colectiva sectorial, cuya gestión se entregará posteriormente a entidades financieras, aseguradoras privadas y a los mismos “agentes sociales” que firmarán los convenios colectivos y que formarán parte también de la Comisión de control.

Para ello contempla que, entre toda la ciudadanía hemos de costear su puesta en marcha con aportaciones iniciales públicas, incrementando las desgravaciones fiscales y con descuentos a las empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social, hasta de 400 euros anuales.

Esta medida supondrá debilitar nuestro Sistema Público de Pensiones de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que garantiza unas prestaciones mínimas para todas las personas trabajadoras y supone un elemento de equilibrio de las desigualdades sociales en los años de la jubilación.

Se entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado individualista de capitalización, que cubrirá sólo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, las mujeres muy especialmente.

Planes con escasa rentabilidad

Los planes privados de empleo o empresa que hay funcionando desde hace años, han demostrado una gran incertidumbre y su escasa rentabilidad, por estar sometidos a los vaivenes de los mercados financieros en los que se invierten; de ahí, el estancamiento en su suscripción en los últimos años. Sin embargo, se nos vende el atractivo de que se conseguirá un complemento a la pensión pública, ocultando que al descontar de la base de cotización las aportaciones que se hagan a estos planes de empleo, la pensión pública será menor en el momento de calcularla para la jubilación.

Se ha demostrado que el Sistema Público de Pensiones (SPP) es sostenible, siempre que no se le cargue con “gastos impropios”, que no le corresponde soportar. Pero este proyecto de ley pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público al disminuir sus ingresos reduciendo las cotizaciones.

Los supuestos beneficios de la previsión social complementaria que se pretende impulsar tienen en el Sistema Público muchas más garantías, y los recursos públicos que se van a destinar a impulsar estos fondos de pensiones, estarían mejor empleados en reforzar y mejorar el Sistema Público de reparto consiguiendo resultados socialmente más justos.

Estos planes de pensiones de empleo, que no garantizan la recuperación de la inversión y aún menos su rentabilidad, supondrán el inicio de la privatización del Sistema Público de Pensiones, debilitándolo y poniéndolo en peligro, beneficiando únicamente a las grandes entidades financieras privadas, que verán aumentar su negocio en miles de millones de euros.

Es preciso un debate social

Un Proyecto de Ley de esta importancia NO debe ser tramitado con carácter de urgencia, ya que requiere un debate social donde se cuente la verdad a la ciudadanía, sin amenazas, chantajes ni urgencias parlamentarias.

Después de la nefasta reforma de las pensiones del pasado diciembre 2021, con el engaño del “IPC medio” que ya ha supuesto un severo empobrecimiento de las pensiones y amenaza con nuevos y graves recortes, el actual Gobierno con los ministros Escrivá y Calviño a la cabeza, pretende convertir el derecho a las pensiones dignas (Art. 50 de la Constitución Española) en un negocio privado.

Por todo ello exigimos a los grupos políticos del Congreso que mediante los instrumentos de los que puedan disponer dejen sin efecto real el impulso al Proyecto de Ley del que hemos demandado su retirada.

Firmantes del comunicado: ASJUBI40 (@asjubi40), COESPE (@CoespeOficial), EHPM-MPEH, MADPP (@MOANDPP), MODEPEN (@modepen), Unidad-COESPE (@UCoespe), Plataformas de Pensionistas de Badajoz, Móstoles

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