El principio de contributividad de las pensiones y las largas carreras de cotización

En el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en su sesión del día 27 de octubre de 2020, y posteriormente por el Congreso de los Diputados del Estado español el 19 de noviembre de 2020, se menciona expresamente que: "la Comisión constata la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad, entendido como la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador". Y en la Recomendación 5 de dicho informe se especifica además que "La progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora —que culminará en 2022— implica un reforzamiento de la contributividad del sistema de pensiones", reconociendo explícitamente el número de años cotizados como base de cálculo de esa contributividad.

El principio de contributividad pretende, pues, una correlación proporcional entre la contribución realizada por los/as trabajadores/as al sistema de pensiones y lo que, llegada la hora de su jubilación, estos/as perciban como pensión. Consecuentemente, es un principio que está estrechamente vinculado con el de equidad en el reparto de las cargas de dicho sistema, también reconocido en el Informe del Pacto de Toledo citado anteriormente, porque de la mayor o menor amplitud en el sostenimiento de estas cargas nacen unos derechos en los/as jubilados/as que corrigen las inequidades que pudieran producirse a priori, y, por tanto, igualmente está vinculado con el derecho a la igualdad declarado en el artículo 14 de nuestra Constitución. De no aplicarse el principio de contributividad los agravios comparativos entre los pensionistas (tanto individualmente como según el colectivo al que pertenezcan) se intensificarían. Y digo intensificarían porque ya de por sí existen colectivos que a las claras soportan menos cargas que otros, lo cual sería objeto de un análisis comparativo. De hecho, desde la asociación ASJUBI40 ese agravio comparativo se viene denunciando periódicamente.

En el caso de los/as trabajadores/as con largas carreras de cotización que se jubilan anticipadamente, de forma voluntaria o forzosa, lo que realmente cuenta es el enorme esfuerzo de contribución al sistema de pensiones (40 años o más), y que ASJUBI40 insiste una y otra vez en que sea reconocido mediante la supresión de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de estos. Personas (que no números) que hemos iniciado nuestra vida laboral a edades muy tempranas, y cuya prolongación en el mercado de trabajo más allá de ese número de años trabajados y cotizados no puede considerarse de otra forma que no sea la de esclavitud.

El Informe aprobado por el Pacto de Toledo y por el Congreso de los Diputados recoge el principio de contributividad, como también lo hace la Unión Europea. El apartado III de dicho informe, relativo a "Orientaciones Comunitarias", manifiesta que "el Pilar Europeo de Derechos Sociales tiene la virtud práctica de elevar a la categoría de derechos sociales de los ciudadanos europeos la realización de los principios de contributividad, suficiencia, igualdad y universalidad en materia de pensiones.(…)". Y añade que la Unión Europea sugiere, respecto a la equidad  intergeneracional e intrageneracional que «las reformas deben considerar cuidadosamente la lógica de redistribución y equidad de los sistemas de pensiones» y, entre otros aspectos, "el trato justo de los trabajadores que ingresan temprano al mercado laboral".

Por su parte, el mismo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sr. José Luis Escrivá, reconoció durante la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo celebrada el 5 marzo de 2020 que la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras de cotización (40 años o más) provoca "una situación intrínsecamente injusta". Y TODOS (insisto, TODOS) los representantes de los partidos políticos asistentes expresaron claramente por unanimidad su apoyo a la supresión de estos coeficientes reductores por la injusticia manifiesta que implican. Sin embargo, en el resultado final concretado en el ya mencionado Informe del Pacto de Toledo la reivindicación de ASJUBI40, consistente en la supresión de esos coeficientes reductores en los casos de jubilaciones anticipadas con 40 o más años cotizados, no se recoge en absoluto, sino que se deja condicionada la decisión a un estudio posterior que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y M. tiene que realizar evaluando la implicación en el gasto que supondría la eliminación de esos coeficientes reductores. A esta fase se ha llegado sin tener en cuenta las declaraciones que todos ellos (los representantes de los partidos políticos integrantes del Pacto de Toledo) realizaron en marzo. ¿Declaraciones realizadas tal vez 'para salir en la foto'?, ¿tal vez para mostrar una imagen pública de estar a favor de la justicia social?, ¿tal vez se trata de "una situación intrínsecamente injusta" cuando no existe un vínculo legal inmediato para eliminarla y, en cambio, llegado el momento de introducirla en una ley ya carece de tal consideración y deja de ser "intrínsecamente injusta"?

El principio de contributividad implica la adquisición de derechos en función de esa contribución al sistema de pensiones. Esos derechos adquiridos están siendo sistemáticamente ninguneados por los sucesivos gobiernos de nuestro país en el caso de las personas con largas carreras de cotización que se jubilan anticipadamente. Que un texto legal no los tenga en cuenta y por el contrario establezca la aplicación de los coeficientes reductores no quiere decir que no existan, porque el propio principio de contributividad proclamado y aprobado por el Pacto de Toledo y por la Unión Europea los legitima.

Los 'globos sonda' que últimamente estamos recibiendo la ciudadanía a través de los medios de comunicación, advirtiendo de la intencionalidad del Sr. Escrivá de endurecer determinados aspectos importantes del sistema de pensiones, nos deja nuevamente perplejos a los/as que hemos depositado nuestra esperanza en partidos políticos como el PSOE que abiertamente se confiesan defensores de la justicia social. Aquellos viernes negros en los que el Partido Popular de M. Rajoy, a través de su portavoz, comunicaba a la ciudadanía y a los medios de comunicación las medidas de recortes socialmente sádicas, no quedan tan lejos; pero eran medidas que formaban parte de un ideario propio del neoliberalismo y de las derechas, defensoras a ultranza de intereses concretos ligados al poder económico. Eran medidas duras, pero para muchos/as casi no nos cogían por sorpresa. La fusta, a las claras, se la ve venir. En cambio, hacer declaraciones de principios de defensa de la justicia social, de no implementar políticas de recortes sino de revertirlas, de mejorar el sistema de pensiones acudiendo, si ello fuera necesario, a LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, para no perjudicar a los pensionistas, tal como el PSOE manifestó en sus campañas electorales, y, sin embargo, una vez llegado al Gobierno, dar un giro de timón y apuntar hacia endurecimientos en el sistema de pensiones que no hacen sino menoscabar derechos, ello da lugar, sin duda, cuanto menos al desconcierto. De las derechas neoliberales se pueden esperar políticas así; de los que se les llenan la boca con vocablos grandilocuentes de declarado socialismo, de esos no se esperan, porque es una forma sibilina de actuar haciendo lo contrario de lo que se dice. Y resulta que, a estas alturas de nuestras vidas, los/as mayores y los/as que nos aproximamos a esa etapa de la vida ya tenemos demasiada experiencia acumulada como para que nos engañen una vez más.

Efectivamente, los gobernantes de distinto signo político nos engañaron durante muchos años, con la connivencia de los medios de comunicación más cercanos al poder económico y político, diciéndonos a la ciudadanía con persistencia que el sistema de  pensiones se encontraba al borde de la quiebra, en tanto los sucesivos gobiernos desde el año 1989 fueron metiendo la mano en las cotizaciones de millones de trabajadores/as con objeto de sufragar gastos impropios que no tenían nada que ver con las pensiones contributivas, tal como el propio Informe aprobado el 27 de octubre por la Comisión del Pacto de Toledo reconoce en la Recomendación I: «la Comisión también constata que las cotizaciones sociales continúan sufragando gastos de naturaleza no contributiva que, en sentido estricto, deberían ser asumidos por el Estado a través de aportaciones a los presupuestos de la Seguridad Social. No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad Social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente». Y prosigue: «En primer lugar, las tensiones generadas por la sobrecarga de las cotizaciones han alentado un falso conflicto intergeneracional que oculta que, durante años, los excedentes del sistema se utilizaron para financiar otras políticas sociales y el desarrollo del propio sistema del Estado del Bienestar.

 En segundo lugar, el desequilibrio presupuestario ha derivado en la concesión de préstamos del Estado a la Seguridad Social, cuando las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas».

Sin embargo, para justificar lo injustificable de los futuros recortes que el Sr. Escrivá pretende implementar en el sistema de pensiones y que se nos viene advirtiendo a la ciudadanía, se vuelve a recurrir a la falacia de la amenaza de la quiebra del sistema, esta vez con las casi inminentes jubilaciones de la generación baby boom. Así lo apunta el reciente artículo publicado hace unos días en este mismo diario digital por el senador del PSOE por Córdoba y Portavoz de Seguridad Social en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, Sr. Alfonso Muñoz Cuenca, que, eludiendo las manifestaciones que sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ya reconoce el propio Pacto de Toledo en cuanto a que "las reservas financieras del sistema habrían sido suficientes para cubrir las prestaciones contributivas" , vuelve a insistir una vez más en el argumento de que el problema se encuentra en el aumento de la esperanza de vida de la población y en las próximas jubilaciones de la llamada generación baby boom, y justifica la aplicación de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas sin tener en cuenta el principio de contributividad recogido en el informe aprobado por el Pacto de Toledo. Precisamente una generación de personas que durante tantos años (toda una vida) ha soportado o estamos soportando las cargas del sistema de pensiones y a la que ahora se le atribuye la culpa de que de nuevo este sistema se tambalea y puede peligrar si no se aplican recortes venideros. Pero ¿cuántos de los senadores/as, de los diputados/as, de los ministros/as y de los asesores de todos ellos pertenecen a esa generación del baby boom? ¿De qué parapeto disponen todos ellos para no manifestar ningún temor a los recortes anunciados de las pensiones, como se deduce del alegato del Sr. Muñoz Cuenca? ¿Qué blindajes los protegen?

Mientras se intenta de nuevo infundir temor a la ciudadanía con argumentos basados en el envejecimiento de la población y la irrupción de las jubilaciones de la generación del baby boom como responsables de la merma de las arcas de las pensiones, se está desviando el foco de atención de los miles de millones de euros que se han esquilmado de las mismas durante varias décadas por los sucesivos Gobiernos. Ello supone fundamentar el sostenimiento del sistema en una insistente falacia. Por tanto, ese hilo argumental carece de fundamento real que justifique la no supresión de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas en los casos de los/as trabajadores/as con largas carreras de cotización (40 años o más). Dicho sea de paso, esa construcción argumental tampoco sustenta el doble agravio comparativo que sufrimos las mujeres de este colectivo al penalizarnos además con la eliminación del derecho al complemento de maternidad correspondiente por ser madres de dos o más hijos/as si nos acogemos a la jubilación anticipada. ¿Acaso el acogernos a la jubilación anticipada nos suprime la condición de madres? ¿Es el hecho motivador de ese derecho al complemento de maternidad (haber tenido dos o más hijos/as) una ficción cuando se adelanta la jubilación respecto de la edad legal? Esta doble penalización no es algo baladí.

La línea neoliberal que impera en Europa se filtra desgraciadamente con demasiada frecuencia en políticas concretas de partidos como el PSOE en el caso que nos ocupa, para desconcierto de los/as que hemos depositado nuestras esperanzas de cambios reales y de justicia social en organizaciones políticas supuestamente progresistas. Siempre existen intereses de poderes económicos que pretenden la privatización o semiprivatización de los recursos y ámbitos públicos, en este caso de las pensiones, y, para ello, utilizan el poder político con objeto de menoscabar el sistema público de las mismas, infligiendo daño a la población a través de medidas de recortes y mermando una parte sustancial del Estado del Bienestar mediante el deterioro de la protección social del sistema público de pensiones y el no reconocimiento de derechos adquiridos.  

El principio de contributividad nos otorga a los/as que llevamos a nuestras espaldas largas carreras de cotización una razón mayor que la legal: la razón moral, al tiempo que nos otorga la legitimidad de unos derechos adquiridos que implícitamente se hallan en el propio Derecho positivo. Y este Gobierno, a través del Sr. Ministro Escrivá, los ningunean. Se está enviando mensajes en el sentido de proseguir con la penalización DE POR VIDA con coeficientes reductores a miles de ciudadanos y ciudadanas que desde la adolescencia o casi adolescencia hemos contribuido o estamos contribuyendo a levantar el país con nuestro esfuerzo, y hemos o estamos sosteniendo con nuestras cotizaciones de toda una vida un sistema de pensiones constantemente esquilmado por los gobiernos. Que el PSOE beba de las mismas aguas neoliberales que sus predecesores con este tipo de políticas no solo supone una decepción para los/as que depositamos la confianza en sus representantes como opción de gobierno, sino que supone igualmente una traición. Pero penalizar DE POR VIDA con coeficientes reductores a un colectivo que ha levantado el país durante casi toda su vida y que lo que pretende es sencillamente recuperarla en el último tramo, conlleva otras implicaciones. El Sr. Ministro debería sopesar no solo el coste económico que implicaría la eliminación de esos coeficientes reductores, sino también el coste político que la no eliminación de los mismos arrastrará. Porque el colectivo de jubilados o próximos a jubilar (y sus familiares) con largas carreras de cotización sabemos que también se puede penalizar en LAS URNAS a un partido político que les ha traicionado tanto verbalmente como con medidas legislativas lesivas. Penalizarlos en las urnas, sí, pero penalizarlo igualmente DE POR VIDA.

Fuensanta Martín Quero

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