La sanidad pública, garantía de igualdad

Seguimos, como no podía ser de otra manera –porque milagros no hay–, con unas listas de espera en la sanidad pública –especialidades en intervenciones– que son un escándalo como servicio público y una tragedia para muchos pacientes, que suman a su mala salud la ansiedad de que les atienda su equipo médico. En Atención Primaria también estamos en tiempos mínimos de dos semanas para las consultas presenciales. Es decir, que con pandemia o sin ella ir a Urgencias es lo que queda.

Las declaraciones de los responsables autonómicos sirven para distraer a la ciudadanía y hacernos creer que se está haciendo algo. Posiblemente en algunos gobiernos exista buena voluntad y compromiso en defender lo público, en otros todo lo contrario, se está primando los seguros privados a través de desviaciones de servicios y aumentando las esperas para que nos cansemos. Es una pena, porque hay buenos profesionales sanitarios que se están dejando la piel para salvar la sanidad pública.

La inversión por habitante señala donde se está produciendo un gran déficit sanitario, pues comunidades como País Vasco y Asturias están en cifras de 2.000 euros y Andalucía y Madrid no superan los 1.500 por habitante, generando lógicamente estrés en los profesionales y consecuencias entre la población que no puede acceder a la medicina privada. La referencia la podemos tomar de los países europeos del entorno, donde el gasto supera los 3.000 euros por persona, lo que indica el camino aún que nos falta por recorrer.

Pero más allá de estas cifras, creo que existe un problema de gestión y optimización de recursos que no se soluciona sólo con inyectar dinero. Los constantes cambios de gestores y la política de nombramientos de personas afines no es la mejor garantía de que un centro hospitalario o un área sanitaria funcionen. Hace tiempo que lo dije, la sanidad pública por su nivel de gasto y trascendencia social debería tener una auditoría periódica que señalase los puntos débiles del sistema y aprobase los nombramientos de gestores por criterios estrictamente profesionales. No hay más remedio, porque una cosa si está demostrada: el sistema actual ¡no funciona!

Nuestra salud es el capital vital más importante que tenemos, sobre todo las personas con menos recursos, pues no podemos acceder a esas clínicas privadas tan bien dotadas de  publicidad y personal muy atento, pero cuyas tarifas no están acordes con un salario medio ni una pensión mínima. La sanidad pública es garantía de igualdad social.

Pero para sostenerla es fundamental una estrategia impositiva de que paguen los que más tiene y no como las grandes empresas, que aportan un 5%, cuando un asalariado está en torno al 15%. Totalmente insolidario,  aunque amenacen con irse fuera los que son tan patriotas para lucir la banderita y alérgicos a toda amnistía que no sea la fiscal. 

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