Domingo 13 de febrero de 2022
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El 28 de diciembre, el Congreso de los Diputados dio un paso importante para satisfacer las exigencias de transparencia en las cuentas públicas formuladas por l@s pensionistas: decidió recabar una auditoría sobre la gestión de la caja de las pensiones, para que quede claro cuánto dinero se ha desviado para fines ajenos al pago de las pensiones.
Según ha reconocido este Gobierno, sucesivas administraciones, en lugar de garantizar el uso de las cotizaciones para pagar las pensiones y constituir reservas con los excedentes, han desviado muchos miles de millones para satisfacer otros compromisos del Estado.
En julio de 2019, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) decidió iniciar una recogida de firmas que apoyaran una carta a las diputadas y diputados y grupos parlamentarios del Congreso, que empezaba así:
“Existe una deuda histórica no reconocida con el sistema de reparto de nuestra Seguridad Social, en buena parte una herencia de gobiernos anteriores”. Esto explica que la caja de pensiones aparezca como deficitaria, casi en estado de quiebra, que justifica “las reformas de pensiones ya realizadas y las que se anuncian”. “Es urgente que una auditoria oficial determine el importe de esos saqueos […] El Estado debe restituirlo. Para fortalecer así a la Seguridad Social ante los nuevos retos […] Hay que acabar con los falsos déficits, falsos préstamos y falsas deudas de la Seguridad Social”.
“Deben aclararse las cuentas, y deben derogarse las reformas de pensiones basadas en falsos datos, y deben derogarse las reformas laborales, pues sin salarios dignos no habrá pensiones dignas”.
COESPE planteó esta campaña de forma abierta, porque l@s afectad@s, no son solo l@s pensionistas, sino tod@s l@s trabajadores. Han participado en la campaña, como es natural, todas las plataformas y cientos de miles de pensionistas, y también congresos y representantes sindicales y municipales.
El 27 de enero, diputad@s de ERC y de Unidas-Podemos, Bildu, Junts, MásPaís y Compromís, según Europa Press, plantearon que la auditoría a la Seguridad Social se encargue al Tribunal de Cuentas, lo que fue inadmitido a trámite por el PSOE y el PP en la Mesa del Congreso.
El saqueo ha sido reconocido. La auditoría debe realizarse con todas las garantías. Diputadas y diputados han exigido que se solicite al Tribunal de Cuentas, en vez de realizarse, como ha manifestado el ministro, por la Intervención General del Estado o la Intervención General de la Seguridad Social, pues esto es inadmisible, supondría que los mismos que hacen las cuentas que se cuestionan tendrían que revisarlas y actuarían a la vez como “juez y parte”.
Por ello es inadmisible que el PSOE y PP, con meros argumentos formales subsanables, se hayan puesto de acuerdo en la Mesa del Congreso para desviar el encargo de la auditoria de su destino natural, el Tribunal de Cuentas, a instancias gubernamentales por cuyas manos han pasado los engaños y la manipulación de las cuentas y el saqueo al patrimonio de la Seguridad Social de l@s trabajadores.
Es injustificable. L@os pensionistas, l@s trabajadores afiliad@s y cotizantes a la Seguridad Social, l@s ciudadan@s, no pueden aceptar nuevas trampas.
Invitamos a todos los que han participado en la campaña a que se unan de nuevo reclamando que sin demora el Congreso recurra al Tribunal de Cuentas para efectuar la FISCALIZACION DE LAS CUENTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON TODAS LAS GARANTÍAS, y a partir de ahí el Estado cumpla.
¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN!
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