La subida de pensiones no compensa el poder adquisitivo perdido

Hemos visto estos días cómo la prensa y los noticieros abrían con titulares que presentan la subida de pensiones para 2024 como “la segunda mayor subida en las pensiones en lo que va de siglo”. Eso sí, considerándolo siempre un gasto, mientras que otras partidas, tales como defensa, ayudas estructurales a las empresas o a los bancos, se consideran inversiones.

Ciertamente, tanto en porcentaje, cifra de beneficiarios y volumen, se trata de una insuficiente subida, y hay elementos que se están ocultando a la opinión pública que debemos contrastar y explicar.

La cuantía no compensa las pérdidas que se produjeron en años anteriores, especialmente en el periodo de Mariano Rajoy. Ya que el indicador del IPC medio utilizado, no considera la verdadera situación de la carestía de la vida, que, en términos reales, probablemente ha aumentado hasta el 9% mínimo, dada la subida de partidas como energía y alimentos y otros elementos que no contabilizan en la vida real de la ciudadanía.

La subida afecta a 10 millones de pensionistas, que se distribuyen entre 9,14 millones de pensiones contributivas, 700.000 de clases pasivas y 275.000 pensiones no contributivas.

El alza del 3,8% en 2024 es insuficiente

Con una inflación media anual del 3,8%, la subida de las pensiones públicas contributivas será del 3,8%. Ello quiere decir que, de media, las personas jubiladas cobrarán en 2024 unos 52 euros más al mes o unos 734 euros más al año. Pero su capacidad adquisitiva no aumentará, sino que en el mejor de los casos se mantendrá respecto al año anterior.

La pensión mínima no contributiva por jubilación o invalidez (no han cotizado 15 años) aumenta un 6,9%, lo que aun mejorando la situación es claramente insuficiente. Con esta medida ni tan siquiera se llega a alcanzar el 75% del umbral de pobreza (un objetivo que se difiere hasta 2027). La pobreza se cronifica entre este colectivo, que además como el resto, afronta recortes en la sanidad.

La pensión de viudedad con cargas sube un 14,1% (127,7 euros/mes respecto a 2023). De 12.682 euros anuales en 14 pagas, 906 euros mensuales, vigentes en la actualidad, a 14.457 euros anuales (unos 1.033 euros mensuales). La brecha de género se mantiene e incluso se amplía, cronificando esta situación, de tal modo que las pensiones mas reducidas, que afectan de manera más importante a las mujeres, se siguen manteniendo sin aproximación al SMI (1.080 euros en estos momentos).

Por lo que se refiere a los ingresos del sistema, se inicia un proceso de destope de la base máxima de cotización hasta 56.600 euros anuales, lo que va en una buena dirección para que quienes perciben más salario, coticen de forma proporcional a sus ingresos. Pero esa medida urgente para mejorar los fondos de la Seguridad Social sigue congelando la cotización para los salarios que superan ese límite. Algo a todas luces insolidario.

Peligro de los planes de pensiones de empleo

Pero, a la vez que se abre la puerta a mejorar los ingresos del sistema, se abre otra para reducirlos. Se trata de estimular a que en los Convenios Colectivos se deriven las cotizaciones de los trabajadores y empresarios, hacia sistemas privados de pensiones. Para ello, se busca la complicidad de los sindicatos, que van a actuar a nivel sectorial (fuera de la empresa local) para imponer ese mecanismo, que es insolidario con el sistema público, de altísimo riesgo financiero y de un enorme coste (en forma de comisiones bancarias) que inutiliza cualquier atisbo de rentabilidad para los incluidos obligatoriamente en ellos.

En esta situación, COESPE (@CoespeOficial) quiere destacar los siguientes aspectos:

a) Los presupuestos para el año 2024 deben incluir partidas que mejoren las destinadas a las demandas del colectivo pensionista. Estamos a la espera de mantener reuniones con los grupos parlamentarios, y así lo hemos demandado el pasado día 5 de diciembre.

b) La movilización permanente de los pensionistas es la causa central de esta subida. Ni en el mundo económico, ni mediático, ni institucional han defendido las pensiones públicas. Al contrario, desde la Comisión Europea a todos los medios de comunicación, se ha seguido emitiendo la cantinela de que son excesivas e insostenibles. Solo el movimiento pensionista ha explicado que las pensiones son un salario diferido, que se mantiene por un sistema que jamás ha dejado de ser solvente (Seguridad Social), que los poderosos se niegan a auditar, mientras que tratan de robar de él todo lo que pueden: troceando sus propiedades inmobiliarias, desviando las cuotas de los trabajadores a sistemas privados de pensiones y reduciendo las cotizaciones sociales durante los últimos 20 años.

c) En 2024, se mantendrá la tensión por parte de los movimientos sociales que defendemos los intereses de la ciudadanía, frente al poder financiero, atenazado por los costes de los conflictos económicos, político y militares en que se está sumergiendo. Solo el mantener nuestra movilización y organización, ampliando alianzas con colectivos de personas trabajadoras y otros movimientos sociales, nos abre la posibilidad de defender unos derechos económicos y sociales cada vez más amenazados. Pero también cada vez más defendidos en todo el planeta: las movilizaciones en toda Europa contra los PEPP y sus aplicaciones en cada país, la defensa de las condiciones de trabajo en huelgas crecientes de EEUU a la India o el clamor mundial contra el genocidio en Palestina expresan que un mundo nuevo no se resigna, sigue luchando y cada día está más cerca de imponerse a los amos del mundo.

Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.

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