Pensión mínima de 1.080 euros y poder adquisitivo de las pensiones, ¡ya!

 Arranca el 'otoño caliente' de los pensionistas: Bilbao, Granada y Madrid, centro de las protestas

Antes de las elecciones del 23J, los movimientos y plataformas de pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado que suscribimos este escrito, nos dirigimos por carta a los partidos, para que incluyeran en sus programas electorales nuestras reivindicaciones básicas.

Tras esas elecciones, volvemos a exigir que esas reivindicaciones básicas sean integradas tanto en las negociaciones para elegir presidente, como en el programa del gobierno. Nuestras propuestas han de ser atendidas de inmediato. No hay excusa para no hacerlo, aunque el gobierno esté en funciones.

Ha habido elecciones, pero los problemas de las personas pensionistas no han desaparecido; el incremento del coste de la vida está empeorando drásticamente nuestras condiciones. La subida imparable de los precios de la cesta básica nos pone cada vez más difícil acceder a una alimentación sana y a los medicamentos, a unas condiciones habitacionales dignas que garanticen la movilidad y una temperatura adecuada en nuestras casas, al acceso a los servicios sociosanitarios de atención a la dependencia, a residencias con condiciones dignas, etc.

El IPC interanual es del 5% y el subyacente de 2023 del 6,1%. ¿Cómo es posible mantener y mejorar nuestras condiciones de vida si la pensión mínima es de 783 euros y el 51,02% de las personas pensionistas tienen una pensión por debajo de 1.000 euros?

Mientras tanto, la banca, las eléctricas y también las grandes empresas no financieras baten récord de beneficios. Solamente en el primer trimestre de 2023, la gran banca obtiene 12.385 millones de euros de beneficios, un 20,7 % más que el mismo período del año anterior (que se suman a los 40.666 millones obtenidos en los años 2021 y 2022), aprovechándose de la subida de los tipos de interés que hunde las economías de las familias trabajadoras y de las pequeñas empresas.

Al mismo tiempo, un total de 28 de las principales empresas del IBEX35 incrementaron sus beneficios en un 39% en 2021 (15.800 millones de euros) y en un 43% en 2022 (18.400 millones de euros). Estas obscenas cifras de beneficios de la banca y del gran empresariado inciden directamente en la carestía de la vida y dejan bien a las claras que se sigue produciendo un desigual reparto de la riqueza, que reduce salarios y pensiones para mejorar las cuentas de resultados de las grandes empresas, y el gobierno tiene que hacer algo al respecto.

Según los últimos datos publicados en agosto, el Estado español dedica a pensiones el 11,8% del PIB, por debajo de la media europea y descendiendo año tras año (en 2019 se dedicó el 12,7%). Lejos de países como Grecia (17,8% del PIB), Italia (17,6%) o Francia (15,9%).

28 de octubre, gran manifestación en Madrid 

Por eso, las diferentes plataformas y movimientos de pensionistas que firmamos este escrito vamos a seguir en la calle, exigiendo:

1. Una pensión mínima de 1.080 euros con efectos retroactivos a enero de 2023. ¡Ya! Restablecer para diciembre de este año la paga compensatoria por la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. Y recuperar la revalorización anual de las pensiones y los salarios en función del IPC real. Desde el primer año de vigencia de la reforma de pensiones de 2013, a 2018 incluido, las personas pensionistas hemos perdido 2,8% del poder adquisitivo. De 2019 a 2022, ambos incluidos hemos perdido un 6%. Total, 8,8%. Veremos a final de 2023 el incremento del IPC general.

2. Acabar con la brecha de género (32,65%) en pensiones, estableciendo una compensación para conseguirlo y mejorar la pensión de viudedad (con las cifras publicadas de agosto de 2023, la pensión media de hombres es de 1.443,3 euros y la de las mujeres de 972,04 euros).

3. La realización inmediata de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, aprobada por el Parlamento en la Ley 21/2021, que continúa sin cumplirse.

4. Eliminación del requisito exigido de 2 años de cotización en los 15 últimos años para poder acceder a la pensión.

5. Garantizar la financiación del Sistema Público de Pensiones, mediante un SMI que sea el 60% del salario medio; la creación de empleo de calidad; y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

6. Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.

7. Restablecer la edad de jubilación en 65 años y 15 años de cotización para el cálculo de la pensión.

8. Garantizar la tasa de reemplazo de salario y pensión por encima del 90% para salarios inferiores a 1.500 euros y del 80% para el resto. Actualmente, la tasa de reemplazo en los salarios medios es del 72,3%, con la agravante de que la diferencia salarial en dichos salarios es de menos 21% en relación con la UE27.

9. Derogar la Ley 2/2022 de Fomento de los planes de pensiones de empleo, que persigue la privatización del Sistema Público de Pensiones.

10. Detener el proceso de privatización del patrimonio de la Seguridad Social que se está produciendo, con la constante y encubierta venta de activos inmobiliarios y otros.

11. Apertura de un diálogo permanente con los movimientos de pensionistas y plataformas que firman esta declaración, para estudiar la derogación de los recortes establecidos en las reformas de 2011, 2013, 2021, 2022 y 2023.

Daremos cuenta de nuestras demandas de inmediato a los grupos políticos del Congreso de los Diputados.

Sabemos que la movilización sigue siendo nuestra garantía para conseguir nuestros objetivos, y así lo haremos el próximo día 28 de octubre, en las calles de Madrid, como venimos haciéndolo desde hace más de cinco años.

¡El 28 de octubre de 2023, tod@s a Madrid!

¡Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden!

ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar)

COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)

EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)

MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas)

MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)

UNIDAD COESPE y plataformas de pensionistas de Badajoz y Móstoles

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