¡Acorralados! Sobre el nuevo sistema de cotización de autónomos

La obligación para los autónomos de cotizar a la Seguridad Social por ingresos reales, sin que esté permitido sobrepasar la base de cotización que corresponda legalmente en función del rendimiento neto de la actividad económica, convierte el derecho a contribuir a una pensión de la Seguridad Social en un privilegio de los más afortunados.

Incomprensiblemente, se obliga al autónomo que no alcanza con sus ingresos un determinado umbral, a cotizar por una base inferior al salario mínimo interprofesional, lo que lleva aparejada la correspondiente pensión. Ello, pese a que la voluntad de muchos autónomos pueda ser la contraria. Es decir, que prefieran privarse en el presente de una parte de su salario, para así garantizar una mayor prestación futura. El mazazo al autónomo es mayor, porque no solo se impide la cotización a la Seguridad Social por encima de ese límite, sino también, su canalización a otros productos de ahorro alternativo con la misma función. En ese sentido, el límite de aportación que el Gobierno ha impuesto para planes de pensiones y mutualidades profesionales, cuando estas actúan como sistema complementario a la Seguridad Social es de 1.500 euros en 2022.

El caso es especialmente sangrante en el caso de los autónomos con altas bases anteriores y largas carreras de cotización que en sus últimos años (y hoy por hoy, solo cuentan 25) se ven impedidos de seguir cotizando por esas mismas bases, por la dificultad de incrementar el rendimiento neto de su actividad económica, debido a las sucesivas crisis por las que atraviesa su sector y la economía en general, a consecuencia, precisamente, de la mala gestión de los sucesivos gobiernos y el resto de factores coyunturales. Es paradigmática al respecto la situación por la que atraviesan los autónomos de la construcción y servicios de arquitectura desde la crisis de 2008.

Pues bien, a estos autónomos no se les va a permitir durante 2023 y años sucesivos transferir el producto de su ahorro anterior o de sus “economías” presentes a la Seguridad Social, mediante el método de pagar por una base más alta que la que realmente correspondería por el rendimiento neto de sus actividades económicas, arruinando con ello en parte su esfuerzo de contribución durante muchos años.

Todo ello tiene que ver con la obsesión de Escrivá de jugar a la bolsa con el fondo de pensiones público para autónomos que acaba de poner en marcha y al que pretende canalizar (obligatoriamente, como en los estados bolivarianos) el producto de su ahorro.

Que el Gobierno actual haga una ley así no es sorprendente, pero que la avalen con su acuerdo las asociaciones de autónomos, es para ponerse a temblar.

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