Caos en la Seguridad Social y agresiones e insultos a los vigilantes de seguridad

Hace unos días ha vuelto a producirse otra agresión a una vigilante de seguridad en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social. Siendo las 12:45 horas se persona una señora en el control del acceso principal del edificio, que alberga una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social y otra del Instituto Nacional de la Seguridad Social, exigiendo pasar sin tener cita. Se le informa cortésmente que el aforo estaba completo, respondiendo con insultos, amenazas y, a base de empujones, consigue abrirse camino. En la oficina, se le vuelve a explicar la situación mientras intenta acceder a otra planta desde el patio interno, momento en que otra vez, a base de empujones, consigue derribar a la vigilante de espaldas sobre unas vallas. La vigilante recibe contusiones en la región lumbo-sacra de la columna y en la zona de tibia-peroné de su pierna izquierda. La agresora es identificada por agentes de la Policía Nacional y trasladada a Comisaría.

Muchos son los motivos que generan estas situaciones conflictivas, aunque no por ello la violencia se puede entender como vehículo de solución de ninguno de ellos. La gran dificultad para acceder a las citas previas, es una realidad palpable, sobre todo para las personas mayores que no están habituadas a las nuevas tecnologías. Sorprende que se exija a bancos y otras entidades facilidades en la atención de nuestros mayores, pero esas medidas no tengan reflejo en la Administración Pública. Debería haberse comprendido que la propuesta de utilización de plataformas digitales como única vía de gestión era un gran error. La idea es buena sólo como medio complementario de los clásicos, atención telefónica, y la atención personalizada en los propios centros. Cuando hablamos de atención telefónica debemos entender un medio eficiente no automatizado, que no confunda en tantos casos al usuario, que desconoce qué departamento será el adecuado para realizar su gestión, o realizar su consulta sobre el estado de expedientes ya tramitados.

La falta de personal es, sin duda, el mayor de los problemas, algo que cualquiera puede apreciar a primera vista al ver tantas mesas vacías y funcionarios multiplicándose para intentar dar una atención profesional al ciudadano. Incluso el último concurso de traslados fue algo inoportuno, ya que un porcentaje alto de trabajadores no tienen la experiencia necesaria para que puedan dar todo su potencial, como ellos mismos desearían y los ciudadanos demandan. La escasez de citas disponibles dispara las esperas de quien necesita realizar una gestión donde la urgencia o necesidad, pasan a un plano absolutamente secundario, con los efectos que esto puede producir en las economías familiares más precarias, y que por ello necesitan más protección.

Ante esta situación de frustración que se crea en el usuario, de desesperación en otros, el vigilante de seguridad, al ser la primera persona que se encuentra uno en la oficina, termina siendo el depositario de todo ese estrés que también acusa en su salud mental, y con más frecuencia insultos, amenazas o agresiones. Llegados a este punto, podemos afirmar con rotundidad que también el personal de seguridad debe ser incrementado. Comenzando por los centros de mayor conflictividad para garantizar la integridad de quienes ejecutan esta labor, preservar el orden de forma eficaz, la integridad del personal funcionario que quedaría indefenso en estos casos, evitar delitos, y afianzar de esta forma el normal funcionamiento de estos centros.

A nivel Institucional, también se debe acelerar la publicación del Real Decreto que aprueba el nuevo Reglamento de Seguridad Privada que ya contempla cambios en la protección jurídica para estos profesionales y del que ya vio la luz un borrador el año pasado. La implementación de un Observatorio del fenómeno de la Violencia específico, que se solicitó el 5 de septiembre de 2022 a la Directora del Instituto Nacional de Estadística, para realizar desde criterios científicos un seguimiento y análisis de los mismos, determinando nuevos protocolos de actuación, perfil de los agresores, medios de protección, etc. Es posible evitar desde una actuación comprometida de la Administración el aumento progresivo de estos episodios y evitar males mayores.

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