Carta abierta a Pedro Sánchez por las pensiones

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno,

Mi nombre es Luis Ortiga. Soy una persona jubilada de forma anticipada, a los 61 años de edad. Fui despedido de mi trabajo por causas económicas y organizativas. Tuve que pasar por el desempleo durante dos años, antes de tener que acogerme a la jubilación anticipada. Durante ese periodo de tiempo no recibí ni una sola oferta de trabajo por parte del SEPE. Ni una sola. Es una muestra clara de la inoperancia y absoluto olvido de esa institución con las personas desempleadas de más de 50 años.

A pesar de haber cotizado a la Seguridad Social por más de 45 años, el cálculo de mi pensión se ha visto afectado en un 24%. No, no, Sr. Presidente, no un 24% de premio por los años cotizados de más sobre los 37 años y 3 meses exigidos actualmente en la Ley, sino de penalización (reducción), y además, a perpetuidad (hasta mi fallecimiento). Indignante y muy injusto. Estará usted de acuerdo conmigo que es de ley reclamar ante tal inequidad ¿verdad, Sr. Presidente? Póngase en mi lugar.... y en el de cientos de miles de personas en una situación parecida.

En defensa de mis legítimos derechos y en mi calidad de trabajador con más de 45 años cotizados, y ante el desamparo legal existente, me he registrado como miembro de la asociación ASJUBI40, la cual reivindica la derogación total e inmediata de los coeficientes reductores que sufre el colectivo de personas jubiladas de forma anticipada que hayan cotizado más de 40 años. De todas formas, está carta la remito única y exclusivamente a título personal.

Sin duda conoce bien esa asociación y su reivindicación, ya que hay una imagen en la que, tanto usted como Magdalena Valerio, posan ambos muy sonrientes ante la pancarta de ASJUBI40 en una concentración que, probablemente, intuyo, tuvo lugar poco antes de algunos comicios. Tal como dice un lema de ASJUBI40, el voto es el pan de los políticos; el nuestro es la justicia y la dignidad.

Esta reivindicación de ASJUBI40 ha sido validada también por el Congreso de Diputados, Senado, 14 CC.AA. y numerosas Diputaciones, así como Ayuntamientos, a través de la aprobación de Proyectos no de Ley (PNL) o Mociones. A pesar del citado, enorme y explícito apoyo popular, legalmente formalizado, el Gobierno, de forma incomprensible, no ha solucionado esta injusticia y discriminación. Cuando todas esas instituciones están de acuerdo, de forma unánime, e instan al Gobierno a subsanar lo reclamado y éste hace "oídos sordos", representa un claro ninguneo del Gobierno a las más altas instituciones democráticas y, en consecuencia, un ninguneo a todos los ciudadanos que éstas representan. Incluso deberíamos examinar si el ignorar esa demanda popular podría ser contrario a la Constitución.

Actualmente, el tema de las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización consta en la recomendación número 12 del Pacto de Toledo. El día 18 de febrero se cumplía el plazo de entrega de un informe, exigido al ministro José Luis Escrivá, por parte del Pacto de Toledo y refrendado por el Congreso de Diputados. Hasta la fecha el ministro no ha presentado informe alguno ni ha dado explicación alguna sobre el mismo. Es una prueba más del presunto menosprecio a las instituciones democráticas, por parte del Gobierno o de alguno de sus miembros.

El colectivo afectado por la injusticia de los coeficientes reductores aplicados a largas carreras de cotización es, sin duda, el que más ha contribuido a la sostenibilidad del sistema público de pensiones y al bienestar social de este país, por medio de sus cotizaciones pagadas a la Seguridad Social e impuestos a la Hacienda Pública. Es una vergüenza que ahora, al llegar a la jubilación, se le vuelva a privar de sus legítimos derechos.

Muchas son las razones para derogar dichos coeficientes, pero expondré, para resumir, solo dos de ellas:

1.-  Discriminación

37 años y 3 meses son suficientes para jubilarse a la edad ordinaria con pensión integra. En 2027 pasará a 38 años y 6 meses.

Pues bien, a una persona jubilada de forma anticipada, a los 63 años, con, por ejemplo, 46 años cotizados, se le aplica un coeficiente reductor del 13%, ya para toda su vida. Incomprensible, ¿no? Mejor dicho: ¡Indignante!

Pero sigamos con las discriminaciones, está vez con relación a parte de empleados del propio Estado:

a) Clases pasivas del Estado incorporadas antes de 2011. Se pueden jubilar a los 60 años, con 35 de servicio y teniendo pensión integra.

b) Diputados y Senadores anteriores a la reforma de 2011 con tratamiento muy preferencial respecto a la Pensión.

c) Ministros con pensión máxima sin haber cotizado los años exigidos a otros colectivos.

No hagamos mención a determinadas pensiones vitalicias que tienen algunos cargos públicos de primerísimo nivel....

Otras discriminaciones se producen con:

a) Personas que con "sólo" 25 años cotizados y que prolongan su actividad laboral más allá de los 65 años reciben un porcentaje de premio en su pensión por año adicional trabajado

b) Hay 8 regímenes especiales en la Seguridad Social con tratamiento preferencial respecto a la jubilación anticipada. Se trata de actividades catalogadas como penosas o peligrosas.

Lo curioso es que solo una de ellas (la actividad minería) aparece en los primeros lugares de las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales.

¿Ha pensado el legislador (y el Gobierno) que existen otras muchas actividades, que después de 40 años de trabajo son igualmente penosas y peligrosas, como, por ejemplo, personal sanitario, transportistas, cajeros/as de supermercados, construcción, cadenas de montaje y un largo etcétera? ¿se acuerda cuando salíamos a aplaudirles a las 20:00? ¿son capaces de ver cómo puede sentirse una persona trabajadora en esas y otras actividades, después de 40 años trabajando... y cotizando?

Estas personas son, de acuerdo con las estadísticas oficiales, las que sufren con mayor incidencia los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es lógico que, después de tantos años de trabajo, se sufran dolencias óseas, musculares, etc. 

Creo que algunos políticos están muy alejados de la realidad. Del día a día. Difícilmente saben lo que es trabajar desde los 14 o 15 años. Difícilmente entienden y valoran el esfuerzo de compaginar trabajo con estudios nocturnos. Difícilmente comprenden el cansancio físico y psíquico de tantos años de trabajo. Creo que muy pocos de los políticos actuales tienen esa experiencia y, en consecuencia, les queda muy lejos esa problemática.

Mi propuesta es que las personas con 40 o más años cotizados configuren el que sería el noveno régimen especial de la Seguridad Social y puedan jubilarse con pensión integra. Es de justicia. Se precisa acabar con la discriminación que sufren. Muy fácil, si hay voluntad política.

2.- Contributividad

El propio Pacto de Toledo, en su recomendación número 11, preconiza la contributividad en el sistema de Pensiones. Expone claramente que debe haber relación equilibrada entre esfuerzo (años de cotización) y prestación (pensión).

¿Qué ejemplo mejor para contributividad que haber cotizado durante 40 o más años debe implicar recibir la pensión integra? Eso es relación equilibrada. Está muy claro, ¿no?

¿Qué duda pueden tener al respecto?

En definitiva y como conclusión, la pensión debe venir determinada por los años de cotización y no por la edad de jubilación. 40 años de cotización debería garantizar recibir la pensión integra, sin reducción alguna.

Para consolidar más las cuentas de la Seguridad Social no debe centrarse en los recortes que anuncia, como único objetivo, el ministro Escrivá, con sus "tijeras de podar". Lo que debe hacerse es aumentar los ingresos. Medidas para disminuir el paro juvenil, el paro de mayores de 50 años, la temporalidad, solventar el problema de los falsos autónomos, la inoperancia del SEPE, aumentar los salarios irrisorios, destope de cotizaciones y un largo etcétera. Medidas que deben adoptarse desde el Ministerio de Trabajo. Lamentablemente, desglosar esos dos Ministerios se ha demostrado que ha sido un craso error.

Finalmente, desde su posición como Presidente del Gobierno, espero que sepa dar las directrices oportunas para que la enorme incertidumbre y desazón que está causando el ministro Escrivá en nuestro colectivo, con su política de difundir, por si mismo o por terceras personas, globos sonda y medias verdades, cese de inmediato. Está haciendo un gran daño a un colectivo especialmente sensible y muy castigado. Somos un colectivo ya de edad y, es por ello, que nuestro peor enemigo es el tiempo, por razones obvias que no precisan explicación. Necesitamos el justo reconocimiento del derecho a la pensión integra, gracias a la enorme contribución que hemos realizado con nuestro esfuerzo y trabajo por el crecimiento de este país. El esfuerzo se tiene que premiar y no penalizar. 

La legislación española referente a pensiones, como usted sabe, ha sufrido 3 varapalos enormes desde el Tribunal de Justicia Europeo, en el último año. Esas leyes tuvieron que modificarse ante el dictamen negativo del TJE por ser consideradas discriminatorias.

Espero, por el bien de la fiabilidad internacional en nuestra legislación, que la reivindicación de ASJUBI40 sea atendida, en primera instancia, por el Gobierno y no sean instancias internacionales las que tengan que imponer, una vez más, su cambio, para descrédito y vergüenza de nuestra legislación.

Para solucionar la reivindicación citada solo debe pensarse en tres palabras: DIGNIDAD, EQUIDAD y JUSTICIA. ¡Con ello es suficiente! Recuerde por favor, esas tres palabras. 

Le agradezco de antemano su respuesta a la presente carta pública y la resolución inmediata de una injusticia e indignidad que se prolonga demasiado tiempo.

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Luis Ortiga Giménez

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