Confinamiento, desescalada y mayores

Las personas de mayor edad comprendemos la necesidad del confinamiento motivado por la epidemia del COVID-19. Lo cumplimos con rigor, sabiendo que es necesario para proteger la salud de toda la población. Nos apena y conmueve la mortandad que provoca. Mostramos nuestra condolencia a las familias afectadas, en particular a las de compañeras y compañeros que no volveremos a ver. Agradecemos el esfuerzo que realiza el personal sanitario y de servicios para atender las necesidades de toda la ciudadanía. Nuestro sentir es común al del conjunto de la sociedad, deseamos que se nos trate con la misma consideración. La situación más luctuosa se da en residencias de mayores, por motivos que las autoridades sanitarias, políticas y judiciales tendrán que aclarar, enmendar y si es preciso sancionar. Esa elevada mortandad no puede servir como excusa para vulnerar los derechos de un amplio sector de la población. Basarse en el criterio de la edad para fijar medidas discriminatorias supone atentar contra los derechos humanos.

Se está valorando la posibilidad de impedir la libre circulación de personas de edad avanzada cuando llegue la desescalada. Sería una decisión coercitiva y arbitraria. Si los asesores de los gobiernos tienen posturas diferentes, significa que su opinión carece de evidencia científica. Confiemos en que las autoridades políticas y sanitarias no sigan el ejemplo de Buenos Aires, donde se restringe la salida a la calle a mayores de 70 años, mientras en Francia la “rebelión de las canas” ha obligado al gobierno a cancelar esa misma medida con 65 años. La edad tardía no es una enfermedad que cause la muerte. Forma parte del ciclo de la vida y existe una diferencia significativa entre edad cronológica y biológica. Los equipos médicos que atienden las UCI lo saben y actúan en consecuencia. No podemos admitir ni acatar ninguna de las múltiples formas de discriminación que se aplican en función de la edad. No es una medida de protección, es un comportamiento paternalista que vulnera derechos. Entenderíamos que si se aplica alguna prohibición hubiese personas que la incumpliesen por considerarla ilegítima. Se puede recomendar, nunca prohibir, menos reprimir. El sentido de la responsabilidad es la base de nuestro comportamiento.

Nos preocupa nuestra salud. También la de quienes nos rodean y atienden nuestras necesidades sanitarias y cotidianas. Las personas de mayor edad necesitamos más que nadie practicar ejercicio físico. Nuestro organismo lo reclama para poder mantener el tono muscular e incluso el equilibrio. La reclusión provoca estados depresivos, ansiedad y estrés, intensificando el insomnio tan común en personas de edad avanzada. Gente mayor practica de forma asidua actividades deportivas de resistencia, si se interrumpen a veces no es posible recuperar la forma física necesaria para continuar. En definitiva, reclamamos que cuando se suprima o alivie el aislamiento no haya restricciones en función de la edad. Exigimos que se nos trate como personas físicas con plenos derechos y deberes. Confiamos en que no será necesario promover una “rebelión de las canas”.