Demasiadas incertidumbres con la reforma de las pensiones

La reforma del sistema público de pensiones sobrevuela en el horizonte. Cada día que pasa la situación de la Seguridad Social se agrava, tanto a nivel financiero como demográfico. La situación es tan difícil que está generando serias fisuras dentro del gobierno de coalición, con ministros manteniendo abiertas desavenencias que no ayudan nada a mejorar la imagen de España en el exterior, sin una posición de unidad y determinación que la actual coyuntura exige.

Los objetivos que se propone alcanzar el Gobierno con las propuestas enviadas a Bruselas parecen a priori contradictorios: garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones de jubilación, adecuar la prestación a la contribución real del pensionista sin perder de vista la realidad laboral y la situación económica de cada momento y, además, garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. 

Ampliación del periodo de cómputo

Sin embargo, conseguir todos o casi todos estos objetivos, aunque es una tarea técnicamente posible moviendo muchas palancas, es en realidad extremadamente compleja. Sólo puede realizarse con un conjunto de medidas muy ambiciosas. Entre ellas, figura sin duda la ampliación del periodo de cómputo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, que está siendo actualmente el eje de la polémica entre los dos partidos de la coalición de gobierno. A pesar de algunas informaciones, el problema está lejos de resolverse.

El documento enviado a Bruselas como parte del plan de recuperación propuesto por el Gobierno español incluye finalmente la medida de ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Se abandona en teoría la idea de extender progresivamente ese cómputo, desde los 25 años a partir de 2022 hasta los 35 años de forma progresiva. No obstante, en términos muy indefinidos y abstractos el texto sí se refiere a la ampliación, pero sin cuantificarla.

Elección de los mejores años

En vez de definir un periodo, el documento del Gobierno se orienta a establecer diversas longitudes en función de situaciones concretas de los futuros jubilados y de la realidad laboral que hayan tenido, posiblemente favoreciendo la elección de los años a incluir en el cómputo. En todo caso, parece cada vez más claro que la futura reforma se encaminará a hacer más contributivo el sistema. Esto sin duda producirá una reducción de las pensiones medias, aunque los jubilados más perjudicados puedan en su caso acogerse a algunos complementos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Hay que recordar que el documento enviado por el gobierno a Bruselas es solo un texto programático y por tanto preliminar y genérico. Son compromisos que deberán ser revisados y valorados por las autoridades europeas, quienes más adelante podrán condicionar la entrega de los fondos de rescate de la economía española a la ejecución de las reformas. Por tanto, es prematuro extraer demasiadas conclusiones de esta sección del plan elaborado por el gobierno, porque será la Comisión Europea la que en última instancia sea la que dicte al gobierno las condiciones que han de ejecutarse sobre la maltrecha economía española para que se liberen los fondos. 

Fondos condicionados al cumplimiento de objetivos

No hay que olvidar que, aunque los fondos que va a percibir el Estado español son transferencias directas para inversiones y gasto no corriente, de conformidad con la regulación europea su entrega está condicionada al cumplimiento de objetivos macroeconómicos, entre los que figura la viabilidad del sistema público de pensiones. Un sistema que está seriamente comprometido debido a su insostenibilidad financiera. A ello hay que sumar el creciente desempleo, el aumento disparado del déficit público y los niveles alarmantes que está alcanzado el endeudamiento del Estado. 

Por tanto, parece razonable que en una comunidad de países como es la UE, en la que se ha mutualizado la deuda con la que se va a financiar los fondos de rescate de las economías más débiles y afectadas por la crisis de la pandemia, sean los países “acreedores” los que pongan condiciones a los países más deudores, como España, incluso cuando el importe de estas ayudas no tenga que devolverse porque no son préstamos. Por tanto, lo que van a exigir los países “acreedores” a través de las autoridades europeas es que países como España cumplan condiciones, sean más productivos y saneen sus finanzas públicas, haciendo las reformas estructurales que se requieran, entre la que figura la de poner solución a la insostenibilidad de su sistema público de pensiones.

Tesitura delicada

El Gobierno español se encuentra en una tesitura muy delicada y es patente el nerviosismo de varios de sus integrantes. Los líderes políticos del gobierno se encuentran ante un dilema que no admite demasiada ambigüedad ni más rodeos. Si el gobierno al final no promueve la reforma del sistema de pensiones o lo hace muy tibiamente para complacer de ese modo a un sector ideológico del gobierno, a los sindicatos y plataformas de jubilados, seguramente chocará de frente con las autoridades europeas. En este escenario podría peligrar la llegada de los deseados fondos europeos, que es lo que básicamente permitirá el rescate de la economía española a corto plazo, una economía hundida por la deficiente gestión sanitaria de la pandemia.

En sentido contrario, si el Gobierno en efecto realiza la reforma de las pensiones y consigue aprobarlas en el parlamento, plegándose a las directrices de las autoridades europeas, traicionará la confianza de una gran parte de los jubilados y la de aquellos trabajadores que se encuentran actualmente próximos a la edad de jubilación y que serán los más afectados. Ejecutando la reforma, el gobierno, y por tanto los partidos integrantes de la coalición, se verán muy comprometidos políticamente al traicionar también la confianza de sus respectivos votantes, aunque a cambio se perciban los fondos europeos.

Dilema de difícil solución

De momento, ante este dilema nos encontramos ahora en una fase de definición de la estrategia del Gobierno, en el que juegan factores que van más allá de la cuestión de fondo, como es el manejo de los tiempos y de la comunicación, la creación de la narrativa que justifique una u otra elección, la evolución de la demoscopia electoral y otros posibles e impredecibles giros del guion político. La polémica dentro del gobierno sobre los términos de la reforma de las pensiones de jubilación está provocando demasiada incertidumbre. Y esto es muy negativo a la hora de generar confianza en las autoridades europeas y en los inversores extranjeros que son quienes -lo queramos o no- van a fijar y revisar las condiciones del rescate de las finanzas públicas.

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Pablo Sanz es profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Pontificia de Comillas/ICADE