Desahucios, ocupaciones y nueva Ley de Vivienda

La cifra acumulada de desahucios practicados por los juzgados españoles entre 2001 y 2021 habla por sí sola: 2.338.363. A ellos habría que añadir otros 174.344 por ocupación ilegal que el CGPJ registra desde 2007. Los desahucios por impago del alquiler son los más frecuentes (56% del total) y representan un problema crónico de la sociedad española, con tendencia creciente a medida que el alquiler aumenta su peso en el parque de viviendas (alrededor de 50.000 anuales en la primera década del siglo y 70.000 en la segunda). Los desahucios por impago de hipoteca suponen el 37% y tuvieron su pico a raíz de la crisis de 2008, hasta alcanzar los 90.000 anuales, para remitir después pero siempre por encima de los 20.000. Por último, los desahucios por ocupación representan el 7% y en su mayoría son casos de familias previamente desahuciadas, es decir, son un efecto rebote de los dos primeros tipos de desahucio.  

Hay que destacar que el problema mayor actualmente son los desahucios de alquiler cuya causa fundamental son los bajos niveles salariales y de renta de muchos hogares que les impiden pagar las cuotas correspondientes. En cuanto a los desahucios por ocupación ilegal, existe un prejuicio muy extendido en la opinión pública al no distinguir entre ocupaciones por “allanamiento”, muy poco frecuentes y que no tienen justificación, y ocupaciones por “usurpación”. Las primeras tienen lugar cuando alguien entra sin permiso y con fuerza en una casa habitada (o segunda vivienda); en tales casos las penas son elevadas (hasta dos años de cárcel) y se resuelven con rapidez. En cambio, las ocupaciones por usurpación se dirigen habitualmente a casas vacías de entidades financieras y promotoras públicas o privadas; se consideran delito menor (penadas con multa) y los jueces resuelven con más lentitud haciendo valer en algunos casos el derecho a la vivienda de los inquilinos frente al derecho a la propiedad de las inmobiliarias.

Un reciente estudio de la cooperativa La Hidra (Barcelona, 2023) demuestra con datos del CIS que los “caseros” en España alquilan un promedio de 4,2 viviendas y que en Cataluña la cuarta parte del mercado de alquiler está en manos de “grandes tenedores” con una media de 42 casas alquiladas. El estudio llega a la conclusión de que “el mercado del alquiler trasfiere riqueza de los hogares de menos renta a los hogares de mayor renta y se ha convertido en una de las principales causas de empobrecimiento y de desigualdad entre la población”. 

La reciente Ley de Vivienda, en vigor desde el 26 de mayo de 2023, trata de salir al paso de los problemas apuntados mediante medidas como topar los precios de alquileres e hipotecas, promover parque público de alquiler social, prohibir la venta de vivienda pública al sector privado, recargar el IBI de viviendas vacías, etc. En cuanto a los desahucios, los grandes tenedores (caseros con más de 10 alquileres) tendrán que pasar por un procedimiento de conciliación con el inquilino antes de iniciar una demanda de desahucio, se ampliarán las prórrogas para familias vulnerables, etc. 

Un punto débil de la nueva ley es que su aplicación depende de las comunidades autónomas, mayoritariamente en manos de los partidos de derechas que votaron en contra de la ley en el parlamento. De hecho, dirigentes del Partido Popular ya han anunciado que la derogarán si llegan al poder al considerar que incluye “medidas intervencionistas contrarias a la libertad individual”. Resulta paradójico que la “católica” España de derechas defienda la libertad de los ricos para seguir su camino, como los sacerdotes y levitas de la parábola de Lucas que pasaron de largo ante el judío apaleado y sea la izquierda quien se detiene como el buen samaritano para atenderlo y curarlo.