Cuatro claves de la posible subida de cotizaciones

El Gobierno ha puesto sobre la mesa del diálogo social de las pensiones su intención de aumentar las cotizaciones sociales un 0,5% (afectaría a trabajadores y empresas) a partir de 2023 y durante un periodo de diez años, con el propósito de rellenar el Fondo de Reserva, conocido como la hucha de las pensiones. A falta de conocer los detalles de la propuesta, cabe hacer estas consideraciones:

El Factor de Sostenibilidad derogado tenía un efecto previsible que se acumulaba en el tiempo hasta alcanzar el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2050. Se trataba de un ajuste automático en función del aumento de la esperanza de vida. Ahora se sustituye parcialmente por otro que implica un aumento de cotizaciones durante diez años (equivalente a 1.700 millones de euros, es decir, un 0,14% del PIB de 2021) y demora a 2032 la adopción de medidas adicionales. Las medidas actualmente propuestas no podrán suponer en ningún caso más de 0,8% puntos del PIB en 2021, por debajo de la corrección prevista del Factor de Sostenibilidad derogado.

Para poner en contexto este aumento de cotizaciones durante la próxima década, los 1.700 millones al año (según cálculos del propio Ministerio de Inclusión y Seguridad Social) representan sólo un 6% de las transferencias previstas del Estado en 2022 para financiar el déficit del sistema, que ascienden a 28.243 millones. Este déficit de 2022 irá aumentando en los próximos años hasta tres puntos porcentuales adicionales de PIB en 2050 por la derogación del Índice de Revalorización de la Pensiones, que han pasado a revalorizarse en función del IPC.

Como mecanismo de equidad intergeneracional, la propuesta del Gobierno de aumentar las cotizaciones opta por financiar las pensiones de los baby boomers con aportaciones crecientes de las generaciones más jóvenes, sin coste en la pensión de los baby boomers, al menos hasta 2032, cuando se discutan medidas adicionales.

Además, la propuesta disminuye la contributividad del sistema (la aportación finalista no daría derecho a cobrar pensiones mayores), por lo que se opta por un pequeño impuesto distorsionador sobre la creación de empleo.