¿Reconstrucción del Sistema Nacional de Sanidad?

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un Plan de Acción para la Transformación del Sistema Nacional de Sanidad en la era post Covid-19, que trata de reforzar sus capacidades esenciales en la normalidad, mejorar de la eficiencia económica de la salud,  mejorar su papel de coordinación, anticiparse a los retos en el mundo global etc. El Plan ha creado gran inquietud entre los expertos sanitarios de diversas inclinaciones políticas y sociales.

Una primera preocupación, manifestada por el Sindicato CSIF y representantes del funcionariado público es el paso de la financiación de las Mutuas (Muface etc.), así como la gestión de sus pensiones a la Seguridad Social, en este último caso sin pasar por el Congreso ni discusión con los Sindicatos. ¿Significa que los funcionarios van a perder su libertad de elegir quién gestiona su sanidad, como hacen ahora el 84% del funcionariado que han optado por la sanidad privada?

El Plan de Acción habla de “mejorar el papel de coordinación del SNS”, cualquier persona entendería que se trata de coordinar los servicios centrales del Ministerio con la Consejerías de las Comunidades, coordinar los hospitales y especialistas con la atención primaria, coordinar los servicios sociales y los sanitarios y, por último, coordinar la sanidad pública con la privada. Colaboración entre las dos es lo que quieren el 70% de los consultados en la encuesta de Sigma Dos para IDIS.

Pero ha habido declaraciones de altos representantes de la Administración Central muy negativas en relación con la sanidad privada, que hay que añadir a lo previsto en el Plan de Acción.

La supresión de la desgravación de 500 euros a 3 millones de asegurados privados y la eliminación de la posibilidad de elegir por parte de casi dos millones de mutualistas, significaría la ruina de la sanidad privada, pero también el hundimiento financiero de la pública. El gasto mensual de los mutualistas es más 400 euros mensuales inferior al gasto público por asegurado, que tendría que ser absorbido por la pública, mientras que se considera que el ahorro por parte de los asegurados de la privada al sistema público es unos 5.000 millones de euros, que también recargarían el déficit financiero. Estas son las cosas difíciles de explicar a un Holandés o a un Nórdico -o a la mayoría de los españoles- y que tanto nos perjudica en estos momentos en Europa.

No importa que el SNS atraviese desde antes de la pandemia una crisis financiera, que hace que la lista de espera quirúrgica sea insoportable y atente contra un principio esencial de la sanidad pública, la accesibilidad. Gracias a la sanidad privada, que canaliza 30% de las intervenciones quirúrgicas, las listas de espera no estén todavía más colapsadas (para el 74,3% de los encuestados de Sigma Dos el que la lista de espera de las privadas sea razonable es uno de sus puntos fuertes).

En el año 1991 la Comisión Abril ya distinguió entre financiación y provisión. La esencia de una Sanidad Pública es que se financia con los impuestos de todos y sea universal, pero la provisión de los servicios, la gestión puede ser directa o privada. Y todo sería Sanidad Pública, aunque lo gestionara la privada, como pasa ahora en muchos hospitales, en los que los pacientes no distinguen si los gestores son públicos o privados…

No solo es eficiencia financiera y de gestión, libre de burocracia. La libertad de elección es estimulante siempre como la competencia, por ejemplo la emulación en la obtención de tecnología puntera que viene muchas veces de la mano de la iniciativa privada.

Hay más medidas que van contra lo privado, solo mencionaremos dos. Se habla de coartar a los médicos la libertad de trabajar en su tiempo libre para la sanidad privada. Exigir otra vez exclusividad en la pública. Si se cumple en su trabajo ¡qué manía de ir contra la libertad de la gente en su tiempo libre!

La segunda es que las empresas farmacéuticas no puedan intervenir en la formación ni ayuda a las organizaciones de pacientes. También aquí hay un ataque a la libertad de las organizaciones, que pueden ser molestas en la defensa de sus intereses, si no están controladas por las administraciones públicas.  ¿Se ha preguntado a las organizaciones de pacientes que es lo que opinan?

¿Estamos hablando de planes de reconstrucción o de deconstrucción?

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Eduardo Rodríguez Rovira es Presidente de Honor de CEOMA y Fundación Edad&Vida